Memoria histórica El juzgado acepta la medida cautelar propuesta por el Estado que impide que los Franco vendan el Pazo de Meirás

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado que conste en el registro de la propiedad que el pazo de Meirás, ubicado en el municipio coruñés de Sada, está inmerso en una causa judicial tras la demanda presentada por la Abogacía del Estado para reclamar a la familia Franco la devolución del pazo de Meirás.

La inclusión de esta medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado y aceptada ahora por el juzgado impide que la familia Franco pueda vender el pazo de Meirás. El inmueble está a la venta a través de una inmobiliaria cántabra, en la que se ofertaba el histórico inmueble localizado en el municipio de Sada, que fue utilizado como residencia de verano por Francisco Franco, por una cantidad de ocho millones de euros, la misma cifra que se pedía en el primer anuncio que se había publicado unos meses antes.

Ese mismo día, el juzgado instructor acordó la adopción de las medidas cautelares solicitadas que se refieren, en concreto, a la "anotación preventiva de la demanda en el registro de la propiedad", indican las mismas fuentes judiciales.

Esa medida se produce a raíz de que el Gobierno central ha presentado una demanda judicial contra la familia Franco para reclamar la devolución del pazo de Meirás. El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura franquista.

En su escrito de demanda, el Gobierno sostiene que la compra del pazo de Meirás por parte del dictador en 1941 fue "simulada" y "fraudulenta".  Argumenta que un acta notarial de 1938 desconocida hasta ahora confirma que la propiedad ya era residencia de verano del entonces jefe del Estado de la zona sublevada, y detalla que la compra se realizó el 3 de agosto de 1938 por la "Junta pro pazo del Caudillo" por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán.

Se trata de una escritura anterior a la que tres años después, en 1941 y acabada la guerra, firmó Franco por un supuesto precio de 85.000 pesetas, una segunda compraventa ficticia que, según la Abogacía del Estado, permitió al dictador la inscripción del inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Esta demanda responde a la resolución de julio de 2018 aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia, en la que se insta al Estado a ejercitar las acciones legales procedentes para la recuperación del pazo para el patrimonio público.