MURCIA.- Murcia no es Valencia, ni Madrid. Pero, en lo que a corrupción se refiere, se parece mucho. 35 municipios de los 45 que componen la Región están o han estado inmersos en investigaciones judiciales, procesos y condenas por “asuntos relacionados con la corrupción urbanística” o delitos ambientales. Todos, menos dos, atañen a regidores del Partido Popular. En primera línea, aparece el actual presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, pendiente de la instrucción del “caso Auditorio” por el que puede terminar finalmente imputado.

Que algo más de las tres cuartas partes de los ayuntamientos murcianos estén o hayan estado involucrados en investigaciones por supuesta corrupción es algo escandaloso para Emilio Ivars, portavoz del PSOE regional, recopilador de la lista. Sin embargo, los representantes murcianos de la formación de Mariano Rajoy continúan gozando de una amplia complicidad social después de 21 años de gobierno y, así, siguieron siendo los más votados en las últimas elecciones autonómicas, aunque sin mayoría absoluta. Esta última circunstancia ha propiciado la creación de tres comisiones de investigación en la Asamblea Regional, dado que los “populares” tienen solo 22 escaños frente a los 23 de la oposición: 13, PSOE; seis, Podemos; y cuatro, Ciudadanos.

El PP mantiene el Gobierno gracias a los votos de los diputados de Ciudadanos, pero el partido de Albert Rivera apoyó con PSOE y Podemos las comisiones parlamentarias de investigación sobre asuntos que la Fiscalía y los jueces investigan desde hace años por delitos relacionados con la corrupción: el Auditorio de Puerto Lumbreras, donde era alcalde el actual presidente “popular” Pedro Antonio Sánchez; la construcción por la concesionaria Aeromur (Sacyr y empresas locales) del nuevo aeropuerto sin aviones de Corvera, terminado desde 2010 y sin funcionar; y la realización de una desaladora en Escombreras (Puerto Lumbreras) donde un entramado societario encabezado por la ACS de Florentino Pérez ha causado graves problemas a la hacienda regional.

Esos tres asuntos no son sino “la punta del iceberg”, –en palabras de Óscar Urralburu, portavoz regional de Podemos–, de una situación de asuntos judiciales sobre corrupción, la mayoría sin resolver en los tribunales, acumulados por los “populares” murcianos desde su primera victoria electoral en 1995.

La parte más visible y llamativa de ese iceberg es el “caso Auditorio”, sobre el municipio de Puerto Lumbreras en el que, siendo alcalde el actual presidente regional Pedro Antonio Sánchez, se proyectó un auditorio en 5,9 millones de euros; se recibió una subvención del gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel de seis millones; y, finalmente, el ayuntamiento encabezado por Sánchez recepcionó la obra sin terminar, lo que provocó una denuncia de los concejales del PSOE a la Fiscalía regional.

Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Región de Murcia desde 1995 hasta 2014. EFE

El ministerio público abrió diligencias y pidió un peritaje profesional sobre la realización de la obra que estableció que estaba, efectivamente, sin acabar y faltarían otros dos millones y medio de euros para ponerla en funcionamiento.

Ahí sigue la carcasa vacía del auditorio mientras el presidente regional espera que una magistrada de Lorca dictamine, probablemente en unas semanas según fuentes jurídicas personadas en el caso, si pueden existir los cuatro presuntos delitos apreciados por el Fiscal General de la Comunidad Autónoma en las actuaciones de Pedro Antonio Sánchez como alcalde que fue de Puerto Lumbreras: delito continuado de prevaricación; malversación de caudales públicos; fraude contra la Administración y falsedad en documento oficial.

El asunto, además de controversia política y social, dada la personalidad del posible imputado, también provocó rifirrafes judiciales entre la Fiscalía y la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia, dirigida por el actual presidente del organismo, Miguel Pasqual del Riquelme, cuando decidió inhibirse y enviar el asunto al juzgado de Lorca, partido judicial en el que se inscribe Puerto Lumbreras, con la protesta del fiscal, el voto particular en contra de uno de los magistrados, Manuel Abadía, y el favorable de Enrique Quiñonero.

A esas tácticas, consideradas dilatorias por fuentes jurídicas, están acostumbrados los murcianos. Veintiocho años después de que se abrieran diligencias, en 1998, tras una denuncia de Izquierda Unida por contaminación del río Segura en el municipio de Alcantarilla, el juez ha ordenado la apertura de juicio oral a los implicados, encabezados por el alcalde “popular” del pueblo hasta las pasadas elecciones, Lázaro Mellado. La ineficiencia de los juzgados, ayudada por los palos en las ruedas procesales interpuestas por expertos abogados penalistas, vienen retrasando ad infinitum la resolución de los casos.

Otro ejemplo: a los 13 años de instrucción por presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, fraude, y falsedad ideológica en el Ayuntamiento de San Javier (Mar Menor), el fiscal anticorrupción regional, Juan Pablo Lozano, se ha visto obligado a aplicar la atenuante de “dilaciones indebidas” por lo que solo pide pena de año y medio de cárcel para el principal acusado, el exalcalde “popular” José Hernández.

Entremedias queda aún sin resolver toda una treintena de instrucciones judiciales, como la que implica desde 2006 al ex alcalde de Murcia y ex secretario regional del PP Miguel Ángel Cámara, por supuestos y posibles delitos relacionados con la corrupción. La resolución que adopte la magistrada lorquina sobre el caso del presidente regional Pedro Antonio Sánchez marcará, sin duda, un hito. Para bien o para mal.