La nueva reunión de la mesa de diálogo y negociación entre el Gobierno español y el Govern de la Generalitat será finalmente este miércoles en Madrid. La cita es en el Ministerio de la Presidencia, dentro del complejo de Moncloa, a partir de las 10.00. La reunión llega diez meses después de la primera y última bajo la presidencia de Pere Aragonès, que se celebró en Barcelona el 15 de septiembre del año pasado con la presencia del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez. La primera consecuencia de este nuevo encuentro supone cerrar una evidente parálisis del ente que debe abordar la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado.

Una reactivación que serviría para recomponer las relaciones entre el Ejecutivo catalán y el estatal que ha pasado por horas muy bajas como consecuencia de esa parálisis, pero también por el escándalo del espionaje político a los independentistas con el estallido del 'caso Pegasus'. Ahora bien con una clara advertencia por parte de la interlocutora del Govern, la consellera Laura Vilagrà: "Se ha acabado el tiempo de las promesas, ahora tocan los hechos, las relaciones no se normalizarán mientras no haya acuerdos tangibles en la mesa de negociación". Una idea que apuntala desde ERC la portavoz del partido, Marta Vilalta, apuntando a la negociación de los presupuestos generales: "Esquerra ya no fía, hará falta hechos concretos para rehacer las confianzas".

La segunda cuestión a tener en cuenta es que en esta ocasión se ha fijado un objetivo claro y prioritario, que pasa por llegar a acuerdos parciales pero concretos y constatables especialmente en lo que se refiere a la desjudialización de la política catalana. Para ello se ha puesto sobre la mesa una batería de medidas legislativas y jurídicas a estudiar que van desde la amnistía que defiende la parte catalana a la modificación del delito de sedición en el Código Penal, entre muchas otras opciones que se estudiaran y que desde el Govern se resisten a hacer públicas. De todas ellas tendrán que salir estos "primeros acuerdos parciales" que auguró el president de la Generalitat después de su reciente visita a la Moncloa.

El tercer elemento sobre la mesa, la composición, no cambiará respecto a la anterior convocatoria. La delegación del Govern tampoco contará -como en septiembre- con miembros de Junts, que continua rechazando su presencia en una mesa de diálogo que consideran fracasada y amortizada, a diferencia de sus socios de ERC. Un hecho que critican desde Moncloa. "Lo tendrán que explicar ellos a los catalanes pero el diálogo es mejor con todos. Y hace falta también una mesa entre la propia sociedad catalana", apuntan. 

Los republicanos han ampliado su presencia añadiendo a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, y al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, a los dos miembros del Govern que ya participaron en la anterior reunión, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, y el conseller de Empresa y Treball, Roger Torrent. Se da el caso que Garriga y Torrent tienen procesos judiciales abiertos. Por el referéndum la consellera cuando era alcaldesa, y por aceptar una moción sobre la autodeterminación y la monarquía el conseller, cuando era president del Parlament. Dos miembros de la mesa de diálogo que afrontan peticiones de inhabilitación, un ejemplo de como de acuciante es para ERC la desjudialización del conflicto político.

La delegación de Moncloa estará encabezada por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Le acompañarán la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; y el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta. Ya se estableció que en esta ocasión no participarían los dos presidentes.

Los equipos liderados por Bolaños y Villagrà llevan semanas -desde el mes de junio- intercambiando propuestas sobre las medidas que pueden permitir evitar que las causas judiciales contra los independentistas irrumpan en la negociación entre los dos Gobiernos. Por la vía de neutralizar los procesos o por lo menos evitar las consecuencias más graves como el ingreso en prisión.

Las fuentes consultadas ven más difícil eliminar el peligro de las inhabilitaciones. En estos preparativos de hace un mes ya se prefijó una estrategia por ambas partes que incluía una intensa agenda durante el mes de julio, con una primera reunión pública de trabajo entre Bolaños y Vilagrà, el encuentro de los dos presidentes, y la reactivación de la mesa de diálogo antes de las vacaciones. Tal y como se ha ido produciendo.

