Negociaciones con la Iglesia El Gobierno encuentra una respuesta constructiva del Vaticano para revisar el IBI y las inmatriculaciones

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha mostrado su satisfacción por la respuesta "constructiva" que recibió del Vaticano en materia de cambio del régimen fiscal de la Iglesia Católica en España así como con las inmatriculaciones de bienes inmuebles, con voluntad por parte de la Santa Sede, según ha señalado, de cooperar conjuntamente con el Gobierno en la revisión de estas materias.

Lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que crearán un grupo de trabajo para tratar temas fiscales, como el pago del IBI de los bienes inmuebles de la Iglesia, del que ahora está exenta. "Encontré una respuesta absolutamente constructiva que vamos a materializar en grupos de trabajo comunes", ha concretado.

"Le trasladé una preocupación del Gobierno de España para encontrar una salida que permita a la Iglesia tributar en las condiciones en las que la Iglesia católica tributa en otros países. Le trasladé que nos parecía que la formula italiana nos parecía interesante", ha señalado Calvo.

A su juicio, el Ejecutivo no puede tener "una pieza disonante e incoherente" en el marco de su revisión de la política fiscal, que tiene que ver con de los impuestos de una institución tan importante que "dispone de tantos inmuebles y recursos" en España.

Para Calvo, al cardenal Parolin le pareció "absolutamente coherente" su planteamiento, que es "completamente necesario" por parte de la Iglesia católica ponerse a trabajar en esta dimensión. En este sentido, ha explicado que el criterio actual podría mantenerse en los espacios dedicados al culto, pero no en otros espacios o actividades donde la Iglesia Católica debe ayudar al Estado del Bienestar, a la igualdad, a los servicios públicos y a los derechos".

"Estamos verdaderamente satisfechos por ello y esperamos que podamos encontrar una salida lógica y necesaria", ha añadido. En la misma línea, ha asegurado que trasladó al cardenal la necesidad de reflexionar sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, especialmente, desde la vía implantada por el Gobierno del José María Aznar que, a juicio del Ejecutivo de Sánchez es "discutiblemente" constitucional.

"Encontré una respuesta constructiva de trabajo común en la que pudiéramos hacer una revisión de esta circunstancia que para este gobierno es también extraordinariamente importante", ha asegurado.

Además, ha añadido que hay "singularidades" en las que habrá que hacer un capítulo aparte para intentar "salidas positivas" que, respetando los monumentos y el culto, den también cauce a las aspiraciones legítimas de los ciudadanos y del patrimonio.