La lucha por la dependencia, nuevo frente contra las políticas "privatizadoras" de Moreno Bonilla

Al otoño caliente que arrancó con manifestaciones por la vivienda y con la convocatoria de protestas sanitarias ante las políticas privatizadoras del Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), se une ahora un nuevo frente: la lucha por la dependencia.

Este fin de semana hay, convocadas por el sindicato CCOO, y apoyada por numerosas organizaciones del sector, además de partidos de izquierdas, y asociaciones, movilizaciones en las ocho provincias ante lo que tachan de gestión "desastrosa".

"Es el término que mejor definiría la situación del sistema de atención a la dependencia en Andalucía, donde hay más de 60.000 personas en listas de espera, el tiempo de espera para que se conceda la ayuda es de 606 días y faltan 7.000 plazas en las residencias públicas", asegura el sindicato. El sistema ha "colapsado" y "la Junta lo sabe", resume CCOO.

El Gobierno andaluz ha asumido las "críticas", pero al mismo tiempo se preguntó "dónde estaban esas voces cuando el sistema era realmente un desastre". Así lo manifestó la consejera de Inclusión Social, Loles López (PP): "Respeto las concentraciones convocadas pero a las críticas les faltan argumentos cuando no se conoce lo mucho que se ha hecho o no se reconoce lo mucho que se ha hecho", añadió.

López afirmó que cuando el PSOE, que esta semana apoyó las movilizaciones sindicales, gobernó en Andalucía, las listas de espera en Dependencia "llegaron a más de 1.200 días". "El PSOE tuvo hasta 200.000 personas en listas de espera", agregó la consejera, según recoge Europa Press.

"Cuando las críticas vienen de alguien que ha gestionado y la herencia no se enmarca precisamente en la buena gestión, las acepto, pero me quedo con mi trabajo", dijo López. La consejera asegura que el sistema andaluz registra más de 400.000 prestaciones y 288.000 beneficiarios "pese a la infrafinanciación que padece por parte del Gobierno, que adeuda desde 2019 un total de 4.000 millones".

Copago

Sobre la financiación del sistema, CCOO asegura, por el contrario, en un comunicado que el Gobierno andaluz "se desentiende". "El Gobierno central paga un 38% y el copago de las familias se sitúa en torno al 20%. Además, con la orden que está tramitando el Ejecutivo andaluz la subida del copago puede alcanzar en algunos casos el 60%, de manera que el porcentaje que destina el Gobierno andaluz a la dependencia cada vez es menor".

"Andalucía es la tercera comunidad autónoma mejor financiada en materia de Dependencia por parte del Estado, a pesar de ello y del Plan de Choque Estatal que ha supuesto un incremento considerable de la financiación para las CCAA, el Gobierno de Andalucía no ha conseguido reducir las listas de espera", asegura Fernando Cubillo, de CCOO en Málaga.

En un informe sobre la situación de la dependencia, los técnicos del sindicato señalan que "faltan más de 1.500 plazas en los centros de día para acabar con las listas de espera", que "12.000 personas fallecieron en Andalucía en 2023 sin saber si les habían concedido o no la ayuda que es un derecho" y que quienes "trabajan en el sistema lo hacen sobrecargadas por falta de recursos y de inversión por parte del Gobierno andaluz, expuestas a riesgos psicosociales, con bajos salarios, o con contratos temporales y parciales que perjudican al mismo tiempo la calidad del servicio".

CCOO apunta directamente al Gobierno andaluz como causante de esta situación: "Tenemos una ley que fue pionera al establecer la dependencia como derecho, pero el Gobierno andaluz con sus últimas decisiones están haciendo un daño brutal al sistema", criticó Nuria López, la secretaria general del sindicato.

"Es evidente que el Ejecutivo andaluz está intentando acabar con la confianza y credibilidad en el sistema de dependencia incumpliendo la Ley y eso es terriblemente doloroso", consideró López.

Cermi también protesta

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía) se movilizará en noviembre en Andalucía para pedir a la Junta y también al Gobierno de España "una mejora en los recursos".

"Protagonizarán —según recogen en un comunicado lanzado este miércoles— concentraciones de protesta en las puertas de sus sedes y en sus centros, además de impulsar una gran protesta provincial en lugares emblemáticos del centro urbano de las ocho capitales de la comunidad".

La presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo, expresó la "situación de asfixia que atraviesan las entidades con el actual modelo y advirtió que actualmente los servicios que prestan están en riesgo por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real".

Para la Plataforma Social de Andalucía, que agrupa a partidos de la izquierda, entre ellos, PSOE, IU y Podemos, además de sindicatos y asociaciones y que apoya las movilizaciones, "la Junta de Andalucía ha desarrollado una deliberada hoja de ruta para deteriorar, desprestigiar y minimizar los servicios públicos y las personas que trabajan en ellos, reduciendo las inversiones necesarias hasta el punto de no poder garantizar su prestación eficaz".

El Gobierno de Moreno Bonilla, afirma la plataforma, "desempeña de forma consciente y consentida una gestión ineficiente de los servicios públicos e, induciendo la insatisfacción de la ciudadanía, transferir recursos a empresas privadas mediante externalizaciones, conciertos y privatizaciones".

"A esto —añade la plataforma— tenemos que sumar las seis reformas fiscales que han supuesto de facto una reducción de impuestos a los que más tienen, mermando la vía de ingresos para el sustento de los recursos públicos y su prestación".

"En definitiva, un traslado intencionado y constante de recursos públicos a la cuenta de resultados de las empresas y a los que más tienen, siempre en detrimento de la mayoría social, dejando en manos privadas la gestión de derechos fundamentales de las andaluzas y andaluces".