“No sé bien dónde poner tanta tristeza”, escribió y cantó Víctor Heredia, uno de los artistas argentinos que plantó cara a la dictadura militar. Aquellas líneas iban dirigidas a su hermana María Cristina, secuestrada junto a su pareja, Claudio Nicolás Grandi, en junio de 1976. Cuando se los llevaron, la joven estaba embarazada de cuatro meses. Ninguno de ellos volvió a aparecer. En marzo de 1983, el gobierno de Felipe González recibió un largo listado en el que figuraban sus nombres, acompañados por los de otras 200 víctimas españolas o de origen español.

Aquella nómina del horror había sido elaborada por las Madres de Plaza de Mayo, un grupo que movió cielo y tierra para intentar que las autoridades españolas hicieran algún tipo de gestión para tratar de aclarar el destino de sus compatriotas desaparecidos. A cuarenta años del nacimiento de las Madres, Público ha tenido acceso a un documento reservado en el que figuran las listas con los nombres de 269 víctimas del terrorismo de estado.

La elaboración de aquella lista, realizada bajo las durísimas presiones que la dictadura ejercía contra las Madres de Plaza de Mayo –el régimen llegó a asesinar a algunas de ellas-, no gustó a los responsables del ministerio de Exteriores español, por entonces bajo el mando del recién asumido gobierno de Felipe González. En una nota fechada el 26 de febrero de 1983, la Dirección General para Iberoamérica de ese ministerio cuestionaba el contenido de la nómina aportada por el grupo de progenitoras de desaparecidos, calificándola de “incompleta” e “inexacta”.

“De un rápido examen de la relación de 269 casos denunciados, se puede establecer que contiene diversos errores”, señalaba la nota ministerial. “En primer lugar, de la relación oficial española de 35 desaparecidos nacidos en España, se incluye a diez personas (los destacados con rotulador en la lista)”, subrayaba. “En segundo lugar –sostenía-, de la relación de 159 descendientes confeccionada por esa embajada, parece que no se llega a mencionar más allá de cuarenta casos. Asimismo, incluye casos de desaparecidos de origen de terceras nacionalidades y con una débil conexión con España”.

En ese contexto, la Dirección General para Iberoamérica apuntaba que esa misma relación “ha sido entregada por las Madres de Plaza de Mayo a la Comisión Investigadora del Senado sobre Desaparecidos Españoles en Iberoamérica”, un grupo conformado en Madrid que abordó –sin éxito alguno- la cuestión de los compatriotas secuestrados por los militares argentinos.

Un mes más tarde, el Cónsul General de España en Buenos Aires, Mariano Vidal Tornes, se veía obligado a admitir que ni siquiera tenían conocimiento de la mayoría de los casos denunciados por las Madres de Plaza de Mayo. En realidad, nada de eso era casual: tanto durante como después de la dictadura, varios familiares de desaparecidos manifestaron su malestar con el tratamiento que la embajada había dado a los casos de españoles desaparecidos, lo que incluso mereció un demoledor informe del primer Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, quien en 1986 denunció la falta de compromiso de la diplomacia –tanto en el gobierno de Adolfo Suárez como en el de Felipe González- hacia esas destrozadas familias.

“No antecedentes”

Alcanza con repasar la lista entregada por las Madres para imaginar el dolor que rodeaba a cada uno de esos 269 nombres. La mayoría de ellos está acompañada por un “no antecedentes” escrito a mano por los funcionarios del gobierno de González. En otros casos se indica que “no aprobó ascendencia”, lo que equivalía a ser eliminado de cualquier posible gestión que se realizara desde Madrid. Así ocurrió con los hermanos Julio y Ricardo Poce, secuestrados en 1976 y 1978 respectivamente. Su padre, fallecido en 2003, llegó a realizar más de 300 gestiones para tratar de encontrarles. No sirvió de nada.

En la nómina entregada a las autoridades españolas figuraban también los hijos de Hebe Bonafini, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Este aspecto no fue pasado por alto por el ministerio de Exteriores español, que subrayó los nombres de Raúl y Jorge Bonafini, acompañados por una anotación a mano –“hijos Bonafini”- y un signo de interrogación. Además, señalaban que en ambos casos “no se probó ascendencia española”.

Niños robados

Allí también están los nombres de cuatro mujeres que se encontraban embarazadas cuando habían sido secuestradas. Además de María Cristina Cournou Heredia, también figuran los datos de María Rosa Tolosa de Reggiardo y de las hermanas Laura y Alicia Segarra, secuestradas en estado de gestación. Todas ellas comparten un destino doblemente fatal: antes de matarlas, la dictadura aguardó que dieran a luz y les quitó a sus hijos, que fueron entregados a familias afines al régimen. A día de hoy, solamente los hijos de María Rosa conocen su verdadera historia: habían sido apropiados por el subcomisario Samuel Miara, un salvaje torturador que hoy cumple cadena perpetua.

Del hijo o hija de Laura Beatriz Segarra solo se sabe que sus padres pensaban llamarle Angélica o Ángel. Actualmente sigue en manos de sus apropiadores, sin conocer su verdadera identidad. Lo mismo ocurre con la niña o niño alumbrado por su hermana Alicia, quien estaba embarazada de dos meses y medio cuando desapareció para siempre. En el listado de Madres estaba identificada con el número 214.

Primeras noticias

El listado que lleva sus nombres llegó a Madrid a las puertas del otoño de 1983. Seis años antes, el ministerio de Exteriores –entonces bajo el gobierno de Adolfo Suárez- recibía las primeras noticias de las Madres de Plaza de Mayo. En una nota fechada el 26 de septiembre de 1977, el diplomático José Luis Pérez Ruiz informaba a sus superiores en la capital española sobre su encuentro con Vicenta López Fernández, una madre de desaparecidos. En la reunión, la mujer le habló sobre las manifestaciones que realizaban cada jueves ante la Casa Rosada –sede del gobierno argentino, entonces ocupada por los militares- para pedir por la vida de sus hijos. Ya han pasado cuarenta años.