Si no hay acuerdo, PP y PSOE propondrán "hasta tres nombres" de magistradas para que los vocales elijan a su presidenta

Las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar el  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, han entrado en el pantanoso terreno de la presidencia del órgano constitucional. Y aunque ambos partidos parece que tienen claro que esta vez tiene que estar una magistrada al frente del gobierno de los jueces, no hay todavía un nombre de consenso. Por eso, se ha aparcado la negociación hasta el próximo lunes, informan fuentes cercanas. 

Estas mismas fuentes indican que de no alcanzar un acuerdo sobre el nombre de una magistrada para presidir el CGPJ, PP y PSOE propondrán "hasta tres nombres"  a los vocales elegidos, para que sean ellos, como establece la legislación, quienes elijan, mediante votación, a su presidenta durante los siguientes cinco años. Esto constituiría un diferencia enorme respecto a cómo se ha estado renovando el CGPJ, ya que siempre se le ha aportado a los vocales un nombre ya pactado. Así sucedió en 2013, cuando el PP y el PSOE eligieron a Carlos Lesmes, aunque en el Consejo se realizó la votación pertinente entre dos candidatos, como establece la Ley: Pilar Teso y Lemes, quien ganó. Esta forma de proceder disgusta a la mayor parte de la carrera judicial, que denuncia una injerencia política "impropia" de la democracia, y sobre la cual la Unión Europea lleva tiempo advirtiendo a España.

Entre los nombres con más posibilidades de hacerse con la plaza figuran los de cuatro magistradas del Tribunal Supremo: Pilar Teso, Lourdes Arastey, Clara Martínez de Careaga y Ana Ferrer. También suena Encarnación Roca, actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional.

En los últimos días se han ido conociendo varios nombres para ocupar las doce plazas de vocales del CGPJ del turno de jueces; todo ellos aparecen en una lista de cincuenta magistrados y magistradas que el Consejo remitió a las Cortes en septiembre de 2018, de cara a la renovación en plazo que tocaba ejecutar en diciembre de ese año. En esa lista están los jueces que se postularon para vocal del CGPJ y que lograron el aval de una de las tres asociaciones judiciales o que presentaron su candidatura avalados por 25 miembros de la carrera judicial. En noviembre de ese año, PSOE y PP pactaron los doce nombres, pero la filtración de un chat del senador Ignació Cosidó congratulándose de que con el acuerdo alcanzado para nombrar al magistrado Manuel Marchena presidente del CGPJ el PP controlaría la Sala Segunda del Supremo "por detrás" provocó un escándalo que bloqueó la renovación del CGPJ. 

En esa lista aparece la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha sido vetada ahora, como ya lo fue en ese proceso anterior en 2018. También ha vuelto a ser rechazado por el PP el magistrado José Ricardo de Prada, el juez que redactó la parte de la sentencia de la Gürtel sobre la caja B del PP, que derivó en la moción de censura a Mariano Rajoy. Ambos eran los candidatos propuestos por Podemos.

Para sustituirlos, el PSOE ha propuesto, con la aceptación del PP, a José María Fernández Seijo e Ignacio Espinosa. El primero, miembro de la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, fue el juez que declaró nulas las cláusulas hipotecarias por considerarlas abusivas. Espinosa, por su parte, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

De la lista de 50 magistrados y magistradas, el pacto de 2018 había elegido como vocales a los magistrados Ángel Arozamena, progresista, y José Antonio Montero, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Y ahora estos dos nombres han vuelto a lograr consenso, según informan a Público fuentes conocedoras.

Por parte del Partido Popular, entre sus propuestas, aceptadas por los socialistas, están la magistrada Gema Espinosa, que logró reunir algo más de 300 avales en 2018 para un puesto de vocal en el CGPJ; y Alejandro Abascal, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, a las órdenes de Manuel García-Castellón, que investiga el grueso de causas que afectan al PP en estos momentos.