Operación de PP y Vox para controlar las fundaciones de Alcalá Zamora y del poeta Miguel Hernández
Protesta de la Asociación de Casas Museo de España y Portugal por la irrupción de los alcaldes de Priego (Córdoba) y Orihuela (Alacant) en la gestión de ambas entidades. El regidor cordobés veía una "provocación" exhibir la bandera tricolor.
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MADRID, Actualizado:
El Patronato Alcalá Zamora y la Fundación Miguel Hernández han sufrido días atrás graves alteraciones en su normal funcionamiento después de que los ayuntamientos de Priego (Córdoba) y Orihuela (Alacant) hayan irrumpido de forma brusca en sus órganos de gobierno en una controvertida operación de control político. El Ejecutivo local de Priego, localidad natal del presidente de la II República, se saltó los estatutos del Patronato Alcalá Zamora para imponer a un cargo político de confianza por encima de una junta directiva con casi tres décadas de experiencia en la gestión de uno de los centros de investigación de estudios republicanos más relevantes de España.
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La maniobra del alcalde popular Juan Ramón Valdivia fue respondida con la dimisión fulminante de todo el equipo de gestión, que entendió invadidas sus competencias y vulnerados los estatutos del Patronato. "Se ha atentado contra la autonomía de la entidad", denuncia Francisco Durán, ex director de la Casa Museo Alcalá Zamora y responsable del centro que custodia la memoria del primer presidente de la II República española. Con el apoyo de Vox, el regidor sacó adelante en febrero pasado las bases para el nombramiento de un director ejecutivo de los tres patronatos municipales, entre ellos el Alcalá Zamora, lo que, en opinión de Durán, transgrede el marco normativo de la entidad. "Se ha colocado a un puesto de confianza del alcalde", protesta el ya ex directivo, "y los estatutos dicen que no puede haber nadie asalariado para evitar el control político del Patronato".
Lo que el Ayuntamiento del PP quiere, según Durán, es darle un giro turístico a un centro de estudios republicanos que ha sido durante treinta años el epicentro de congresos, jornadas y eventos especializados en la materia. Junto con el director del Patronato han dimitido también el asesor histórico José Luis Casas y la totalidad del comité científico, integrado por reputados profesores universitarios de Andalucía y Extremadura, incluido el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.
Es la primera vez en la ya larga historia del Patronato que un Gobierno local de Priego colisiona de forma tan aparatosa con el equipo de gestión. En estos treinta años, el centro Alcalá Zamora ha trabajado con absoluta normalidad con ayuntamientos de distinto signo político, incluido el PP. De hecho, la anterior alcaldesa popular, María Luisa Ceballos, hoy secretaria general de la Consejería de Justicia, es la representante de la familia Alcalá Zamora en el Patronato.
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Juan Ramón Valdivia, sin embargo, ha protagonizado continuos choques con el centro de estudios. El alcalde de Priego, según denuncia Durán, se ha mostrado beligerante con el uso de la bandera tricolor, habitual en los actos de una entidad creada para homenajear la figura de un jefe de Estado de la II República. "Nos decía que estábamos provocando con la bandera y cuando venía al Patronato nos pedía que la quitáramos", explica Durán. "Su objetivo era descontextualizar la figura de Alcalá Zamora y convertir la Casa Museo en un centro turístico".
El ex director denuncia un "trato indigno" por parte del alcalde y tacha de "purga política" la neutralización del equipo directivo y su sometimiento al control de un cargo político de confianza. La decisión municipal cuenta, además, con la oposición de la familia Alcalá Zamora y de altos funcionarios del Consistorio. Uno de ellos, José Luis Ruiz Arjona, publicó días atrás una acerada carta abierta a María Luisa Ceballos, en la que denuncia que el alcalde pretende "despojar de todo contexto histórico" la figura de Alcalá Zamora y "enviarlo otra vez al exilio".
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En su misiva, el alto funcionario sostiene que Valdivia quiere convertir la Casa Museo en un "chiringuito turístico" y recuerda a la ex alcaldesa y representante de la familia Alcalá Zamora que tiene la "obligación legal, histórica y moral" de impedir que el presidente de la II República sufra después de muerto la "misma humillación" que padeció durante la dictadura de Franco. Niceto Alcalá Zamora falleció en el exilio argentino en 1949 y sus restos solo pudieron regresar a España una vez fallecido el general golpista, ya en 1979. Fueron inhumados en el cementerio de la Almudena en una ceremonia estrictamente familiar y sin honores de Estado por "presiones externas".
La Casa Museo Alcalá Zamora ha sido un centro de referencia historiográfico a nivel estatal muy valorado por todos los expertos en estudios republicanos. En sus tres décadas de vida ha promovido siete congresos en la materia y ha acogido innumerables conferencias, exposiciones y presentaciones de libros. Los historiadores más acreditados han sido asiduos visitantes del Patronato, que ha impulsado una ingente producción bibliográfica sobre la obra de Alcalá Zamora.
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La intromisión municipal en la gestión del Patronato prieguense ha recibido numerosas protestas públicas. Entre ellas, la protagonizada por la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores de España y Portugal. En un escrito difundido días atrás, la entidad manifestó su "desacuerdo" y "malestar" no solo por el caso del ex presidente republicano sino también por supuestas anomalías producidas en la Fundación Miguel Hernández de Orihuela.
"En ambos casos se incumple con los valores y principios legales que rigen el servicio público que se ofrece a la ciudadanía desde estas instituciones", indica el escrito de la Asociación de la Casas Museo. El director de la Fundación Miguel Hernández, Aitor Larrabide, un reputado especialista en la obra del poeta, fue destituido como consejero independiente de la sociedad municipal Orihuela Cultural, que gestiona los museos de la localidad y el Teatro Circo.
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El cese fue ordenado por el alcalde, en coordinación con el concejal de Cultura, Gabriel Montoya (Vox), después de que Larrabide y otros dos consejeros independientes se negaran a respaldar la programación presentada por el gerente de Orihuela Cultural y asesor de la formación ultraderechista. Los tres consejeros despedidos, titulares de una sólida trayectoria profesional, rechazaron la agenda cultural del Teatro Circo por su "baja calidad" y se opusieron a la contratación de Malú por su alto coste para las arcas de la sociedad pública.
El concejal de Cultura ya había protagonizado algunos choques con el director de la Fundación Miguel Hernández, sobre todo después de que Montoya no hubiera tramitado la ayuda municipal al Premio Internacional de Poesía que convoca cada daño la entidad. El Ayuntamiento es uno de los patronos de la Fundación Miguel Hernández. Tras su destitución, los consejeros tildaron de "torticeros" y "difamatorios" los argumentos esgrimidos por el equipo de Gobierno local y denunciaron la "mediocre programación" presentada por el gerente y asesor de Vox. "Nadie nos dijo que teníamos que acatar algún tipo de disciplina ideológica", declararon en su escrito.
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En lugar de los tres consejeros independientes, el Ayuntamiento nombró como sustitutos a dos nuevos representantes que habían figurado en las listas electorales de PP y Vox, así como a un estrecho amigo del alcalde. La Asociación de Casas Museo cree que se "vulneran las condiciones de acceso a las funciones directivas" de este tipo de entidades, "que han de optar por personal profesionalizado para poder hacer cumplir la legislación vigente en materia museística y patrimonial".
Esta información ha sido actualizada para corregir la ubicación de la localidad alicantina de Orihuela. Por error, el texto mencionaba que el municipio se encontraba en la provincia de Murcia.