La candidata propuesta por el Gobierno para ser Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal ha expuesto ante el Congreso que el ministerio público tendrá como objetivo el dar una respueta “tajante, ineludible, pronta e inmediata” al fenómeno de la corrupción con el fin de devolver la confianza de los ciudadanos al Estado de Derecho,

Consuelo Madrigal ha expuesto que, de ser elegida, promulgará circulares para la lucha contra la corrupción y para concentrar los esfuerzos de los fiscales en la agilización de estos procesos penales para que cumplan su objetivo principal.

Para ello, recurrirá a la división de las causas con el fin de evitar macroprocesos que duren muchos años y articulará mecanismos legales para obtener la recuperación del dinero robado por los corruptos.

Además, Madrigal ha anunciado que el ministerio público evitará "conformidades entre el fiscal y los acusados que no son asumidas por la sociedad". No ha hecho referencia a asuntos concretos, pero hay casos de corrupción en los que se ha barajado los acuerdos de conformidad, como el de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina en el caso Nóos. De esta manera, los acusados se conforman con lo que pide el fiscal contra ellos y se dicta sentencia, eludiendo el juicio oral y público. También se aplicó para el caso Pallerols, sobre la financiación ilegal de Unió Democrática de Catalunya y que, tras ser archivado en 2005, culminó en 2013 con una sentencia de conformidad.

Madrigal se ha puesto como objetivo la lucha contra la corrupción y trasladar a los ciudadanos “y a una sociedad desmoralizada la idea de que delinquir no es rentable y que, con todo el máximo respeto” al acusado, “no hay ni va a haber zonas de penumbra en las que se puedan agazapar quienes se lucran en contra del interés común".

La candidata, Fiscal de Sala de Menores, un puesto máximo de la cúpula judicial, ha expuesto su programa de gobierno sin leer discurso alguno ante los diputados que integran la Comisión de Justicia. Y ha pormenorizado otros objetivos principales, de salir elegida como sustituta del dimitido Eduardo Torres-Dulce.

Sus objetivos pasan por incrementar los esfuerzos en la lucha contra la violencia sobre la mujer, una lacra que continúa, así como contra los delitos de medio ambiente, urbanismo y delincuencia informática, para los cuales la Fiscalía debe disponer de “tecnologías adecuadas” en especial porque “pronto” se convertirán en los verdaderos instructores, ha dicho en referencia a una reforma que planea el Gobierno pata atribuir la instrucción sumarial a los fiscales en lugar de los jueces.

También ha destacado la reciente entrada en vigor en la Unión Europea del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Para ello, considera necesario otorgar el máximo apoyo técnico a los fiscales de cooperación internacional con el fin de superar una situación “insostenible”: que en Europa “los delincuentes circulan con libertad y la justicia encuentra aduanas y fronteras”.

Además, la Fiscalía cooperará con el resto de las administraciones de justicia europea en materia de Eurojust y en la implantación de la oficina fiscal europea: “Estamos preparados para asumir los delitos que sean competencia de la Fiscalía Europea”. Otro de los objetivos es ahondar en la cooperación iberoamericana.

Madrigal ha dejado para el final uno de sus principales objetivos: incrementar los medios de la Fiscalía con el fin de que las víctimas de delitos graves sufran una nueva revictimización, así como la protección de los menores con la concentración de los esfuerzos en los colectivos vulnerables de niños –ha citado los matrimonio forzados- los menores con discapacidad y los adolescentes con transtornos del carácter.

Por último, se ha puesto como objetivo implantar en la Fiscalía los criterios de la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad del año 2006, que aún no están implantados en España, para lo cual dedicará medios para vigilar y garantizar la tutela de los afectados.

Su propósito, ha añadido, es lograr que todos los fiscales puedan cumplir “en las mejores condiciones su triple servicio a la legalidad, a los ciudadanos y al Estado de Derecho”.

Esta comparecencia es la última fase de la candidata, una vez elegida en diciembre por el Gobierno como futura Fiscal General del Estado. Su antecesor, Eduardo Torres-Dulce, dimitió el pasado diciembre aduciendo "motivos personales" y no aportó explicación alguna de su decisión.
De fondo, Torres-Dulce afrontó presiones del Gobierno para que dejara el cargo tras sus discrepancias por la actuación de la Fiscalía ante la consulta alternativa del 9-N en Catalunya y la gestión en casos de corrupción política, como los casos Nóos -donde la infanta Cristina se sentará en el banquillo- o el caso Gürtel, sobre una supuesta trama corrupta de altos cargos del PP y que afecta a una financiación irregular de este partido.