Irene Montero se ha mostrado este sábado dispuesta a llegar un acuerdo con el PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. Con ello, la ministra de Igualdad busca tener "una respuesta unitaria como Gobierno ante esta ofensiva contra ella, a reformarla y, si es necesario, a subir algunas penas". A lo que no está dispuesta a renunciar la dirigente es al consentimiento, ya que representa el centro de la norma.

En un mitin en Murcia, Montero ha reconocido estar lista para ello, ya que busca hacerse "cargo del dolor" y "de la preocupación de las víctimas". No obstante, la responsable de Igualdad ha remarcado que todavía no hay un acuerdo con el PSOE para esa reforma, con el que la parte morada del Gobierno de coalición tiene "una discrepancia fuerte" sobre ella.

"Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo porque sé que la ley está bien hecha", ha afirmado la dirigente de Podemos. La ministra ha recordado que la norma se realizó "mano a mano" con el ministerio de Justicia, cuando estaba al mando Juan Carlos Campo, y que contaron con "un equipo excelente". Montero, además, ha sostenido que esta ofensiva por parte de los sectores reaccionarios recuerda a la de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley integral contra la violencia machista.

Montero se ha mostrado tajante al señalar que el consentimiento "ha llegado para quedarse". La ministra ha defendido la norma al ser "la única que ayuda a las víctimas a ejercer sus derechos". La responsable de Igualdad ha añadido que "la mayoría de los agresores sexuales de este país no han pisado una comisaría o un juzgado", debido a la vergüenza de muchas afectadas. El objeto de esta ley es corregir este hecho, ha apuntado la política. 

Legislar "a golpe de titular"

El constante goteo de reducciones de penas en los últimos dos meses y medio desde que entró en vigor la ley ha originado esta crisis entre los socios del Gobierno. Esta semana se desveló que el Ministerio de Justicia buscaba una reforma de manera exprés de la norma. En este sentido, los socialistas no descartaban presentar una proposición legislativa en el Congreso unilateralmente si las conversaciones con los morados no llegaban a buen puerto.

En concreto, la propuesta de Justicia era regresar a los tipos penales anteriores a la reforma, añadiendo además los conceptos de fuerza e intimidación en el Código Penal. La cartera de Pilar Llop pretende reestablecer las penas de entre uno y cinco años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctimas. Y las condenas de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración.

Fuentes judiciales han señalado con anterioridad que no existen datos fiables acerca del número de sentencias revisadas. Cabe destacar, entonces, en qué sentido hay una campaña mediática detrás de la crítica al solo sí es sí. Vicky Rosell, en esta línea, ha dicho a Público que "legislar penalmente a golpe de titular tiene muchos riesgos y es un marco más propio de la derecha y de la ultraderecha". 

En anteriores ocasiones, esta magistrada ha sostenido que la ley es sólida y las rebajas de las penas se deben al margen de acción de algunos jueces. Rosell, además, apunta que, de otro modo, la mayoría de los tribunales habrían aplicado las mismas rebajas al tener el mismo Código Penal.