Las mareas llaman a defender este sábado en las calles la sanidad pública en Andalucía

La coordinadora andaluza de Mareas Blancas por la sanidad ha convocado en todas las capitales andaluzas manifestaciones para este sábado contra la "privatización" sanitaria. La idea, según la coordinadora, de las marchas es "frenar las privatizaciones, revertir el desmantelamiento de la Atención Primaria [capaz de resolver más del 80% de los problemas de salud], reducir las largas listas de espera, minimizar las trabas de accesibilidad al sistema, mejorar la atención a la salud mental y eliminar la precariedad laboral del personal del SAS".

De los sindicatos sanitarios, apoyan CCOO y UGT. Los demás –presentes en las mesas de negociación con la Junta: CSIF, SATSE y SMA–, aunque se las tienen tiesas con la Consejería de Salud hacen la guerra por su cuenta. En  sus redes sociales, las mareas han ido colgado vídeos de apoyo, entre los que estáncaras conocidas, por ejemplo, Alberto Rodríguez, director de Isla Mínima y Modelo 77 y Manuela Ocon, Goya 2023 a la mejor dirección de producción por Modelo 77.

Para Antonio Macías, de UGT, "existen muchas razones para acudir a las manifestaciones del 25M, que se pueden concretar en tres: La primera es la eliminación de cualquier posibilidad de privatización de la Atención Primaria la segunda la necesidad de un cambio estructural profundo en esa Atención Primaria, que debe de partir de un pacto global que mejore las condiciones de l@s trabajador@s y facilite el acceso a l@s usuari@s. Y por último hay que dar un buen toque de atención a un Gobierno que piensa que la mayoría absoluta sirve para pasar por encima del bien más preciado que tiene nuestra sociedad y este no es otro que nuestra Sanidad Pública. No basta con decir que se defiende la sanidad pública, es más importante los hechos y estos nos están demostrando un absoluto desprecio de la Consejería de Salud por la negociación, el consenso y una apuesta clara por cambiar el desastroso estado de nuestra Atención Primaria".

Para Luis González, de CCOO, "hay que frenar el deterioro acelerado de la Atención Primaria. No se puede tolerar demoras de cita de más de 14 días para médicos de familia, cierre de consultas de pediatría, de servicios de urgencias y de consultorios. Hace falta incremento de plantillas, incorporación de nuevas profesiones, inversiones, cambios organizativos y mejoras retributivas. Además, hay que acabar con la privatización de servicios. El gobierno de la Junta ha aumentado el gasto en conciertos con la sanidad privada y el gasto farmacéutico. Y revertir las externalizaciones que ya se han producido porque aumentan el gasto y disminuyen la calidad del servicio. Por último, no hay que añadir más parches. Hace falta un pacto global por la Atención primaria que aborde todos los aspectos. Y ya vamos tarde".

La sanidad andaluza es ahora mismo un polvorín, con una orden, aprobada sin consenso alguno, que abre la puerta a la externalización de las consultas de Atención Primaria; con la oposición vertiendo gruesas acusaciones contra el Gobierno andaluz por dar contratos a dedo sin cobertura –el Ejecutivo andaluz sostiene que son legales– y con cambios en los centros de salud que no terminan de salir bien. Las Mareas sopesan llevar a los tribunales de lo contencioso la orden que regula los precios de los conciertos, si el Ejecutivo no rectifica antes.

El tema sanitario ocupa al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, no solo porque tiene que gestionar un enorme transatlántico con un presupuesto que supera los diez mil millones de euros (13.495 millones es el de este año) cada año, y que tiene, desde hace años, numerosas fugas de agua, agravadas por la pandemia y por la falta de arreglo sobre todo de los problemas de la Atención Primaria, el pilar que sostiene el sistema público, sino también porque la oposición, que en vísperas de las elecciones municipales y con las generales en el horizonte, se lo trae una y otra vez a colación en las sesiones de control.

En el Parlamento andaluz

Este jueves fueron los tres partidos de la izquierda –PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía–, que apoyan las manifestaciones y que están movilizando a su gente con la idea de desgastar al PP a las puertas de la elecciones, los que le hablaron de sanidad al presidente en la sesión de control. Adelante, además de las críticas –el diputado José Ignacio García le afeó que inaugurase cuatro veces el hospital Militar en Sevilla: febrero de 2021, febrero de 2022, abril de 2022 y marzo de 2023– planteó la propuesta de que, de alguna manera, el Servicio Andaluz de Salud se ocupe de financiar las gafas a la ciudadanía. "Hablamos de futuro, no de volver a la sanidad del PSOE. Hay 1,5 millones de andaluces que no pueden pagar las gafas. Son un artículo de lujo muchas veces. Cuestan en torno a 200 euros y si el problema de visión es mas grave estamos en 400-500 euros. Hay gente en Andalucía que no ve bien porque no pueden pagar unas gafas". El presiente, al que cogió de sorpresa la propuesta, no se comprometió a nada.

