Tras la salida de Junts, el nuevo Govern arrancará formalmente este martes, con la celebración del primer consejo ejecutivo en el que participarán los siete nuevos consellers. Todos ellos tendrán que hacer una adaptación acelerada al cargo, un hecho para el que no deberían tener grandes dificultades dada la amplia experiencia política e institucional que tienen la mayoría de ellos. Con un apoyo parlamentario reducido –solo tiene garantizados los 33 diputados de ERC–, la versión 2.0 del Govern de Pere Aragonès necesita ponerse en marcha rápidamente para silenciar parte de las críticas, tirar adelante algunos de los proyectos emblemáticos del presidente y, de pasada, alejar el fantasma de una convocatoria electoral a corto plazo. Resistir y acercarse al final del mandato será, por sí solo, uno de sus retos.

Entre los nuevos integrantes de la Generalitat hay tres que ya habían sido consejeros –Quim Nadal dirigió Política Territorial i Obres Públiques durante los siete años de ambos gobiernos tripartitos; Meritxell Serret estuvo cerca de dos años al frente de Agricultura; e, incluso, Manel Balcells ocupó durante tres semanas la cartera de Universitats en el 2006–; Natàlia Mas aterriza en Economia, un departamento donde ya había sido alto cargo; mientras que Juli Fernández acumula bagaje como alcalde –de Sabadell–, diputado en el Parlament y delegado del Govern en Barcelona, y Carles Campuzano se pasó más de dos décadas en el Congreso como diputado. Gemma Ubasart, exsecretaria general de Podem, es la única que se estrena en un cargo de ese nivel, ya que hasta ahora solo había sido concejala de su municipio, Castellar del Vallès. Repasamos algunos de los grandes retos de la Generalitat a corto plazo.

Presupuestos primordiales para afrontar el contexto económico

La aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el próximo año es el principal reto a corto plazo del nuevo Govern. Si lo logra, prácticamente se puede decir que se garantizará un año de cierta estabilidad y habría dado un paso de gigante para completar una legislatura que en principio debería finalizar en invierno del 2025. Si las cuentas no salen adelante, sin embargo, la situación se complica y el futuro del ejecutivo puede verse comprometido, pese a la insistencia de Aragonès y la cúpula de ERC en negar cualquier tentación de convocar elecciones en breve.

Terminar los presupuestos no debería ser problemático, dado que en gran parte ya los dejó hilvanados Jaume Giró, hasta el viernes conseller de Economia, y ahora se está a la espera de que cada departamento detalle sus peticiones para acabar de cerrarlo los. Sin embargo, una vez el Govern los valide, el gran reto y la gran dificultad será obtener los apoyos parlamentarios que permitan su aprobación definitiva. De entrada, parece impensable que Junts se avenga a ello, pese a que las cuentas tengan la marca de uno de las suyos, Jaume Giró. Y los llamamientos del presidente de ERC, Oriol Junqueras, a que los aprueben no apunta a que tengan que tener mucho recorrido.

Sin embargo, ERC y En Comú Podem suman 41 diputados, una cifra claramente insuficiente para aprobar las cuentas, incluso en caso de que el PSC se abstenga. Los socialistas ya hace semanas que se ofrecen para negociarlos –lo han vuelto a hacer este lunes, tras la reunión de su ejecutiva para analizar el nuevo escenario político catalán–, pero de momento ERC veta a los socialistas catalanes como vía para alcanzar el semáforo en verde en las cuentas. En este contexto se explican las palabras de algunos dirigentes de ERC, como la consellera de la Presidència y de facto, número dos del Govern, Laura Vilagrà, contemplando la opción de una prórroga presupuestaria.

¿Problema? Si se optase por esta vía no se podría aprovechar los más de 3.000 millones en los que crecería el próximo año el techo de gasto de la Generalitat y el incremento de cualquier partida debería pasar por la aprobación del Parlament, un trámite que puede ser especialmente complicado teniendo en cuenta que los 33 diputados de ERC quedan muy lejos de la mayoría absoluta de la cámara, que es de 68. Y la ampliación del presupuesto público es evidente que puede ser una buena herramienta para llevar a cabo políticas que atenúen un año previsiblemente complicado para buena parte de la población dada la combinación de crisis energética e inflación elevada. De hecho, con unos presupuestos expansivos ERC lo tendría bastante más fácil para dejar su huella en el Govern y sufrir un menor desgaste electoral.

Materializar avances en la mesa de diálogo

Apuesta estratégica de ERC, la mesa de diálogo entre gobiernos debería registrar novedades antes de finalizar el año. En principio, el espacio para abordar el conflicto político catalán entre la Generalitat y el Gobierno debería tener una nueva reunión antes de que entremos en 2023 y, además, en este plazo debería verse cómo se materializa la desjudicialización de la política, uno de los grandes acuerdos esbozados en el último encuentro de la mesa, en julio.

Teniendo en cuenta que Junts per Catalunya ya no participaba en la mesa de diálogo, después de rechazar que solo pudieran asistir a ella integrantes del ejecutivo, a nivel práctico la composición del organismo cambia poco. Precisamente, el hecho de que esté lejos de ser un espacio en el que se estén negociando cuestiones como la autodeterminación y la amnistía es uno de los principales argumentos utilizados por Junts para justificar su salida del Govern.

Atención primaria, renta básica y energética pública

Más allá de los presupuestos y las políticas para abordar la crisis económica y el diálogo sobre el conflicto político, el Govern también tiene como reto pisar el acelerador en algunos proyectos emblemáticos de la legislatura, como la puesta en marcha de la energética pública o del plan piloto de la renta básica universal, dos cuestiones que aparecían ya en el acuerdo entre la CUP y ERC para investir a Aragonès.

La semana pasada el Govern ya aprobó la creación de L'Energètica, que será la empresa pública de energía y que generará energía renovable a través del autoconsumo en edificios e infraestructuras públicas. La energía generada se suministrará a la Generalitat y a los organismos que dependen de ella. Sin embargo, todavía falta que La Energética empiece a caminar. El despliegue de las renovables en todo el territorio es otro de los grandes retos en este ámbito, que de momento no se ha resuelto con la aprobación del decreto específico de hace casi un año.

En cuanto a la renta básica universal, la previsión es que el plan piloto arranque en enero del próximo año. Beneficiará a 5.000 ciudadanos que recibirán una cantidad que rondará los 800 euros mensuales. La mejora de la sanidad pública y, en especial, el incremento de la inversión en la atención primaria son otras cuestiones teóricamente fundamentales para este gobierno y que, al menos en parte, también pueden verse condicionada por la aprobación de los nuevos presupuestos.