Desde que Carlos Lesmes dimitió en octubre de 2022 como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a que PP y PSOE no llegaban a un acuerdo para la renovación del órgano del gobierno de los jueces, se ha asentado en el Consejo una pugna ideológica e institucional de difícil superación.

La separación en bloques nunca estuvo tan presente como ahora. El bloque conservador cuenta con diez vocales, y el progresista, con ocho. Pero desde finales del año pasado, cuando se produjo la crisis provocada por la renovación del Tribunal Constitucional, la pugna ideológica ha dado paso a una especie de insurrección con la que un pequeño núcleo del sector conservador no oculta su campaña para lograr el desgaste del Gobierno de coalición, coincidiendo así con la estrategia del PP.  

Se trata de tres vocales conservadores, indican algunas fuentes del CGPJ, o de cinco a lo sumo, dicen otras. Su comportamiento al filtrar datos sobre las rebajas provocadas por la ley del solo sí es sí o incluso al reunirse con europarlamentarias "sin avisar previamente" al resto del Consejo para dar su visión catastrofista de los efectos de la ley les convierte de facto en un reducto del propio CGPJ con un objetivo claro: criticar al Gobierno.

Las rebajas de condenas a 721 delincuentes sexuales y las 74 excarcelaciones por haber cumplido los violadores las penas antes de tiempo son el punto flaco  del Gobierno a las puertas de la primera cita electoral de 2023. Este argumento va a ser estirado por el PP y por este grupúsculo del CGPJ todo lo posible, apuntan fuentes del CGPJ. 

Estas fuentes consideran que el núcleo duro del sector conservador obedece a una estrategia coordinada con el PP. Estos vocales fueron nombrados a propuesta del Partido Popular. No todos los vocales conservadores comparten esta campaña "tan evidente" de sus compañeros, dicen otras fuentes, que apuestan por "no perder las formas" y mantener una imagen institucional.

Este núcleo duro forma parte del grupo conservador que bloqueó hasta el final la renovación del Tribunal Constitucional. Se les llegó a llamar los vocales porque a sabiendas de que el CGPJ vulneraba la ley al no respetar el plazo máximo de tres meses para que el Consejo designara a dos candidatos impuso la demora.

El 27 de diciembre de 2022 por fin hubo consenso en el CGPJ y se eligió a María Luisa Segoviano y a César Tolosa como candidatos para el TC, una propuesta del sector conservador que no contaba con triunfar, pero una jugada de los progresistas al renunciar a su candidato, José Manuel Bandrés, hizo posible que una magistrada progresista, Segoviano, sumara a los efectivos de dicho sector en el TC, siendo ahora mayoría.

Incumpliendo órdenes del presidente

El núcleo conservador aprovechó el acuerdo del pleno del CGPJ instado por la vocal conservadora Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, con el fin de recabar de las audiencias provinciales y los tribunales superiores de Justicia los datos sobre las rebajas de condenas por la ley del solo sí es sí  para ponerse al frente de los datos provisionales e ir informando de ellos cuando aún no estaban todos los datos disponibles. Según ha podido saber este diario, el presidente suplente del Consejo, Rafael Mozo, había ordenado no usar esos datos hasta que no estuvieran completamente analizados y todos los tribunales los hubieran aportado. 

El actual CGPJ lleva desde diciembre de 2018 con el mandato caducado. Los vocales fueron elegidos en diciembre de 2013. En el Consejo dan por hecho que existe un "hartazgo" y un "desgaste" muy acentuados, según indican fuentes del CGPJ. 

Este pequeño núcleo dentro del sector conservador ha ido oponiéndose a todo lo que se proponía desde la comisión permanente, que es el órgano ejecutivo del Consejo. Por ejemplo, un texto en el que se instaba al Parlamento a proveer lo necesario para la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial y, en caso de no producirse esta, a devolver al órgano de gobierno de los jueces la competencia para efectuar nombramientos discrecionales. 

Esta propuesta trataba de solventar las 19 las plazas vacantes en estos momentos en el Supremo, de una plantilla de 79 magistrados. Se estima que las salas de lo Social y lo Contencioso dicten 1.230 sentencias menos este 2023.

A última hora, el sector duro impulsó un texto alternativo para votar, contando a su favor con el vocal Enrique Lucas, propuesto por el PNV y que hasta entonces había sumado su voto al de las filas progresistas, quien secundó la presentación de la propuesta. Proponían que se pudieran cubrir algunas bajas en el Tribunal Supremo sin necesidad de cambiar la ley que lo impide. 

Esta propuesta lanzada por sorpresa vino a dividir completamente el pleno y finalmente ninguna de las iniciativas logró la mayoría suficiente. 

Reunión a espaldas del Consejo

Pero la puntilla del desencuentro en el seno del CGPJ fue el encuentro de dos vocales conservadoras, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, con eurodiputadas de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo a mediados de febrero. 

Según fuentes conocedoras de lo que las vocales Carmona y Llombart trasladaron a las eurodiputadas, a estas se les explicó "el efecto irremediable de la retroactividad favorable y que la nueva reforma de la ley solo producirá efecto a futuro". También se les contó los reparos que en su día se plasmaron en el informe del CGPJ en relación con la ley trans y que "la sobreprotección del colectivo trans se había planteado en términos tales que pueden perjudicar los derechos de las mujeres". 

Estas dos vocales transmitieron a las europarlamentarias que "hay pendientes al menos unas 4.000 sentencias revisables por la ley del solo sí es sí, lo que llevará su tiempo porque se están examinando las sentencias de presos con riesgo de excarcelación inminente", según las citadas fuentes. Esas 4.000 sentencias corresponden al número de condenas por delitos sexuales en nuestro país, aunque no todas son susceptibles de rebajas y de las cuales una parte ya han sido revisadas por los diversos tribunales y audiencias provinciales. 

La actuación de Carmona y Llombart ha sido fuertemente criticada por la mayoría de los vocales, ya que consideran que se han "extralimitado" en sus funciones y que no les corresponde a ellas hacer ese tipo de valoraciones con tanta implicación política". 

No era esta la primera vez que vocales conservadores van por libre y por su cuenta contactan con instituciones europeas. El pasado mes de enero, remitieron una carta a la Comisión Europea en la que criticaban fuertemente al Gobierno español por la no renovación del CGPJ y por la derogación de la sedición. Se desmarcaban del cauce oficial establecido para la elaboración del informe anual sobre el Estado de derecho en la UE. Es el formulario oficial que cumplimenta la comisión permanente del CGPJ el modo habitual de responder a la Comisión, pero estos vocales presentaron por su cuenta unas "respuestas complementarias". 

Es una manera, dicen fuentes del Consejo, de favorecer los postulados y estrategias del PP en una campaña electoral en la que prácticamente ya se ha entrado de lleno.