El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que ha llegado el momento de que se pidan "responsabilidades políticas" a los anteriores dirigentes de este departamento ministerial por la supuesta vinculación del 'caso Villarejo' y la sustracción de un teléfono con información del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

"Es una vergüenza que se haya podido supuestamente utilizar instituciones del Estado con fines absolutamente abyectos", ha comentado Grande-Marlaska en una entrevista en Espejo Público. Según él, "ha llegado el momento de reclamar alguna responsabilidad política", respetando la presunción de inocencia y la investigación judicial, con sus posibles responsabilidades penales.

Al ser preguntado si esas responsabilidades políticas había que demandarlas en los equipos de Interior liderados por Jorge Fernández Díaz o Juan Ignacio Zoido, ambos ministros del PP, Grande-Marlaska ha respondido que "evidentemente" se refería a quienes dirigían el Ministerio antes de él. "Independiente de la presunción de inocencia, lo que estamos viendo, a día de hoy, está exigiendo algún tipo de responsabilidad política", ha insistido.

El titular del Interior ha calificado de "grave" casos instruidos en la Audiencia Nacional como Kitchen, la sustracción con fondos reservados por parte de la Policía de material sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas sin conocimiento previo de los jueces. "Obedece a una utilización torticera, fraudulenta y partidista de las instituciones del Estado", ha asegurado.

Grande-Marlaska ha añadido que, desde su experiencia, "el conjunto de policías nacionales no obedecen a esta instrumentalización del poder político". En este sentido, ha dicho que la única instrucción que ha dado en lo relativo a la investigación sobre la organización criminal que pivotaba sobre el comisario encarcelado José Manuel Villarejo es que la Unidad de Asuntos Internos tenga los medios para trabajar con independencia bajo la autoridad de juez y los fiscales.

Y es que las sospechas sobre las actuaciones de la llamada "policía política" del PP en relación con el líder de Podemos se volvieron a desatar este miércoles, cuando trascendió el robo de un móvil a una cercana colaboradora de Pablo Iglesias en 2016 y encontrado después en los registros de la operación Tándem en la que fue detenido el excomisario José Villarejo.

Pablo Iglesias se ha personado como perjudicado en la Audiencia Nacional en la pieza secreta que investiga el hallazgo de ese teléfono en los registros practicados en noviembre dentro de la operación Tándem, y cuyo robo denunció un año antes Dina Bousselham -asistente del secretario general de Podemos cuando éste era eurodiputado-.

La pieza DINA

La pieza secreta está bautizada con el nombre de DINA y en la que se investiga la relación del robo de ese teléfono con Villarejo. Público ha podido saber por fuentes cercanas a la investigación que "mensajes privados que aparecieron en el portal digital de Eduardo Inda provienen del teléfono robado por Villarejo y de su volcado".

Fuentes de Podemos enmarcan como una operación para "destruir" a Pablo Iglesias. En esa operación sitúan también el conocido como informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un documento que supuestamente encargó el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y que, tras ser publicado por varios medios de comunicación, fue rechazado por diferentes órganos judiciales al considerarlo "informaciones no autentificadas".

Ayer mismo y tras declarar durante una media hora ante el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, Iglesias volvía a expresar el compromiso de su formación de "limpiar nuestra democracia de basura".  "Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a políticos corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios", reiteraba Iglesias recuperando así una de las denuncias que no para de hacer la formación morada sobre lo que describe como las "cloacas del Estado".