El Gobierno de coalición en Andalucía, compuesto por PP y Ciudadanos, ha decidido crear la figura del comisionado de Concordia, que asumirá las competencias de Memoria Histórica. Un día después de entregarle a Vox -un partido que se ha autoerigido en portavoz de quienes "tuvieron padres en el bando nacional"- la presidencia de la comisión parlamentaria de Cultura, el Ejecutivo que preside Juanma Moreno, ha optado por, a la vez que incluía una nomenclatura del gusto de Vox, la de Concordia, intentar calmar las aguas en un tema muy sensible, que toca la piel de numerosas familias, y por el que la ONU ya le ha dado varios toques de atención al Estado, al considerar que no cuida a las víctimas del franquismo como es debido.

El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, fue esta tarde, en la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, muy claro sobre la posición del Ejecutivo al respecto de las exhumaciones de las víctimas del franquismo y sobre la ejecución de la Ley de Memoria Histórica -hoy en vigor en Andalucía- que fue aprobada la pasada legislatura sin votos en contra, con la abstención de PP y Ciudadanos, y los votos a favor de PSOE y Adelante Andalucía. “Todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares”, dijo Bendodo.

El portavoz del Gobierno añadió que la Ley de Memoria estaba en vigor y que se iba a cumplir, por tanto, "a rajatabla" y agregó que el presupuesto previsto para exhumaciones, superior al millón de euros, también se iba a gastar. Bendodo anunció además que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, tenía el encargo de avanzar en una nueva ley, que para su aprobación deberá cumplir una serie de condiciones, entre ellas, una casi imposible: el consenso de todos los partidos. Con ello, así, el PP cumple con su pacto con Vox. En el punto 33 ambos partidos se comprometen a “promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica”

Dijo Bendodo a este respecto lo siguiente: “Buscamos una ley en la que todo el mundo se pueda sentir cómodo y representado. Hay leyes en nuestro pais que no vale aprobar por mayoría. Sé que es complicado, pero merece la pena intentar el consenso. Ella, la consejera Del Pozo quiere intentarlo. Queremos que todo el mundo se sienta cómodo en un nuevo texto”. ¿Y mientras tanto? “Hacemos nuestro el texto actual”.

Bendodo agregó: “Todo es mejorable. Y si podemos llegar a un consenso, mucho mejor. Vamos a dejar que trabaje la consejera. Que las cosas se puedan mejorar. Que funcione el conducto parlamentario. Asumimos que es una ley. La vamos a cumplir a rajatabla y el presupuesto que tiene en vigor. Creemos que se puede mejorar y alcanzar un mayor grado de consenso”.

El ejemplo de Málaga

Aunque la formalidad, los sustantivos elegidos, y el inicio de conversaciones para cambiar la Ley de Memoria Histórica, suponen guiños a Vox, con quien el PP tiene pactado poner en marcha una Ley de Concordia, sin embargo, el contenido de lo dicho por Bendodo se desvincula de los postulados del partido de ultraderecha y remite, en lo pragmático, a la actuación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP).

Este, junto a la Junta de Andalucía, gobernada entonces por Manuel Chaves y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ambos del PSOE, acometieron en Málaga hace una década la mayor exhumación hasta la fecha de una fosa del franquismo. Tanto Bendodo como el presidente Moreno son de Málaga y conocen por tanto a fondo las razones de la longevidad de De la Torre en la alcaldía. Una de ellas es que no es un tipo particularmente molesto ni beligerante con las causas de la izquierda.

Este tema, después de que PP y Ciudadanos le entregaran a Vox la presidencia de la comisión parlamentaria de cultura, iba camino de convertirse en un permanente dolor de cabeza para el Ejecutivo de coalición. PSOE y Adelante ya habían empezado a tender puentes, a conjurarse en este asunto contra el tripartito. Para PP y Ciudadanos, además, es importante, sobre todo para el segundo partido, que tiene numerosos votos prestados de la izquierda, en este periodo preelectoral despegarse de Vox en algunos asuntos.

Esta, la vocación de renovar en el Ejecutivo y la de no remover en exceso las aguas electorales, ahora que sopla el viento de cola para la derecha es, por tanto, una de las claves que explican esta decisión salomónica del presidente Moreno: aplicar la ley mientras intenta cambiarla. Andalucía es una tierra que fue maltratada por el franquismo y numerosas familias recuerdan la represión y la muerte. Es muy recomendable leer el volumen La Justicia de Queipo, del historiador Francisco Espinosa, para comprender el alcance de la masacre franquista en el sur de España.

En la decisión del Gobierno andaluz se nota también la mano de Juan Marín (Ciudadanos), el vicepresidente, quien no tiene comprometida con Vox ninguna modificación de la Ley de Memoria y que no ha garantizado por tanto al partido ultra y al PP un apoyo a su nueva Ley de Concordia. Marín, de hecho, y los diputados de Ciudadanos aprobaron las cuentas del año pasado, que están prorrogadas y que recoge una partida para exhumaciones.

“Este es un Gobierno de PP y Ciudadanos. Por tanto, sus decisiones se consensúan entre PP y Ciudadanos, con nadie más. Si el espíritu es el consenso, debe partir primero del consenso dentro del Gobierno”, manifestó Bendodo.

Misión imposible

Bendodo no descartó, si hubiese el consenso suficiente, que el Gobierno tramitase la norma como un proyecto de Ley, pero antes abogó por dejar trabajar a los partidos en el Parlamento. “La ley podría impulsarla este gobierno o un grupo parlamentario”, dijo.

El consejero de la presidencia es consciente de que Patricia del Pozo se enfrenta a un imposible. Poner de acuerdo a Vox, PP, Ciudadanos, PSOE y Adelante Andalucía sobre este tema es, a priori, bien complicado, por no decir imposible. Para empezar, el mero cambio de nombre, de Ley de Memoria a Ley de Concordia ya supone un desencuentro.

Bendodo resumió con estas palabras lo que pretende el Gobierno andaluz: “El nuevo marco legal que se cree no va a ser pactado con unos o con otros. Tiene que ser un texto de consenso en el que todo el mundo se sienta representado y cómodo. Que incluya cosas de la actual ley. Es un trabajo complicado e ilusionante. Ese es el encargo que asume la consejera de Cultura. No estamos derogando nada. Queremos ampliar el campo de actuación. Ir hacia el consenso, no hacia una nueva mayoría. Lo que se pretende es consensuar un texto en el que todo el mundo se sienta identificado. No es fácil, pero también era difícil llegar al gobierno y aquí estamos”. Si el Gobierno cumple con este planteamiento, es posible que la Ley de Memoria no llegue a modificarse en esta legislatura.