El Ministerio del Interior sigue dando obras a sus empresas amigas a dedo y sin publicidad

La comisaría de Centro en Madrid está en ruinas. Los sindicatos policiales han interpuesto diversas denuncias por vulnerar la ley de riesgos laborales y este año se celebrará este juicio. Pero antes de la sentencia, desde la Dirección General de la Policía ya se ha iniciado el plan de reforma. De hecho, en esas instalaciones tiene su sede el Sindicato Profesional de la Policía (SPP), al que pertenecen la mayoría de los mandos policiales, y ya han sido avisados de que se les proporcionará otro lugar donde estar hasta que finalice la reforma.

Una de las favorecidas de esta reforma es la constructora Seranco, señalada como “beneficiaria habitual” junto a otras empresas en una denuncia presentada ante la fiscalía anticorrupción en 2012 por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que ha llevado a que el juzgado de instrucción número 26 de Madrid imputara el pasado marzo a cinco funcionarios del Área de Arquitectura y Patrimonio de la Policía, perteneciente a la División Económica y Técnica de la corporación, por el supuesto cobro de comisiones en la adjudicación de obras sin publicidad realizadas en las dependencias del cuerpo por toda España.

"La Policía debería evitar aunque fuera por imagen, y ya que sus arquitectos están imputados, realizar este tipo de contratos"

Debido a la Ley de Contratos del Sector Público, argumentaba el denunciante ya en 2012, “la elevación de las cuantías de los contratos menores a 50.000 euros y a 200.000, los negociados sin publicidad han producido una continua adjudicación indiscriminada, fraccionando el gasto de obras mayores en una repetida adjudicación de contratos menores a una misma empresa” y “siempre a las mismas empresas afines”.