MADRID.- Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente catalán, admitirá mañana en su declaración en la Audiencia Nacional que cobró varios millones de euros en negro por intermediar en una operación de compraventa de oficinas del Banco Santander, pero añadirá que ya ha regularizado el dinero con Hacienda.

Según han informado fuentes jurídicas, la defensa de mañana del benjamín de los Pujol por un delito de blanqueo se centrará en que el dinero que cobró por intermediar en la operación celebrada en 2007 (unos 2,5 millones de euros) lo ocultó en su momento mediante una estructura societaria internacional, pero que luego hizo dos regularizaciones fiscales, una de ellas en 2012, y está así al tanto con Hacienda.

Su declaración se producirá después de que este miércoles hayan comparecido, también como imputados de blanqueo, los empresarios Javier de la Rosa (hijo del empresario catalán del mismo nombre) y José María Villalonga padre e hijo, que han desvinculado todos a Pujol de la operación afirmando que de él no partió la idea de defraudar, sino que fue de su exsocio Luis Iglesias.

Los empresarios (también estaba citada Gabriela de la Rosa, hermana de Javier, pero no ha contestado a las preguntas del juez) han afirmado que Pujol no intervino en la operación, por la que todos ellos cobraron comisiones de 11,5 millones de euros que luego se repartieron y ocultaron al fisco.

Los otros tres investigados -José María y José Luis Villalonga y Javier de la Rosa- han admitido que cobraron estas comisiones junto a Oleguer Pujol, cobros que se realizaron a través de una estructura opaca en Holanda y que regularizaron después con Hacienda antes de estar imputados en esta causa.

Villalonga buscaba clientes para el Santander desde hace 30 años y, a través de Javier de la Rosa, contactó con Luis Iglesias, exsocio de Oleguer en el fondo Drago Capital, en el que el hijo pequeño de Pujol metió 200.000 euros que tenía en Andorra.

La creación de la estructura empresarial opaca en Holanda la atribuyen a Iglesias, que era jefe de Oleguer y ya no está imputado en esta causa, aunque es investigado por un juzgado de Madrid por delito fiscal.

El acuerdo se firmó el 8 de febrero de 2008, poco después de que Drago Capital cerrara la compra de los inmuebles del Santander.