Una nueva asociación de derechas, Concordia Real Española, ha presentado una denuncia contra políticos y periodistas ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por injuriar a Juan Carlos I, Felipe VI y contra la institución de la monarquía tras la difusión de supuestos cobros millonarios y de la existencia de una fortuna oculta en el extranjero por parte del emérito revelado por su ex amante Corinna Larsen.

La denuncia ha sido interpuesta contra el vicepresidente de la Generalitat catalana Pere Aragonès -que llamó "organización criminal" a los Borbones-; Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, por acusar a la monarquía española de corrupción; Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, así como contra la periodista Cristina Fallarás, colaboradora de Público y tertuliana de Cuatro, y el bloguero Miguel Sánchez.

La denuncia se dirige contra todos ellos por el supuesto delito de injurias al rey, que está castigado con penas de seis meses hasta dos años de prisión (artículo 490.3 del Código Penal).

Sostienen los denunciantes que las declaraciones realizadas por todos ellos son graves, indignas y atentatorias contra la institución y a la persona que la encarna, de tal manera que no estarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión al superar el límite de la mera crítica.

Esta denuncia no tiene visos de prosperar de manera inicial, no en vano la Fiscalía archivó en 2019 todas las denuncias por injurias a la corona que recibió. Fueron seis en total, en aplicación de la nueva jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En 2018, el TEDH condenó a España a indemnizar a dos personas que habían sido condenadas por quemar fotografías del rey en una protesta en Girona.
El TEDH entiende que las manifestaciones contra la corona carecen de relevancia penal porque las enmarca en el ámbito de la crítica política y no personal de la institución de la monarquía. Por esta razón, en sus sentencias hace primar la libertad de expresión, un derecho fundamental que sólo puede ser limitado de forma muy excepcional ante una necesidad social imperiosa, por ejemplo.

El pasado abril, senadores de ERC y Bildu presentaron una proposición de ley para despenalizar el delito de injurias al rey contemplado en el Código Penal (Ley Orgánica Ley Orgánica 10/1995). Esta iniciativa legislativa ha pasado al Congreso.

Concordia Real Española fue inscrita el pasado 31 de julio y está presidida por Atocha Alós, historiadora y ex gerente de la Fundación para la conservación de Casas Históricas.

Esta nueva asociación se presenta como un movimiento de la sociedad civil que nace para defender el legado de Juan Carlos I, la Transición democrática y los valores que encarna la monarquía.

Su portavoz es el periodista Alfredo Urdaci, vinculado a Intereconomía, quien ha declarado que la izquierda de Podemos intenta llevar a España a la Tercera República con sus críticas a la legitimidad de la Transición y del sistema que establece la Constitución.

La junta directiva de Concordia Real Española está formada, además de por su presidenta, por Mariana Gasset, ejecutiva en una editorial; Mariana Pita da Veiga Zaforteza, economista y de conocida familia monárquica; Borja Márquez, economista, y Augusto de Castañeda, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio de Madrid.