La Mesa del Congreso de los Diputados dará mañana martes definitivamente luz verde a la constitución de la comisión de investigación sobre las actividades presuntamente ilegales del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz para combatir el proceso soberanista en Catalunya y a sus promotores. La comisión examinará, entre otras cosas, la puesta en marcha de la denominada policía política para perseguir a aquellos adversarios elegidos por el ministro del Interior.

La comisión fue aprobada el pasado 27 de septiembre por el pleno del Congreso de los Diputados a instancias del grupo parlamentario socialista, a la que se sumaron los grupos de ERC y los diputados del PDeCAT. Todo el hemiciclo votó a favor de la puesta en marcha de esta investigación parlamentaria con la única excepción del grupo popular.

Tres semanas más tarde el ministro Fernández Díaz, en un hecho sin precedentes, fue reprobado por la mayoría de los grupos parlamentarios en la comisión del Interior, con la única excepción de su partido, el PP. Pese a todo, el PP, con el apoyo de Rajoy, quiso que presidiera la comisión de Asuntos Exteriores, pretensión que fue vetada por todos los grupos. Finalmente, sus correligionarios le “colocaron” como presidente de la comisión de Peticiones que no requiere votación ya que es una delegación de la presidencia de la cámara.

La iniciativa tomo cuerpo tras la difusión en Público a finales del mes de junio del pasado año de unas conversaciones entre el ministro Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, en las que se ponían de manifiesto actuaciones contrarias a la legalidad para perseguir el movimiento soberanista catalán. Esas conversaciones, desveladas en exclusivas por Público, fueron grabadas en 2014 en el despacho oficial del entonces ministro Fernández Díaz, lo que añadió un componente extra al escándalo político que se generó.

La demora en la puesta en marcha de esta comisión de investigación, la primera que se aprueba desde 1977 para examinar en el ámbito parlamentario las actuaciones de un ministro, se ha justificado por la evolución de una grave enfermedad –un cáncer de hígado– que ha padecido Fernández Díaz. El propio afectado ha declarado recientemente y de forma pública que ha superado la dolencia.

Fuentes parlamentarias han afirmado a Público que “las últimas circunstancias conocidas en relación al exministro han aconsejado poner en marcha definitivamente la comisión”. Tras recibir mañana el último visto bueno de la Mesa de la cámara la comisión, según otras fuentes parlamentarias, se constituirá el jueves al finalizar la sesión plenaria.

Ya hay acuerdo para que esté presidida por el diputado representante del PNV, Mikel Legarda. El resto de integrantes serán tres del PP – Calos Rojas, que será vicepresidente, José Alberto Martín Toledano y María Jesús Moro -, dos del grupo socialista – Juan Carlos Campo, qude actuará como secretario, y Antonio Trevín -, dos del grupo de Podemos – Gloria Elizo y Xavier Domènech -, y uno por cada uno del resto de los grupos: Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, Gabriel Rufián, de ERC, y Sergi Miquel, del PDeCAT en representación del grupo mixto, aparte del citado Legarda.

Esta será la primera comisión de investigación parlamentaria que se ponga en marcha desde la que creó al inicio de la VIII Legislatura, en la primavera de 2014, para examinar los atentados del 11-M. Con anterioridad se habían constituido otras 16 comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados desde 1979, entre ellas las de Naseiro, Roldán o Gescartera. En el Senado se han celebrado otras 21 comisiones de este tipo, mientras que en la I Legislatura hubo una conjunta entra ambas cámaras sobre el aceite de colza.

En su primera reunión, aparte de elegir a los tres miembros de la Mesa, los comisionados deberán establecer su plan de trabajo, el calendario de sesiones y el plazo para elaborar el dictamen. Normalmente el plazo de los trabajos se extiende entre los tres y los seis meses. Previsiblemente habrá ya una propuesta para citar a los primeros comparecientes, aunque se descarta que se comience por el ex ministro Fernández Díaz.

Las personas citadas por la comisión están obligadas legalmente a comparecer y han de ser convocadas con 15 días de antelación, salvo razones de urgencia que reducen el plazo a tres días, según se establece en la Constitución y en el Reglamento del Congreso de los Diputados. Además, cualquier organismo o entidad están obligados a facilitar cualquier documentación que se les solicite.

El dictamen que elabore la comisión deberá ser sometido a debate y votación por el pleno de la cámara. Sus conclusiones no tienen valor jurídico, aunque la Mesa del Congreso de los Diputados puede trasladar su contenido a la Fiscalía General del Estado para que adopte las decisiones que estime convenientes, según señala el Reglamento de la cámara.