MADRID.- Son sus tareas del día, escritas a mano por Francisco Nicolás Gómez Iglesias en el verano de 2013. Es jueves 20 de junio e incorpora a sus deberes varios negocios que han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado y en medios de comunicación. Se ve con capacidad de tener acceso a ellos, puesto que ese día salieron obras de otras administraciones públicas en el BOE por las que no se interesó.

En concreto llama la atención la anotación de “Ministerio del Interior. División Económica y Técnica (CNP) 9/10 M”. Ese 20 de junio el BOE publicaba este anuncio para el mantenimiento de los inmuebles policiales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Madrid, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife por un valor total de 9.149.843,18 euros. Y anunciaba otros en el complejo de Canillas y El Escorial fuera de este contrato.

Esta anotación adquiere relevancia después de que el juzgado de instrucción número 26 de Madrid imputara ayer a cinco funcionarios de la División Económica y Técnica de la Policía por adjudicar obras a cambio de comisiones. Los imputados son el jefe del departamento, el arquitecto Luis Losa Sánchez, que lleva más de 20 años en el cargo; su mujer; Santiago Herrador, arquitecto laboral contratado del mismo departamento; Gonzalo Riaño, también arquitecto contratado; y un quinto aún por identificar. Se les acusa de los posibles delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.

Por la Unidad de Asuntos Internos que lleva las diligencias de estos hechos desde 2012 han pasado más de una treintena de funcionarios y se investiga a los jefes de la División Económica y Técnica a lo largo de diferentes gobiernos.

Contratos sin publicitar

Ese montante de más de 9 millones de euros que apunta Nicolás no fue adjudicado a una sola empresa. Tal y como puso en conocimiento del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) un anónimo mediante un escrito que sirvió de denuncia ante la fiscalía anticorrupción, la forma de conceder estas obras era con pequeños concursos sin publicitar. Y aunque la denuncia es de 2012, parece que durante 2013 y 2014 esta práctica continúa.

Debido a la Ley de Contratos del Sector Público, argumentaba el denunciante, “la elevación de las cuantías de los contratos menores a 50.000 euros y a 200.000, los negociados sin publicidad han producido una continua adjudicación indiscriminada, fraccionando el gasto de obras mayores en una repetida adjudicación de contratos menores a una misma empresa” y “siempre a las mismas empresas afines”.

Dos de las empresas que ya en 2012 aparecían reflejadas en la denuncia, Segipsa y Seranco, tendrían vinculación con el pequeño Nicolás. El nombre de Segipsa aparece en los papeles del presunto estafador que obran en el sumario. Respecto a la segunda, un mes después de esta anotación en los papeles a los que ha tenido acceso Público, Seranco S.A. obtenía uno de estos contratos de menos de 200.000 euros.

La sociedad encabezada por Marcos Somoza se hacía el 19 de agosto de 2013 con “Obras de reforma de aseos en dormitorios en el bloque de residencia n.º 8 en el Centro de Formación de Ávila”, por un valor de 152.700,49 euros. En octubre de ese año fue cesado el Jefe de la División de Coordinación Económica y Técnica, Ildefonso Escalero Simón. Pero Seranco ha seguido llevándose obras. En marzo de 2014 también se llevó por 174.752,00 euros la rehabilitación del aparcamiento exterior del Área de Automoción en El Escorial. Y en la actualidad está haciendo otra en el complejo policial de Canillas, precisamente las dos adjudicaciones que se anunciaban pero fuera del contrato de 9 millones. Todas son otorgadas por la División Técnica y Económica de la Policía.

La relación entre Nicolás y Marcos Somoza está vinculada al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, donde Seranco también es habitual adjudicatario de obras sin anuncio. Allí Nicolás tiene estrechas relaciones con el alcalde, Antonio González Terol; con el jefe de los servicios jurídicos (que ha sido su abogado, como desveló Público, sin tener la compatibilidad concedida), Jesús Martín Vázquez; así como con el teniente alcalde y con otros concejales que apoyaron junto a él la candidatura de Álvaro Ballarín en Moncloa Aravaca. En lo que va de 2015 se han llevado al menos tres obras sin concurso y otras tantas durante 2014.

El exabogado de Nicolás también lo es de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que agrupa a los mandos del instituto armado. Seranco también es un habitual contratante de obras sin publicitar de este cuerpo policial. Por ejemplo, recientemente ha hecho la remodelación de tres garitas de la valla de Melilla.

En estos momentos Seranco se encuentra denunciada por estafa por sospechosas adjudicaciones en Azuqueca de Henares, junto con el alcalde y dos técnicos.

Doce millones de Ana Botella

Ese 20 de junio también se publicitó en el BOE la apertura del tramo de ADIF de Santander a Torrelavega, empresa estatal con la que Nicolás mantuvo reuniones por diferentes licencias. También quiso que el expresidente Enrique Verdeguer fuera el vicepresidente de su empresa de seguridad ferroviaria, de la que ha dado noticia Público.

El último de sus proyectos tenía que ver con diferentes adjudicaciones del Ayuntamiento de Madrid, en concreto de la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, que también fueron publicadas ese día en el BOE. Sin embargo, la suma de las obras publicitadas no alcanza los 12 millones que él anota. En este caso apunta el nombre de una persona al lado: la alcaldesa Ana Botella.

La Asociación Unificada de la Policía Municipal pidió ayer al juzgado de instrucción número 2, que instruye el caso Nicolay, que impute al concejal del distrito de Chamartín por proporcionarle recursos a Nicolás y contactos que pudieron servirle en sus reuniones con ADIF y en sus negociados con los negocios de la estación. Su portavoz, Carlos Bahón, al ser informado por Público de esta anotación, anuncia que pedirá a Arturo Zamarriego que “investigue esos documentos y su relación con la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, así como su aclaración judicial por si hubiera algún ilícito penal”.

García Legaz

Quizá los más anecdótico de las tareas que tiene anotadas para ese día Nicolás están las referidas a Jaime García Legaz, el secretario de Estado de Comercio y gran amigo. “Jaime. Proponga otra solución. Situación Problema. Yo pienso otra”. Y también, parece que referido a Legaz: “O encontramos una solución los dos o no hay proyecto”.

Ayer también, la Asociación Unificada de la Policía Municipal pidió al juzgado que declarara García Legaz en el caso para que aclare la representación no oficial que Nicolás ejercía de la secretaría de Estado de Comercio, sus reuniones con empresarios organizadas a petición del veinteañero y las anotaciones al lado de la cifra de 20.000 que aparecen en el sumario.

Además, se ha solicitado la declaración de Carlos García Revenga, por ser la persona que informó a Nicolás de que tenía el teléfono pinchado y que sería detenido.