La negociación de la izquierda para el 23J coge velocidad tras superar los primeros baches

Cuando Pedro Sánchez anunció que adelantaba las elecciones generales al 23 de julio, algunas voces apuntaron a que esto jugaría a favor de la unidad de la izquierda transformadora: sin apenas tiempo para negociar, las conversaciones llegarían a buen puerto por inercia y el pacto estaría cerrado en días. Ya han pasado ocho desde que los principales dirigentes de Sumar, Podemos, Más País, Compromís y el resto de formaciones avanzaron que trabajaban en un acuerdo de coalición que todavía no ha llegado, aunque los avances se producen.

El ímpetu con el que arrancó esta negociación trasladó la sensación de que aunar voluntad y necesidad era suficiente, y se comenzó a fraguar el relato de un "acuerdo exprés", en tiempo récord, vertiginoso. Tras la primera semana de conversaciones, la reflexión que se abre paso es que lo que no se pudo cerrar en dos años no será fácil de cerrar en 10 o 12 días.

Sin embargo, este es el escenario en el que se mueven, y por eso en los últimos días se ha abierto paso el formato de reuniones maratonianas (hasta 16 horas) contra el reloj necesarias para desbloquear el acuerdo en un tiempo récord. Pese a este ritmo, no todos los actores involucrados tienen las mismas sensaciones sobre el avance de las negociaciones; mientras algunos consideran que el pacto está muy cerca, otros trasladan que, a su juicio, se han frenado en los últimos días.

Durante la semana pasada las conversaciones se centraron en tratar de estructurar la propia negociación: un debate sobre abrir una mesa de todos los partidos para dialogar, o abrir una mesa en la que Sumar se sentaría con cada una de las fuerzas por separado y Yolanda Díaz asumiría el rol de montadora del puzle de la nueva izquierda con cada una de las piezas que le van dando.

A día de hoy ya se han producido contactos y reuniones tanto bilaterales (entre Sumar y los partidos, de uno en uno) como multilaterales (entre todas las fuerzas, incluida Sumar, a la vez), y las materias abordadas ya van más allá de definir el perfil de la propia negociación. Hasta el pasado viernes, por ejemplo, algunas fuentes del espacio apuntaban a que apenas se había hablado sobre listas electorales, una cuestión central que representa un obstáculo a la hora de ensamblar los intereses de todos los partidos.

Movilizar al electorado que no votó en el 28M

Este lunes, el panorama era algo distinto. Ya se negocia, por ejemplo, cuáles serán los puestos de salida que cope cada formación política y cuáles serán los elegidos para las primeras posiciones de la lista más importante (por número de diputados y por opciones de tener representación tras el 23J), la de Madrid. Sobre todo después de que dirigentes como Alberto Garzón o Ada Colau anunciasen que no concurrirían en ninguna lista electoral a los comicios generales.

Desde Podemos ya avisan de que "cada minuto que no llegamos a un acuerdo es un tiempo valioso perdido", y en la formación morada detectan una desaceleración en una negociación que, al menos al principio, imaginaron más veloz. Uno de los principales objetivos de esta eventual coalición de izquierdas es el de movilizar al electorado progresista que no acudió a votar en las pasadas municipales y autonómicas. El análisis que se hace es el de que cuanto más dure una negociación dedicada a la interna de este espacio, menos capacidad movilizadora (y tiempo) tendrá la coalición.

En todo caso, las conversaciones tienen varias fechas límites. Desde Sumar aspiran a que el asunto se pueda resolver antes del próximo jueves; algunas formaciones insisten en que el objetivo es el de no repetir una imagen como la de las autonómicas en Andalucía, pero en el equipo de la vicepresidenta no gusta esta referencia y rechazan el concepto de "pacto a la andaluza". Además, en ese caso las conversaciones duraron mucho más y, aún así, el acuerdo se llevó al límite con fatales consecuencias.

La fecha legalmente establecida como último plazo para registrar coaliciones es la del viernes 9. No apurar el tiempo no sólo responde a una cuestión de formas o a un intento de evitar un acuerdo de mínimos sobre la bocina: la idea es que algunos partidos puedan someter el hipotético pacto al refrendo de sus militancias (formaciones como Podemos lo tienen comprometido en sus estatutos), y cualquier proceso participativo requiere de una mínima organización que no puede prepararse en apenas unas horas. 

La negociación sigue su curso con una velocidad que a algunos actores les parece lenta desde la óptica del lunes 29 de mayo (cuando algunos dirigentes apuntaron a un "trabajo que está ya muy avanzado"), pero que responde a las mismas dificultades que han hecho imposible el acuerdo en los últimos dos años. Quedan 48 horas clave (si el objetivo es evitar el acuerdo sobre la bocina) o cuatro días (si se atiende  al fecha legal de registro de coaliciones electorales) para ver su resultado final.