Un juez de Cornellà (Barcelona) ha citado a declarar como investigados para este diciembre a siete miembros de la cúpula de los Mossos d'Esquadra, entre ellos el exjefe del cuerpo Ferran López, por un delito de desobediencia, por su supuesta pasividad al impedir el referéndum del 1-O.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellà acuerda esas imputaciones, después de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazara asumir la causa por desobediencia que el magistrado le remitió, para que la uniera a la investigación sobre el mayor Josep Lluís Trapero.

Entre los investigados figura el adjunto de la Prefectura de Mossos d'Esquadra Ferran López, que sustituyó a Trapero como jefe de la policía catalana cuando éste fue destituido por la activación del artículo 155 de la Constitución, así como el jefe de la Comisaría de Superior de Coordinación Central, Joan Carles Molinero.

El juez ha encargado además a la Guardia Civil que analice la documentación de la Prefectura de Mossos relacionada con su actuación ante el referéndum del 1-O, para que determine su "forma de actuación y decisión" con el fin de averiguar si las decisiones se toman de forma jerárquica o colegiada.

La investigación del juez se centra en la "elaboración, aprobación y cumplimiento de las pautas de actuación" de los Mossos d'Esquadra ante el 1-O, así como "los efectos de dicho despliegue policial a la hora de dar debido cumplimiento" a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum.

En base a las actas de las reuniones de la cúpula de la policía catalana sobre el 1-O, que le ha sido remitida por la Audiencia Nacional, el juez aprecia indicios de que la actuación de la Prefectura de Mossos "es de naturaleza conjunta y colegiada, y no meramente jerárquica con un único decisor en la figura del mayor que ejerciera su poder unilateral".

"Parece que en sus reuniones tienen voz y facultad decisoria sus miembros, explicando cómo cada uno decide, gestiona y ejecuta su ámbito", añade en su auto el juez, que por ese motivo ha decidido que la cúpula de Mossos d'Esquadra debe ser investigada al margen de la causa que la Audiencia Nacional instruye sobre Trapero.
Entre los documentos que han levantado las sospechas del juez, figura el acta de una reunión celebrada el 13 de octubre del año pasado, en que Molinero explica que está realizando un esfuerzo "ingente para revisar las más de 11.000 actas confeccionadas" sobre el 1-O, "pues adolecen de falta de información y actitudes poco profesionales".
En esa reunión, añade el auto, otro comisario explica "cómo se están realizando informes para dar respuesta" a varios requerimientos judiciales, y para explicar actuaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Además de Molinero y López, el juez ha imputado al jefe de asesoramiento jurídico de la Dirección General de la Policía, María Paz Martí, el comisario de la Prefectura de la Policía Francisco Javier Gámez, el intendente de la comisaría superior de coordinación central, Antoni Verger, y el jefe de la división técnica de planificación de la Seguridad Amadeu Domingo, citados para el 12 de diciembre próximo.

Para el día siguiente, están citados Molinero, López y el jefe de la comisaría general de planificación de la seguridad, Emili Quevedo.