Negociación para la investidura El PSOE dice que no cabe un referéndum en Catalunya y plantea subir impuestos a la banca

Bajo el título de Propuesta abierta para un programa común progresista, el PSOE hizo público este martes un documento con 370 medidas con las que pretende llegar a un acuerdo con Unidas Podemos y otras fuerzas políticas, que permitan la investidura de Pedro Sánchez.

En 75 páginas, el PSOE aborda un compendio de temas que conformarán la columna vertebral de su acción política, que van desde la búsqueda del empleo digno, una agenda feminista, la mejora de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción, la emergencia climática, etcétera...

Las medidas propuestas en el documento incluyen las que ya llevaba el PSOE en su programa electoral para el 28-A, algunas surgidas de las reuniones que ha celebrado Pedro Sánchez con los distintos colectivos sociales a lo largo del mes de agosto, y parte de las que Unidas Podemos planteó en la última propuesta que presentó a los socialistas. Sobre estás últimas, fuentes socialistas no precisaron ni cuántas ni cuales medidas son. No obstante, subrayaron que el documento es abierto y se podrían incorporar nuevas propuestas.

Destaca en el documento que, por primera vez, el PSOE se posiciona claramente en contra de un referéndum de autodeterminación en Catalunya, y afirma en el texto que en su modelo territorial, “no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que, desde la perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad” dicen en la propuesta.

Ese "no" expreso al referéndum no aparecía como tal en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones, aunque sí dejaban claro en el documento con el que se presentaron el 28 de abril que "ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 CE, puede construirse el futuro".

Además, el PSOE cree que hay margen para elevar la recaudación tributaria, sobre todo a las grandes empresas y a sectores económico que, en su opinión, están infra gravados. Así, entre otras medidas, plantea un impuesto de transacciones financieras que gravará con el 0,2% las operaciones de compra de las acciones españolas. Igualmente, se plantea la reforma del Impuesto de Sociedades, para garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliará hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

También en materia fiscal, contempla reducir el IVA al 10% en el caso de los servicios veterinarios, se compromete a promover el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo, y vuelve a plantear el impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google).

En materia de Igualdad, destaca la propuesta de establecer una matrícula universitaria gratuita para mujeres en carreras científicas que tenga menos de un 30% de matriculaciones.

En materia de empleo, el PSOE vuelve a plantear la modificación, con "carácter de urgencia", de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 (ampliar la ultraactividad de los convenios, revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, reducir la dualidad entre temporales e indefinidos y reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial), y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Además, el PSOE se compromete en el documento a "blindar" en la Constitución el sistema público de pensiones, a eliminar el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones (cuya entrada en vigor fue aplazada hasta el año 2022), y a también eliminar el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limita la subida a un máximo del 0,25% en situaciones de déficit de la Seguridad Social, y se compromete a actualizarlas con el "IPC real".

Sobre vivienda, el documento del PSOE se compromete a "frenar las subidas abusivas del alquiler" (estudiando nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia), y a impulsar nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas.