"Uno de los principales problemas que sufren las víctimas, en España y en cualquier otro lugar, es el de tomar conciencia de que eso que están sufriendo es violencia", explica Santiago Boira, psicólogo y director del Máster de Género de la Universidad de Zaragoza. Eso tiende a darse con mayor intensidad en territorios y áreas donde, además de carecer de redes personales y normalmente como consecuencia de inercias culturales, "el entorno social dificulta la presentación de denuncias y los procesos de escape" de las mujeres al mismo tiempo que esa "presión social hace que en ocasiones estas puedan acabar naturalizando la situación de violencia hasta el punto de llegar a sentir culpabilidad" cuando se plantean romper con esa situación.

Pese a esas losas, las rupturas menudean en los casos en los que mujeres españolas sufren violencia machista en el extranjero: las embajadas y los consulados gestionaron el año pasado la repatriación de veinte mujeres y quince menores de edad víctimas de agresiones, según los datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que este fin de semana cerró el recuento final de las operaciones.

Esa labor se intensificó de una manera importante en las últimas semanas del año, ya que el propio Gobierno limitaba a dieciséis mujeres y nueve menores el balance, según indicó en su respuesta a una pregunta parlamentaria del senador malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia fechada a mediados de enero.

El de 2020 ha sido el primer ejercicio en el que Exteriores comenzó a contabilizar las repatriaciones "con el desglose concreto de los casos en que el motivo sea ser víctima de violencia contra la mujer", señala el Gobierno, que admite la dificultad para identificar los episodios en los que la ayuda consular genérica de repatriación, que los consulados pueden aprobar directamente cuando no excede de 200 euros, han tenido como beneficiaria a "una mujer española víctima de violencia a la que se ha asistido para que regrese a España".

Esos datos también avalan el criterio de Boira: la red consular atendió un total de 260 casos de violencia contra mujeres españolas perpetrados en otros países, lo que reduce a uno de cada trece los episodios en los que la agresión acaba derivando en el regreso. Algunos de esos expedientes se refieren a labores de seguimiento de la situación de la víctima, que pueden incluir la atención psicológica a distancia y que se prolongan durante varios años.

Un protocolo que apenas fue aplicado con Rajoy

"Frente a lo que defiende la ultraderecha, todos los datos desmienten a quienes defienden que no existe la violencia de género y pretenden invisibilizar a las víctimas y las terribles condiciones en las que éstas desarrollan su vida", señala el senador, que considera "incomprensible que no se disponga de datos sobre este apartado referido a años anteriores".

Heredia, que achaca esa situación a que "para el PP la lucha contra la violencia de género tampoco constituye una prioridad", recuerda datos como la congelación de la primera entrega de 120 millones de euros a comunidades y ayuntamientos a cuenta del Plan contra la Violencia de Género por el último Gobierno de Mariano Rajoy o su recorte de los efectivos policiales destinados a la protección de víctimas, medidas revertidas .

"No solo desatendió a mujeres, sino también a los hijos víctimas de la violencia de género", que también lo son, sostiene el senador, que califica como "de enorme importancia que se haya adoptado esta decisión para mujeres españolas víctimas de violencia de género que viven fuera de nuestro país".

Formalmente, el protocolo entre los ministerios de Exteriores y de Sanidad (hoy con esa competencia transferida a Igualdad) para la atención a las españolas víctimas de violencia de género en el extranjero data de octubre de 2015, aunque su aplicación, que incluye la difusión de los recursos que pueden prestar embajadas y consulados, no fue una de las prioridades del ejecutivo en sus primeros años de vigencia, con la cartera de Exteriores en manos de José Manuel García-Margallo.

Crece la violencia machista sobre españolas en el extranjero

El documento contempla, además de proteger y asistir a esas mujeres "de tal manera que no resulten discriminadas por su condición de extranjeras", actuaciones como "organizar y, cuando así proceda, adelantar el coste de la repatriación de la mujer y sus hijos e hijas víctimas de violencia de género, cuando la situación lo exija", lo que incluye la expedición de pasaportes o salvoconductos "en caso de caducidad, pérdida o sustracción de la documentación personal".

Junto con la atención psicológica en castellano y a distancia, el desarrollo de ese protocolo, cuyas actuaciones de repatriación se financian con cargo a la partida destinada a la protección de españoles en el extranjero, incluye desde hace tres meses un convenio con la Fundación Abogacía Española para asesorar a las mujeres en la preparación de su regreso y en sus primeros pasos tras la llegada.

Las embajadas y consulados llevan tres años, desde 2018, atendiendo a más de un centenar de mujeres españolas que han sido víctimas de distintos tipos de agresiones y conductas delictivas en países extranjeros, aunque esos datos incluyen todo tipo de episodios sin discriminar los legalmente considerados como violencia de género, en los que el atacante es la pareja o expareja de la agredida, o los ataques sexuales perpetrados por personas con las que no tenían vínculos.

Así, el número de mujeres atendidas por la red diplomática española fue de 121 en 2018 y había superado el centenar en noviembre de 2019, según explicó en mayo en el Congreso la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ya alertó de que esa red consular venía detectando un aumento en el número de casos de mujeres españoles que estaban sufriendo violencia de género en el extranjero durante la pandemia. Los datos de 2020 lo confirman.

Una pesadilla que no termina con el viaje de vuelta

Las situaciones de violencia de género en el extranjero incluyen una serie de particularidades que las hacen, si cabe, más intensas y de más compleja resolución que las que se producen en el ambiente ‘natural’ de la víctima; básicamente, por la inexistencia de redes de apoyo o por la menor consistencia de estas.

De entrada, explica Boira, "factores como la ausencia de autonomía económica y el miedo a la reacción del agresor complican la toma de decisiones" como en cualquier medio, a lo que a menudo se le suma la presión social y el temor al señalamiento. "Eso dificulta cualquier decisión, ya sea denunciar o irse, y a eso se le pueden sumar otras circunstancias como la existencia de hijos, el vínculo de estos con sus redes en el país donde se produce el maltrato y la posibilidad de que puedan ser utilizados como un medio de presión", añade.

Una vez dado el paso de romper y salir de ese país "la pesadilla no termina", anota, ya que "la integración es compleja. Se llega a un entorno social distinto, donde la mujer ha de rehacer su vida, construir sus redes y empoderarse, y eso no es sencillo ni fácil". En este sentido, añade el psicólogo, "resulta fundamental la existencia y el apoyo de redes institucionales, familiares e informales que puedan facilitar ese proceso de empoderamiento".