Entre el negocio y los derechos humanos: el "doble rasero" de España en las exportaciones de material antidisturbios

Las cargas policiales en países tan distantes como Perú o Túnez tienen algo en común. En cada uno de esos lugares, los agentes disponen de cartuchos lacrimógenos enviados desde España. No en vano, esos tres estados figuran entre los principales clientes de los fabricantes españoles. Hay, además, otro punto de conexión: ni en un caso ni en otro la Junta Interministerial que analiza el comercio de armamento consideró que esos elementos represivos podrían emplearse para vulnerar los derechos humanos.

Las coincidencias no terminan ahí. En Perú hay muertos por las cargas policiales con gas lacrimógeno que se registraron en noviembre pasado. En Túnez también: en este último caso, Amnistía Internacional reclamaba hace escasos días que se investigase la muerte de un joven que fue golpeado a corta distancia por un bote lacrimógeno lanzado por la Policía. En ambos países había manifestaciones ciudadanas que fueron reprimidas bajo un humo irrespirable.

A este lado del Atlántico, ese humo que ahoga a manifestantes sinónimo de dinero. De mucho dinero. Entre 2010 y 2017, la Policía peruana compró a fabricantes españoles varias partidas de "botes de gas lacrimógeno", "artificios de luz y sonido" o "cartuchos lacrimógenos" por un importe global que alcanza los 8.932.911 euros.

Según consta en distintos informes del ministerio de Comercio, durante ese periodo hubo exportaciones anuales a Perú de ese tipo de material para sus Antidisturbios. En noviembre pasado, al calor de los graves incidentes registrados en ese país, Amnistía Internacional solicitó al Gobierno español que cancelase ese tipo de exportaciones al mencionado país latinoamericano. 

Únicamente Túnez supera a Perú en los millones pagados desde 2010 para recibir cartuchos lacrimógenos españoles: sus autoridades desembolsaron en 10 años un total de 10.727.529 euros a cambio de ese material antidisturbios. 

Miembros de la Policía de Túnez durante las protestas registradas en enero pasado. — Zoubeir Souissi / REUTERS

"Las autoridades deben dar a las Fuerzas de Seguridad instrucciones de que no usen el gas lacrimógeno indiscriminadamente", reclamó públicamente Amnistía Internacional el pasado 28 de enero, cuando ya se conocía que un joven había muerto y otro se encontraba herido a causa de la utilización de ese producto por parte de la Policía tunecina.

A veces sí, a veces no

Las denuncias de AI sobre la represión interna en Túnez no han sido de momento suficientes para que España pusiera freno a ese comercio, algo que la JIMMDU sí ha hecho en otros casos alegando, precisamente, la falta de garantías por parte de los compradores.

De acuerdo a los informes anuales sobre comercio de armas, las autoridades españolas han esgrimido la "situación interna" del país al que se destinarían los materiales o el "respeto a los derechos humanos" para vetar distintas solicitudes.

Uno de los casos más paradójicos se registró en 2013. Ese año, el Gobierno de Mariano Rajoy autorizó una "donación" de cartuchos lacrimógenos a Egipto, que vivía una grave crisis que desembocó en el golpe de estado de julio de ese año. Del mismo modo, el Ejecutivo denegó el envío de pistolas y suspendió una autorización de exportación de material antidisturbios y repuestos para ametralladoras por la "situación interna" del país. 

Al año siguiente, mientras autorizaba la venta a Libia de "bocachas, postas de goa, cartuchos lacrimógenos y esposas metálicas" por 697.440 euros, la JIMMDU denegaba la venta de "una máquina de electroerosión" a Rusia por "riesgo de desvío a programas de proliferación nuclear y de misiles". 

También en 2014, el Gobierno de Rajoy presumía de haberse adelantado "a la mayoría de los países de la Unión Europea en la posible imposición de medidas" a Venezuela. De esa manera, La Moncloa ordenó la suspensión de 15 licencias de materiales antidisturbios a Caracas. Al mismo tiempo, facilitó otra venta a Túnez de "botes lacrimógenos, artificios de luz y sonido y vehículos antidisturbios con dos cañones de agua cada uno" por 2.878.058 euros. 

El Ejecutivo autorizó esos negocios pese a distintas denuncias formuladas por los organismos de derechos humanos sobre la represión interna en ese país africano. "Varias personas presentes en algunas de las manifestaciones celebradas en los dos últimos años en Túnez y que aseguran haber sufrido violencia policial han contado a Amnistía Internacional que no presentaron denuncia porque no confiaban en el procedimiento establecido, pues es la propia Policía la que investiga las denuncias contra sus miembros", había advertido esa organización internacional en noviembre de 2013, cuando denunció la muerte de un joven en comisaría.

Camiones para Omán

El comercio de material destinado a la represión interna también ha incluido la venta de camiones antidisturbios con cañón de agua y cisterna para el Sultanato de Omán. En un informe publicado en agosto pasado, Amnistía Internacional advirtió que el Gobierno de ese país "rechazó las recomendaciones de investigar los casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y poner en práctica las recomendaciones del relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación". Los camiones antidisturbios que España le vendió en 2017 alcanzaron un valor de 4.381.471 euros.