La pareja de Ayuso demanda a María Jesús Montero ante el Supremo y le pide 40.000 euros
La querella se centra en unas declaraciones realizadas por la vicepresidenta durante una sesión de control en el Senado, donde dijo que Isabel Díaz Ayuso podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".
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madrid, Actualizado:
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha demandado ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor y le reclama por ello 40.000 euros.
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Según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, González Amador ha optado por acudir al Supremo después de que Montero no acudiese el pasado 2 de octubre al acto de conciliación, convocado en un juzgado madrileño tras la demanda que interpuso en relación a unas declaraciones de la ministra relativas al presunto delito fiscal cometido por éste.
La demanda se centra en concreto a las declaraciones realizadas por Montero el 12 marzo y el 3, 23 y 24 octubre de este año, según las fuentes consultadas. En concreto, González Amador anunció esta querella por las palabras que pronunció Montero durante una sesión de control en el Senado, donde dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".
La vicepresidenta primera hizo estas declaraciones en referencia a las informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja.
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La defensa de González Amador anunció entonces varias demandas contra Montero por intromisión al honor y por revelación de secretos tras conocerse algunos de sus datos fiscales (ya descartadas), además de otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda en el que reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.