El manifiesto de jueces del 9-M no es sancionable

El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha concluido que el Manifiesto por un debate político-criminal racional, firmado por 291 personas, entre ellas 130 jueces, 16 fiscales y dos vocales del órgano de Gobierno de los jueces, cuatro días antes de las pasadas elecciones generales, no puede ser sancionado disciplinariamente.

Por eso propone a la Comisión Disciplinaria que se reúne mañana que archive la investigación, que en forma de información previa, ordenó abrir el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando, a los 130 jueces en activo que lo suscribieron.

La propuesta de archivo, firmada por el jefe del Servicio de Inspección, José María Gil Sáez, y la jefa de la Sección de Informes, Carmen Herrero, considera que "los magistrados en activo firmantes del manifiesto han infringido la prohibición contenida en el artículo 395.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". Dicho texto establece que los jueces no pueden "tomar en las elecciones legislativas o locales más parte que la de emitir su voto personal".

Según el Servicio de Inspección, "han intervenido en el proceso electoral vertiendo su opinión sobre ciertos temas de intrínseco contenido jurídico, pero que, también tienen proyección política, dado el momento en que se ha hecho público, y externamente proyectan a la opinión pública una crítica del programa publicado por un partido político, aun cuando en él no se menciona expresamente".

La rebaja del PP a 12 años

El manifiesto, suscrito por Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y otras cuatro asociaciones progresistas con las que colaboran habitualmente, pedía una reflexión sobre las "propuestas hipercriminalizadoras" de los distintos partidos, pero sólo citaba la promesa electoral del PP de rebajar de 14 a 12 años la edad penal. En ella, los firmantes veían un "reconocimiento, cínicamente encubierto, de que no se está en disposición de desarrollar las políticas públicas idóneas" para proteger "el libre y digno desarrollo de la personalidad de los niños".

A pesar del reproche realizado a los jueces firmantes. por haberse pronunciado en plena campaña electoral, el Servicio de Inspección propone el archivo, porque su "conducta carece de respuesta disciplinaria en nuestro marco legal". Sólo se pueden sancionar disciplinariamente las conductas que "sin lugar a dudas" estén tipificadas en los artículos 417 a 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, explica la propuesta de archivo.

Fuentes del Consejo indicaron que en todo caso que un juez suscribiera el manifiesto sólo podría ser criticado deontológicamente, pero no disciplinariamente. Sin embargo, en España los jueces no cuentan con un Código Deontológico, similar al existente en Italia, aplicable en estos casos.

Idéntica libertad

Por eso, la Disciplinaria tradicionalmente ha entendido que los jueces tienen la misma libertad de expresión que cualquier ciudadano y sólo ha sancionado la revelación de secretos conocidos en el ejercicio de su cargo.

 

El manifiesto fue suscrito por numerosos jueces y magistrados pertenecientes o al menos próximos a Jueces para la Democracia, como los magistrados del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez y Luciano Varela, y los de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada y Ramón Sáez. El nombre que causó más sorpresa entre los de los firmantes fue el del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional,  Javier Gómez Bermúdez, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.