"Habrá acuerdos", afirman de forma tajante desde Moncloa. En el Gobierno de Sánchez afrontan con "total optimismo" esta cita que califican como importante de cara a "terminar de normalizar las relaciones bilaterales". El clima, destacan en el Gobierno, "es muy bueno" y destacan que se ha trabajado mucho de forma previa para llegar a esta convocatoria. Para el Gobierno de Sánchez, quienes estén en contra del diálogo y de llegar a acuerdos, tendrían que explicar muy bien "cuál es la alternativa". "La confrontación de 2017 no le salió bien ni a Catalunya ni a España ni a nadie".

Además, fuentes gubernamentales relacionan también estas negociaciones que se formalizan mañana, y los posibles acuerdos que salgan, con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. "Lo de este miércoles es un comienzo", reconocen en Moncloa. Los socialistas quieren contar sí o sí con ERC para las cuentas públicas. 

Peticiones del Govern

Fuentes de la presidencia de la Generalitat ponen especial énfasis en la remodelación legislativa de la ley mordaza, de los procedimientos del Tribunal de Cuentas y del Código Penal. En el caso de la ley mordaza porque ha sido el principal instrumento judicial utilizado contra los manifestantes participantes en los numerosos actos de protesta vividos en Catalunya en los últimos años. Se calcula que hay cerca de 4.000 personas encausadas, buena parte de ellas por este motivo.

Esta ley lleva bloqueada desde hace varios meses en la cámara baja por las resistencias del PSOE, según diferentes fuentes, a modificar algunos artículos.  Pero desde el Ejecutivo, y desde el grupo parlamentario socialista, aseguran que "se va a desbloquear". La mesa de diálogo de este miércoles podría también desatascar la negociación. 

El cambio en el Tribunal de Cuentas perseguiría frenar la ofensiva contra el patrimonio personal de numerosos dirigentes independentistas no solo por la actuación en el referéndum del 1-O si no también por la actividad internacional de la Generalitat durante los años previos al referéndum.

Y en el caso del Código Penal la negociación se centra en el alcance de la modificación del delito de sedición, que desde el Govern se querría suprimir pero que el PSOE solo acepta una modificación con rebaja de las penas y una acotación más concreta del delito para que no pueda ser utilizado contra el derecho a la manifestación.

En todo caso, desde Moncloa destacan que actualmente cambiar el Código Penal es una tarea complicada, ya que requiere de una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados. Con la actual aritmética parlamentaria, se necesitaría contar con la participación de la derecha, algo prácticamente imposible. 

Un punto mucho más complicado es cómo paralizar juicios delicados que afectan a algunos dirigentes de ERC como Josep Maria Jové o Lluís Salvadó y que podría comportarles penas de cárcel. Fuentes jurídicas consultadas ven complicado que la Fiscalía pueda variar su posición en estos casos judiciales que llevan ya cinco años de instrucción en juzgados como el número 13 de Barcelona. U otros como el llamado "caso Volhov".

Según fuentes de la dirección de ERC, la posición de los republicanos pasa por explorar todas las opciones: "nuestra apuesta es la amnistía, pero hemos estudiado todos los escenarios jurídicos posibles. Son muchos. Unos son más complejos que otros, pero todos son posibles jurídica y parlamentariamente hablando. Solo requieren voluntad política. Incluida la amnistía. Pero no nos cerramos a nada, todos los pasos que se puedan dar hacia la desjudialización del conflicto son positivos. Pero que nadie se engañe, la resolución definitiva no llegará sin aplicar el derecho de todos los catalanes y catalanas a decidir el futuro político de Catalunya".

La mesa de diálogo y negociación será un termómetro este miércoles para ver en qué punto de encuentro se sitúan el Gobierno español y el Govern de la Generalitat, en función de los acuerdos parciales, pero concretos, que ambas partes han asegurado que habría en caso de que se volviera a reunir la hasta ahora infructuosa Mesa.