El uso de la moción de reprobación a miembros del Gobierno durante esta legislatura se ha convertido en una práctica muy común en la estrategia de confrontación y oposición de PP, Vox y Cs. Según los datos recabados por Público a través de la web del Congreso, estas tres formaciones han registrado hasta la fecha, en apenas dos años desde la constitución del primer Ejecutivo de coalición, cerca de 50 peticiones para afear la conducta e incluso pedir la destitución de los miembros del Consejo de Ministros.

Esta cifra supera con holgura al número de iniciativas impulsadas por la oposición en anteriores legislaturas. No obstante, cabe destacar varios aspectos: de las 48 presentadas, se han retirado cinco y solo tres se han llevado a Pleno. Fuentes parlamentarias de estos grupos explican que esta diferencia, como toda iniciativa que se pretende tramitar en la Cámara Baja, se debe al cupo de los partidos (repartido según los escaños) y de los asuntos que copan la actualidad.

Asimismo, de las tres reprobaciones debatidas y votadas en el hemiciclo a través de mociones consecuencia de interpelación urgente sobre la gestión política del ministro de turno, ninguna ha prosperado gracias a la mayoría progresista y, por ende, a pesar de que el Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso.

¿Qué efectos tiene?

En España, este procedimiento parlamentario contra miembros del Gobierno y titulares de órganos del Estado está recogido en el artículo 111.2 de la Constitución, el cual establece que "toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición", y regulado por el artículo 184 del Reglamento del Congreso.

Su eficacia es meramente política, que no jurídica. No obstante, aunque la reprobación no obliga a dimitir a los altos cargos, este tirón de orejas (se requiere mayoría absoluta para que salga adelante) supone una quiebra de confianza por parte de los representantes de la soberanía popular que deja en mal lugar al político en cuestión.

Por otro lado, cabe recordar que para reprobar al presidente del Gobierno o al Ejecutivo en bloque se debe recurrir a la moción de censura constructiva (artículo 114 de la Carta Magna), una figura que conlleva el cambio de Ejecutivo durante la legislatura, como ocurrió en 2018 con la moción de censura que quitó al PP de la bancada azul del hemiciclo.

Ofensiva contra Garzón

Las tres últimas iniciativas de reprobación impulsadas en la Cámara Baja, presentadas por las derechas y la ultraderecha, han estado dirigidas contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones tergiversadas al diario británico The Guardian acerca de la calidad de la carne producida en las macrogranjas y las consecuencias de la ganadería intensiva para el medio ambiente.

Está por ver si esta declaración de intenciones de PP, Vox y Cs llegará finalmente al Pleno, aunque de ser así, tiene pocas papeletas de prosperar, ya que además de Unidas Podemos, los aliados parlamentarios del Gobierno han sido contundentes contra esta falsa polémica en favor del titular de Consumo.

Asimismo, a pesar de que en el PSOE ha habido reticencias y críticas tras la difusión de este bulo, sería difícil de explicar en términos parlamentarios que votaran a favor de reprobar a un miembro de su propio Ejecutivo, y así lo han expresado a este medio fuentes parlamentarias del grupo socialista.

En cuanto a las tres reprobaciones rechazadas en esta legislatura, dos se registraron contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo jefe de la Guardia Civil en Madrid, una decisión avalada posteriormente por la Audiencia Nacional.

La otra moción consecuencia de interpelación urgente que tampoco prosperó fue dirigida contra el ex vicepresidente segundo del Gobierno y exministro Derechos Sociales, Pablo Iglesias, por ser el "primer instigador de los ataques a la Corona", en la que también se pedía la "destitución inmediata" de Garzón por "sus groseras afirmaciones en relación" con Felipe VI (le acusó de "maniobrar" contra el Ejecutivo").

Cinco ministros del PP, reprobados por el Pleno del Congreso

Desde la legislatura IV (1989-1993) hasta la legislatura X (2011-2016), el uso de esta figura política por parte de la oposición fue mucho más comedido en comparación con la actual. Entre 2000 y 2004, por ejemplo, se debatieron 11 peticiones, mientras que entre 1993-1996 solo se votó una. En cualquier caso, de las que se elevaron al Pleno en esa franja, ninguna salió adelante, ya que los diferentes gobiernos contaban con mayoría absoluta en el Congreso.

Esta dinámica cambió con la ruptura del bipartidismo. Tras la legislatura fallida de 2016, en la legislatura XII (2016-1019), con Mariano Rajoy investido gracias a los escaños de Cs, pero sin mayoría sólida en la Cámara Baja, el Congreso reprobó a cinco miembros de su Gobierno. De esta forma, en mayo de 2017, el titular de Justicia, Rafael Catalá, fue el primer ministro de la democracia reprobado por el Pleno de la Cámara Baja por presuntas injerencias en los casos de corrupción que afectaban al PP.

A esta lista se sumaron más tarde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la inconstitucionalidad de su amnistía fiscal del 2012; los titulares de Exteriores, Alfonso Dastis, y del Interior, Juan Ignacio Zoido, por incumplir las cuotas de acogida de refugiados comprometidas con la Unión Europea; y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, por su gestión en la lucha contra la violencia machista.

En cuanto al Senado, la ministra de Fomento durante el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez, se convirtió en la primera integrante de un gobierno en perder la confianza de la Cámara Alta por el caos en el transporte en Catalunya. 

Por otro lado, la ministra de Justicia durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez y actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha sido la que más rapapolvos parlamentarios ha recibido (uno en el Senado y dos en el Congreso) por su amistad con el excomisario José Manuel Villarejo, su relación con el exjuez Baltasar Garzón y "por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión" a los líderes del procés.