El móvil del presidente del Parlament, Roger Torrent, fue objetivo de un programa espía en 2019, que bajo el nombre de Pegasus lo atacó a través de un fallo de seguridad de WhatsApp, que abrió la puerta a la instalación del programa en el teléfono.

Este programa espía fue desarrollado por la compañía israelí NSO y según El País y The Guardian, el ataque se realizó a Torrent y a 1.400 móviles en el mundo, siendo 130 representantes de la sociedad civil. 

Fuentes cercanas han explicado a Europa Press que este programa espía solo se vende a Gobiernos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para combatir el crimen y el terrorismo. Un dato que el propio NSO explica en su página web: "NSO crea tecnología que ayuda a las agencias gubernamentales a prevenir e investigar el terrorismo y la delincuencia".

Citizen Lab, un grupo de ciberseguridad de la Munk School ubicado en la Universidad de Toronto, ha investigado el ataque masivo después de que WhatsApp le facilitara los números espiados por el programa desarrollado NSO.

El grupo de ciberseguridad ha indicado que el programa Pegasus se instaló en el dispositivo del presidente del Parlament a través de una llamada perdida de vídeo, la cual no requería respuesta, para asaltar los teléfonos móviles.

La aplicación espía permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y activar por control remoto la cámara y el micrófono de los dispositivos.

El presidente del Parlament ha explicado que notó problemas en su móvil, como la desaparición de mensajes de Whatsapp, un síntoma que los investigadores indican como consecuencia de haber sido hackeado. "Notaba cosas extrañas. Se me borraban mensajes de WhatsApp y los historiales de las conversaciones. A la gente de mi entorno no le pasaba", ha explicado Torrent a El País.

Aunque los investigadores no han determinado el origen sí han explicado que es usado por Gobiernos, una información que ha llevado a Roger Torrent a acusar al "Estado español" de la infección con Pegasus.

Ante estas acusaciones un portavoz del Ejecutivo ha negado tener constancia de que Torrent fuese "objeto de un hackeo". Asimismo, un portavoz del CNI ha recordado que las acciones del servicio secreto están supervisadas por un magistrado del Tribunal Supremo.

Scott-Railton, investigador de Citizen Lab, aclara que, "es posible confirmar que el teléfono fue objetivo de Pegasus. Sin embargo, sería necesaria una investigación adicional para saber si fue hackeado. No hay ningún motivo para pensar que no fue así".

Según el abogado de Anna Gabriel, Olivier Peter, la exdiputada de la CUP también fue víctima de Pegasus. Gabriel se fue a Suiza en 2018 para no declarar delante del Tribunal Supremo, que la investigaba por rebelión, malversación y sedición durante el referéndum del 1 de octubre.

Según su abogado, la exdiputada recibió una notificación de Whatsapp que le informaba que su móvil podría haber sido espiado.  

Torrent anuncia medidas legales contra el Gobierno

Tras la acusación que ha hecho el presidente del Parlament contra el Gobierno, Torrent ha anunciado que llevará a cabo "todas las acciones políticas y legales que sean necesarias".

"Llegaremos hasta el final para que se aclare la verdad. Llegaremos hasta el final para que se aclare este caso", ha expresado en una declaración institucional tras conocerse esta información confirmada por Europa Press.

Para el presidente de la Cámara catalana este caso demuestra que en el Estado español "practica el espionaje contra los adversarios políticos" algo que, ha añadido "degrada la democracia del Estado", por lo que ha llamado al conjunto de los demócratas a preocuparse por ello y al Gobierno a depurar responsabilidades.

Torrent ha recordado que desde la institución han reiterado que en España se persigue la disidencia política y ha subrayado que su antecesora, Carme Forcadell, —como otros políticos independentistas— está en la cárcel "por permitir a los catalanes decidir su futuro".

Por eso, en alocución al Ejecutivo central ha preguntado: "¿Qué opinión tiene sobre este caso de espionaje político? ¿Qué opina de que un presidente de un parlamento sea espiado?".

Para Torrent si el Gobierno central tenía conocimiento de estos hechos, sería cómplice; de lo contrario, demostraría un síntoma "muy preocupante de negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales".

Ha alertado de que el hecho de que se hayan escuchado y registrado conversaciones con otros líderes políticos, sindicales económicos, compañeros de partido o representantes internacionales, "pone en riesgo" sus derechos fundamentales.

"Sabíamos de la existencia de prácticas ilegales llevadas a cabo contra el independentismo, pero hoy disponemos de pruebas fehacientes que lo demuestran", ha añadido.

En ese sentido, se ha mostrado disconforme con que el Gobierno central se reivindique como "el más progresista de la historia" y le ha advertido de que no se puede permitir que prácticas de este tipo queden impunes.