MADRID.- Consuelo Madrigal se ha ganado a la Comisión de Justicia del Congreso. Sin papeles, mirando directamente a los ojos, ha expuesto su programa como próxima fiscal general del Estado y ha defendido su perfil técnico y no político tras ser designada para el cargo por un Gobierno que no le ha pedido “nada”, salvo aceptarlo.

Por el contrario, ella ha pedido más medios: más fiscales y más recursos materiales y humanos, incluidos funcionarios especializados para la lucha contra la delincuencia organizada.

Madrigal ha respondido a una batería de preguntas de los diputados miembros de la Comisión de Justicia, ya que la reforma del ministerio fiscal de 2007 establece que el candidato para el cargo debe recibir la idoneidad del Congreso y del Consejo General del Poder Judicial.

Las preguntas más duras provenían de un incisivo Gaspar Llamazares, el líder de Izquierda Unida para quien la dimisión sin explicaciones del antecesor en el cargo, Eduardo Torres-Dulce, ha provocado una crisis sin precedentes en el ministerio público y evidencia que “la Justicia se ha convertido en un campo de batalla” ya que ha recordado la reciente dimisión de una vocal del CGPJ, Mercé Pigem.

Al otro extremo se situó el portavoz del PP, José Miguel Castillo, quien se limitó a exponer una pregunta: si Madrigal prefiere que le llamen “fiscal o fiscala”. Fue la única pregunta que la compareciente eludió responder.

Madrigal ha declarado que ella no tiene cuentas en algún paraíso fiscal: sólo tiene dos cuentas con su marido… en el banco del barrio. Tampoco está imputada ni ha recibido sanción administrativa alguna. Además, ha asegurado no pertenecer al PP ni a ninguna asociación, ni tampoco a algún un movimiento religioso, aunque se confiesa “católica, sin orgullo y sin vergüenza”.

Esta última pregunta ha sido realizada por Llamazares, en medio de las protestas populares, a la vista de que Madrigal firmó en 2008 un manifiesto contra el aborto, en concreto contra el derecho a la mujer a abortar. Firmó ese manifiesto como ciudadana, ha dicho, acogiéndose a su libertad de opinión y de expresión. Ahora bien, “una cosa son mis opiniones a las que tengo total derecho y otra mis obligaciones, que no es otra que defender la legalidad y los derechos que las leyes definan en los términos que estas definan”.

La próxima fiscal general ha dejado entrever que se opone a la prisión permanente revisable, pero ha optado por reservarse su opinión. Esta pregunta provenía de una larga batería de cuestiones que planteó Rosa Aguilar, la portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y exalcaldesa de Córdoba por IU.

A preguntas de Joan Tardà, de Esquerra Republicana de Catalunya, Madrigal ha reconocido que teme las injerencias del Gobierno. “Pues sí, temo lo que todo el ambiente, los medios y aquí incluso se dice que es un periodo muy difícil. Temo las injerencias del Gobierno, las instituciones y los medios de comunicación en una labor que es jurídica que puede ser interpretada en clave política”.

Esta es la complicación del cargo que ahora asume, ha reconocido.”Procuraremos sortearlos, todos lo tememos. ¿Cómo se hace? Con la mayor preparación técnico-jurídica. Las interpretaciones vendrán en clave política y nosotros actuaremos siempre en clave jurídica”. A este respecto ha pedido a “todas las instancias políticas, administrativas y políticas y también a los medios de comunicación” que procuren “mantener al fiscal lo más alejado de la contienda política”.

Sobre la Comisión de Justicia planeó en todo momento la dimisión de Eduardo Torres-Dulce, no en vano en su última comparecencia ante este órgano expuso su programa para el futuro.

Así, Jordi Jané, portavoz de Convergència i Unió, ha denunciado que la autonomía del ministerio público que se pretendía en la reforma de 2007 ha quedado “gravemente alterada”: Torres-Dulce” ha tenido que renunciar porque ha habido interferencias políticas”.

Querella contra Mas

Jané ha expuesto “un ejemplo claro, directo y cercano” de estas interferencias: la interposición por orden del fiscal general del Estado de una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos de sus consejeras por la consulta del 9 de noviembre pasado. “Es un grave error haber interpuesto una querella”, ha denunciado Jané mientras demandaba que la nueva fiscal la retirara porque “este error” aleja la Justicia de los ciudadanos de Catalunya. También Joan Tardà ha vinculado la querella y la consulta soberanista con la dimisión de Torres-Dulce.

Madrigal ha reconocido que España atraviesa por un momento muy delicado. “Creo que lo mejor es que existan medios materiales, que la tesitura política fuera una balsa de aceite y pudiéramos trabajar ajenos a la contienda política pero, a veces, la diferencia entre lo que es posible y lo que no es posible es un corazón dispuesto”.

Una vez cumplido este trámite, es previsible que el Consejo de Ministros nombre este viernes a Consuelo Madrigal como nueva Fiscal General del Estado y que tome posesión ante el Tribunal Supremo la próxima semana.