La mesa del Congreso se pierde entre la libertad de expresión y las faltas de respeto para frenar el clima de crispación

Cuesta rebajar la tensión en el Congreso después de una semana de regañinas de la mesa de la Cámara Baja a los diputados, especialmente a los representantes de Vox. Y es que los de Santiago Abascal están acostumbrados a bajar al barro para increpar verbalmente a otros representantes de la soberanía popular, un hecho que se lleva produciendo desde la irrupción de Vox en esta institución tras los comicios de abril de 2019.

Después de lo que sucedió la semana pasada con el último ataque personal proferido por la ultraderecha contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, todos los focos están en la actuación de la mesa para frenar este tipo de comportamientos que, por otro lado y a pesar de la obligación de sus señorías a respetar el decoro parlamentario, no son nuevos. 

Ante las quejas de la mayoría de los grupos por la pasividad para atajar las faltas de respeto y las expresiones que trascienden lo político por parte de la Presidencia de la Cámara Baja, ostentada por la socialista Meritxell Batet, tanto ella como quien le sustituye cuando no está presente en el hemiciclo, en la mayoría de los casos, el vicepresidente primero de la mesa y compañero de filas, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, han puesto mucho más énfasis en esta tarea.

Esto es, durante esta semana, Batet y Gómez de Celis han abroncado en más de diez ocasiones a los parlamentarios, tanto individualmente como en general, para intentar rebajar la escalada verbal. Pero estas llamadas al orden se diluyen en el eterno debate entre la libertad de expresión y las faltas de respeto al meter en el mismo saco los diferentes insultos y exabruptos lanzados desde la tribuna.

Este dilema ha tenido su máximo exponente este mismo jueves, cuando Alfonso Rodríguez Gómez de Celis ha abroncado a un diputado de Vox por insultar a EH Bildu con el término más que recurrente "filoetarra". Así, el vicepresidente primero de la mesa le ha comunicado que lo retiraría del diario de sesiones, como "cualquier otra ofensa a los grupos de esta Cámara, bien sea fascista o algún otro término".

Ya el martes, este mismo miembro del órgano del Congreso le retiró la palabra a una diputada de Vox al pedir hasta en tres ocasiones que retirara el mismo improperio pronunciado desde la tribuna, lo que provocó el abandono de los representantes de la ultraderecha de sus escaños del hemiciclo.

Y este miércoles, después de que Irene Montero acusara al PP de "promover la cultura de la violación" durante la sesión de control Gobierno, Batet reprendió a la ministra de Igualdad afirmando que "esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario" y pidiendo que evitara "un lenguaje inadecuado para el Parlamento".

La disparidad de criterios para frenar el clima de crispación ha provocado las quejas de varios grupos, entre ellos de Unidas Podemos. Su portavoz, Pablo Echenique, ha criticado a la Presidencia del Congreso por "prohibir" que se diga "fascista" en el hemiciclo, lo que interpreta como "una limitación de la libertad de expresión".

También, la mayoría de los grupos, a excepción de las derechas, no dudan en señalar a Vox como responsable, no solo de "dinamitar todos los consensos", sino de propiciar "este clima irrespirable" que solo le "beneficia" a la extrema derecha.

Por ello, partidos como Unidas Podemos, ERC, PNV o EH Bildu han manifestado su rechazo por la bronca generalizada de Batet a todos los grupos en la junta de portavoces del pasado martes. La socialista, en una reflexión compartida, no se centró en el principal grupo que contribuye a elevar el tono en esta cámara, sino que "riñó a todos", como reconoció el portavoz socialista, Patxi López.

¿Qué puede hacer la mesa?

En lo que sí hay un consenso más o menos claro, a excepción de Vox, es en lo relativo a la "existencia de instrumentos suficientes" para sancionar los comportamientos ajenos a la disciplina y la cortesía parlamentaria, por lo que piden que "se aplique el reglamento de manera rigurosa". Pero, precisamente, es ahí donde vuelve a ser protagonista el debate entre las faltas de respeto y la libertad de expresión.

Concretamente, el Artículo 103.2 del reglamento contempla que un diputado puede ser llamado al orden, entre otras cuestiones, "cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad".

Asimismo, el Artículo 104.1 del texto sostiene que al orador que sea llamado al orden tres veces en una misma sesión "le será retirada, en su caso, la palabra y el presidente, sin debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto
de la sesión". Y, si el diputado sancionado no atendiere al requerimiento de abandonar el salón de sesiones, el presidente "adoptará las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión". En este caso, "la Presidencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 101, podrá imponerle además la prohibición de asistir a la siguiente sesión".

Por último, el precepto 105 recoge la posibilidad de que Meritxell Batet, "en el ejercicio de los poderes de policía a que se refiere el artículo 72.3, de la
Constitución, velará por el mantenimiento del orden en el recinto del Congreso de los Diputados y en todas sus dependencias, a cuyo efecto podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas, poniendo incluso a disposición judicial a las personas que perturbaren aquel".

Esta situación, agravada en los últimos días, ni es nueva ni solo sucede en la Cámara Baja, coincidiendo con la presencia de Vox en otros parlamentos autonómicos. En este sentido, cabe destacar que el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), retiró la palabra este miércoles al procurador de Unidas Podemos y portavoz del partido morado, Pablo Fernández, por acusar al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (también de Vox) de "profesar la ideología fascista".