Málaga privatiza parte del puerto con una marina para megayates
Unidas Podemos arremete contra un proyecto que "solo van a poder disfrutar los megarricos, los dueños de los megayates".
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El Puerto de Málaga, dependiente del Estado, abre este mes un proyecto, calificado como estratégico por las autoridades, que privatiza para uso de megayates dos muelles. El proyecto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, ambos en manos del PP.
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La colocación de una valla, severamente criticada –apenas se ha logrado tras el cabreo que se recorte su altura–, que impedía el paso y la visión a la zona donde las embarcaciones de lujo van a atracar ha revelado de un plumazo a los malagueños la realidad del proyecto: exclusivo y que "solo van a poder disfrutar los megarricos, los dueños de los megayates", según critica Nico Sguiglia, edil de Podemos en Málaga.
La marina, que gestiona la empresa YGY Marinas, fundada en 2005 en EEUU y que gestiona 24 instalaciones de este tipo en 13 países diferentes, podrá acoger embarcaciones de entre 24 m y 180 m de eslora.
Carlos Rubio, presidente de la autoridad portuaria, afirmó el día en que se presentó la obra, hace un año y un par de meses, que el proyecto "incorpora un tipo de turismo que hasta ahora no se había previsto, el cual creará empleo y contribuirá a la recuperación económica".
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Para Rubio, según dijo, "la marina supone un primer paso" para "impulsar proyectos relacionados con la integración puerto-ciudad". Sin embargo, la polémica valla ha sido criticada por todos los grupos municipales y se han aprobado dos mociones contra ella en el Ayuntamiento.
"Las vallas, verjas, muros y barreras, en lugar de desaparecer, van en aumento de la mano concesiones que implican una privatización masiva y abusiva de los espacios públicos y suelo del Puerto de Málaga", recoge la moción de Unidas Podemos aprobada en Pleno.
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"Uno de los principales objetivos del Plan Especial del Puerto de Málaga –prosigue el escrito de UP– era conseguir la permeabilidad total entre el recinto portuario y la ciudad. En definitiva, ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de acercarse al mar. En esta lógica, no tiene sentido realizar ninguna separación ni limitación de acceso, ni instalar ninguna valla, ninguna verja, ningún muro, ni ninguna barrera". Según la moción, se ha llegado incluso a jugar "con la ilusión de la gente, para que ingenuamente pensara que ese espacio iba a ser de acceso público y que se podrían hacer selfis con los yates".
La Autoridad portuaria, en el comunicado emitido hace un año, lo tiene claro. El objetivo es que quienes vengan en esos yates dejen dinero en Málaga y que la ciudad dé un servicio a quienes vengan en los megayates: "Los huéspedes de IGY Marina Málaga podrán aprovechar la proximidad a los restaurantes, bares y tiendas locales, así como a la playa ubicada a tan solo 200 metros del puerto deportivo. La cultura local y la visita a los numerosos lugares históricos o la posibilidad de jugar a golf en alguno de los más de 100 campos de los que Andalucía dispone forman parte, sin duda, de otro de los atractivos de esta Marina".
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Más de lo mismo
Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado Cabeza, "esto no deja de ser más de lo mismo: más de lo que nos está empobreciendo, porque está muy claro (un estudio del INE lo muestra, Urbis) que los municipios con más larga dedicación al turismo, como son los de la Costa del Sol, en Andalucía son municipios que están en el último o el penúltimo tramo de renta per cápita. Son municipios empobrecidos. Este turismo nos condena a los andaluces y a las andaluzas a seguir siendo los camareros y las camareras de Europa".
La autoridad portuaria estima un impacto anual –con la instalación completa– de algo más de 104 millones de euros, "lo que va a contribuir al dinamismo económico del territorio, así como a la creación de un total de 809 puestos de trabajo sumando los empleos directos, indirectos e inducidos". No siempre estas marinas cumplen los objetivos fijados: ahí está la de Ibiza, que ha dejado una deuda de 6,6 millones de euros.
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Remedios Ramos, edil de IU en el Ayuntamiento de Málaga, considera: "Lejos de abrir el puerto a la ciudadanía, lo que se hace es privatizar el puerto: se está dando este espacio público para disfrute de los ricos. Ahora tiene acceso la ciudadanía: cuando esto quede cerrado será únicamente para uso y disfrute de los ricos: el PP hace una política enfocada para la gente con alto poder adquisitivo. El puerto tiene que tener un uso productivo. Además del turismo, Málaga tiene que producir".
Para Carmen Máximo, de Adelante Andalucía, "el interés del alcalde de Málaga es convertir Málaga en un parque temático para turismo de ricos: el de los megayates y el de los rascacielos de 150 plantas en el dique de levante, que provocarán un altísimo impacto sobre el medioambiente, junto con más congestión de tráfico y pérdidas del patrimonio visual colectivo. Estas construcciones realizadas, o iniciadas, por Francisco de la Torre tienen el consentimiento del gobierno de la Junta de Andalucía. El Gobierno central tiene la potestad para paralizar inmediatamente estas agresiones al medio ambiente y al disfrute colectivo de los malagueños de su patrimonio, a través de la ley de Puertos y de ley de Costas".