El debate fue más áspero en sus argumentos con la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, y sobre todo con el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas. Ambos dirigentes le sacaron los contratos sanitarios de emergencia, prorrogados al mismo tiempo que no se renovaba el contrato de 8.000 sanitarios de los 20.000 contratados durante la fase alta de la pandemia y el presidente defendió su legalidad con vehemencia. "No se convierta en un apéndice del PSOE –le dijo Moreno a Nieto–. le voy a decir solo dos cosas [sobre los contratos]. Se han hecho con la legalidad vigente: la Ley de Contratos. Se han hecho contratos que se han hecho en estas mismas condiciones y lo han hecho otras Comunidades Autónomas".

"Este es su caso y se llama caso emergencias", le espetó Espadas a Moreno. El presidente tiró del pasado del PSOE en Andalucía para replicar a Espadas, recuperó "la coca, las prostitutas" y le pidió rigor. El presidente le dijo: "Hay mucho pufos todavía por conocer. Lo que no vamos a hacer nunca son contratos verbales. Uno de ellos fueron una lluvia de quejas por adjudicaciones por contratos verbales, indemnizaciones a empresas. Aquí ejecutamos las obras ¿Usted pretende darnos lecciones con el aval del pasado tan reciente?".

Moreno se refería, según dijeron fuentes de Presidencia a Público, a "múltiples contratos de arreglos de carreteras que se encargaron de palabra y de los que no había un solo papel. Llegaron las reclamaciones de las empresas y algunos están judicializados, otros se han pagado pero reduciendo la cuantía reclamada y otros no se ha podido acreditar que se hicieran. Son de la etapa anterior. No hay expedientes".

Moreno añadió además sobre los conciertos que los socialistas "concertaban mucho, más que este gobierno. Todos los gobiernos del PSOE conciertan. Deje de faltar a la verdad. No es rentable faltar a la verdad de manera reiterada después de 32 años de abusos".

Moreno defendió que no existe en Andalucía la privatización de la que habla la oposición. "Hacemos cosas bien y otras menos bien. Pero decir que nosotros estamos privatizando es claramente faltar a la verdad. Faltar a la verdad contra una realidad que los ciudadanos no se creen".

Conciertos y pactos

Los conciertos sanitarios con empresas privadas no son nuevos en Andalucía. Durante los años del PSOE ya existían –los convenios con Pascual, por ejemplo–. Desde que llegó al Gobierno, el PP ha incrementado en términos absolutos el gasto año tras año en estas partidas. De 410 millones al cierre de 2018, cuando el PSOE dejó la Junta, se había pasado a 523, un 27% más, al final de 2021.

En términos relativos, sin embargo, el gasto en conciertos respecto del total del gasto sanitario, debido al aumento del presupuesto global destinado a Salud, ha aumentado apenas unas décimas, del 4,40% de 2018 al 4,49% de 2021. El presidente dijo este jueves que "este año" está "en el 3,86%" y que por tanto, habían "bajado los recursos de los conciertos". Andalucía es en efecto una de las CCAA que menos dinero gasta en conciertos en términos relativos es de las más bajas del país. Sin embargo, para este año, la Junta prevé derivar a otros 50.000 andaluces a la sanidad privada, un 25% más.

Las manifestaciones del 25 de marzo llegan diez días después de que Moreno haya firmado acuerdos con los sindicatos UGT y CCOO, pero aún no los ha ejecutado. Su gabinete también ha pactado con el Sindicato Médico, que ahora está en pie de guerra con la Consejería de Salud, y ha convocado una huelga para el 12 de abril porque considera que no se cumplen los pactos. El SATSE y CSIF también están rebrincados.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, manifestó esta semana que los acuerdos se iban a cumplir y reclamó al PSOE que no quiera "jugar sucio" porque quienes suscriben el acuerdo saben que se hará: "Creen que los que firman son tontos", dijo.

El acuerdo de CCOO y UGT con Moreno consta de varias patas. Por un lado, dedicar al menos el 25% del presupuesto (en 2020, según los últimos datos disponibles, estaba en el 17%) de salud a la Atención Primaria.

Por otro, según el texto enviado a los medios, garantizar "la preservación de la no externalización de la Atención Primaria salvo en situaciones de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos". Es decir, esta redacción evita la retirada de la mención expresa a la Atención Primaria, que por primera vez recoge la orden que fija los precios de las derivaciones a la sanidad privada.

Por último, "cualquier infraestructura, medio diagnóstico o dotación sanitaria que haya sido financiada con fondos públicos, será destinada en exclusividad a la utilización por el sistema sanitario público andaluz". CCOO y UGT consideran que esta redacción obliga al Gobierno de Moreno a rectificar de nuevo la orden que, de momento, sigue como estaba.