SEVILLA.- Entre 2008 y 2009 hubo una contracción internacional del crédito interbancario, las empresas se reconocieron incapaces de asumir los costes de producción, dejaron de pagar a sus proveedores, y éstos a sus empleados, y se multiplicaron los expedientes de regulación de empleo hasta que las tasas de paro alcanzaron un máximo histórico. España tenía una economía muy dependiente de la deuda pública, del turismo y del ladrillo, de modo que sufrió más que otros países, y Andalucía sufrió más que otras comunidades.

El Gobierno central, forzado por la Comisión Europea, impuso estrictas medidas para la consolidación fiscal y para el control del déficit público, medidas que se tradujeron en brutales recortes del gasto que fueron a impactar, sobre todo, en las arcas de las autonomías, que son las que gestionan el 75% de las políticas más esenciales (y también más costosas) del Estado de Bienestar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. En este clima de asfixia financiera, los gobiernos autonómicos sufrieron el cerrojazo del crédito bancario, las entidades no podían seguir inyectando capital a las administraciones, y éstas sólo tenían dos salidas: recortar gasto o buscar alguna vía desesperada de ingresos.

Una de esas fórmulas desesperadas que el Gobierno de Andalucía puso en práctica se conoce con la expresión sale and lease back, aunque en 2010 muy pocos en el Parlamento autonómico habían oído hablar de ella. Se trataba de una operación financiera muy común en los países anglosajones que consiste en vender patrimonio público para después alquilárselo al comprador, lo cual permitiría a la Administración obtener liquidez inmediata sin necesidad de tener que desalojar sus inmuebles. En 2010, la Junta de Andalucía anunció por primera vez la operación de venta y posterior alquiler de 75 sedes, distribuidas por las ocho provincias, con objeto de “mejorar la gestión y explotación de sus edificios administrativos e implementar una mayor racionalización del gasto público”. El muro con el que se estrelló aquella estrategia desde el principio fue la imposibilidad de introducir en el mercado aquellos inmuebles por el precio que pedía la Junta, de ahí que progresivamente la Administración autonómica fuera rebajando el valor de sus sedes.

La primera vez que el Gobierno andaluz incluyó en los presupuestos autonómicos el dinero que esperaba ingresar de aquella operación de venta y posterior alquiler de sus sedes fue en 2011. Hacienda intentó dar salida a todos los edificios en un mismo lote por un precio total de 676 millones de euros, un dinero que se consignó en los presupuestos de 2011, pero que nunca llegó a ingresarse. La oferta quedó desierta, nadie compró. Aun así, el Gobierno andaluz volvió a consignar el dinero previsto por la venta y alquiler de estos inmuebles en el presupuesto de 2012, de 2013 y de 2014, aunque para entones el valor total de las sedes se había reducido más de la mitad del precio original: unos 300 millones de euros consignados en el ejercicio presupuestario de 2014, que es el que ha usado como referencia la Cámara de Cuentas en su informe.

En la práctica, esta operación nunca dio los beneficios esperados, lo cual no impidió que la Junta contara con ese dinero fantasma a la hora de dibujar los presupuestos y asignarlo a partidas concretas. Como los presupuestos no se ejecutaron en su totalidad (Hacienda adelantó el cierre del ejercicio presupuestario en 2011 y 2012), nadie echó de menos lo que se hubiera podido hacer con los ingresos estimados por aquella fallida operación.

La Consejería de Hacienda siempre ha sido reticente a aclarar las cifras reales de estas operaciones, hasta que recientemente la Cámara de Cuentas, órgano que fiscaliza el uso del dinero público, ha revelado en un informe que una de las últimas operaciones de venta y posterior alquiler de 70 oficinas de la Junta (por un periodo de 20 años) generará una perdida global de 131,7 millones de euros para las arcas públicas a lo largo del periodo de vigencia del contrato. El acuerdo al que alude el órgano fiscalizador se cerró a finales de 2014, cuando la Consejería de Hacienda logró, tras cuatro licitaciones desiertas, adjudicárselo al fondo estadounidense WP Carey por 300 millones de euros.

El traspaso incluía 70 edificios, la mayoría sedes de oficinas, incluida el antiguo espacio de Canal Sur en el municipio de San Juan de Aznalfarache, con un aparcamiento de mil plazas. Tal y como denunció en su momento la oposición en el Parlamento, las pérdidas se explican por el “excesivamente bajo precio de adjudicación” que ofreció la Junta, que no compensa los ingresos inmediatos que ésta obtuvo, por muchos problemas de tesorería que padeciera en ese momento. “Los inmuebles debieron venderse por 377,4 millones de euros para compensar los flujos de caja estimados en el periodo de arrendamiento”, reza el informe.

El departamento de María Jesús Montero defiende “la legalidad y la utilidad” de la operación, a pesar del citado informe, porque permitió al Ejecutivo andaluz cerrar el ejercicio de 2014 con un déficit y una deuda pública inferior a la media de las comunidades autónomas, “a pesar de que aquel año recibió 1.079 millones de euros menos por la mala aplicación del modelo de financiación autonómica”. También los gobiernos de Madrid y Catalunya buscaron liquidez inmediata con la misma operación, pero según la Junta obtuvieron peores condiciones.

Para cifrar esos 131 millones de euros en pérdidas, la Cámara de Cuentas ha utilizado como base una tasa de descuento del 3,89%, que era el tipo medio de deuda a largo plazo al que se acogió la Junta en 2014 (la rentabilidad estimada por el inversor alcanzará el 7,87% anual). El contrato de licitación de los edificios recogía que la renta anual (23,6 millones sin IVA en 2014) se actualizaría según el IPC de octubre, pero nunca por debajo del 1,5% como tope máximo. Sin embargo, en 2016 la inflación fue negativa (-0,7%), y aun así la renta se actualizó a ese 1,5% pactado. La Cámara de Cuentas calcula que cuando finalice el periodo de vigencia del contrato, la renta se disparará hasta los 31,3 millones de euros anuales sin IVA, y el Ejecutivo andaluz habrá pagado a su arrendador 545,7 millones de euros.

Además la Junta tendrá que pagar 114,6 millones de euros en 20 años por el IVA satisfecho por el alquiler (siempre que se mantenga en los tipos actuales hasta que expire el acuerdo). No obstante, el informe también advierte de que en el periodo de vigencia de la licitación, la Junta se ahorrará 43,8 millones por no tener que pagar el IBI, los seguros y gastos de mantenimiento de los inmuebles, que dependen ahora del fondo inmobiliario WP Carey. En total, el saldo positivo para la Junta asciende a 407,1 millones de euros, si se le suma el ahorro de otros conceptos impositivos (liquidación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por la escritura de la operación; devolución del 50% del IVA por el modelo de financiación autonómica…).

Cuando transcurran los 20 años del periodo de adjudicación, el Ejecutivo andaluz puede volver a comprar sus sedes, pero no tendrá derecho de compra preferente porque computaría como deuda de cara al objetivo de déficit.