Líderes del 1-O, activistas y manifestantes: ¿quién se beneficiará de la amnistía?

La amnistía, entre otras, fue una de las condiciones que los partidos independentistas pusieron al PSOE para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Las negociaciones fueron tensas e intensas desde el primer momento. El punto que generó mayor conflicto entre las partes fue el alcance de la ley, que todavía hay dudas sobre cuál será. Habrá que estar pendientes de las maniobras judiciales que podrían entorpecer su aplicación definitiva, tal y como han demostrado algunos jueces en los últimos meses, acusando de terrorismo a los responsables de las protestas del Tsunami Democràtic.

Lo cierto es que existe un baile de cifras sobre quién podría beneficiarse y quién no de la amnistía. Òmnium Cultural cifró en un mínimo de 1.432 las personas que deberían beneficiarse de esta ley, afectadas por varias macrocausas en torno al 1-O y el 9-N y que se extienden hasta la actualidad. La entidad Alerta Solidària ha calculado que debería aplicarse a 419 activistas y manifestantes independentistas, más allá de políticos, cargos de confianza y funcionarios. Por último, el Gobierno español ha rebajado la cifra y dice que beneficiará directamente a 372 personas.

Más allá de cargos públicos, la inmensa mayoría de encausados ​​por el Procés son manifestantes y activistas por delitos de altercados y atentado contra la autoridad en las distintas protestas. En la mayoría de los casos, con condenas de prisión bajas o todavía con causas pendientes de juicio.

Hacemos un repaso de las principales causas que quedarán cubiertas por la ley de amnistía que se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados. Lo hará siete años después del referéndum del 1 de octubre, más de 4.000 represaliados, políticos y activistas exiliados y una represión judicial contra el movimiento que, lejos de terminar, se reactiva para seguir persiguiendo al independentismo. 

Condenados por la consulta del 9-N de 2014

El perímetro temporal que abarca la amnistía va desde el 1 de enero del 2012 hasta la fecha. Por lo tanto, los condenados por la consulta del 9-N de 2014 también se verían beneficiados por la ley. Los principales condenados por esta consulta fueron el expresidente Artur Mas, así como las exconselleres Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por desobediencia. Además, el Tribunal de Cuentas les condenó a pagar 4.9 millones, la suma que consideró haber costado la iniciativa.

A Mas se le responsabiliza del total de la suma, mientras que al resto de condenados se les atribuye una parte proporcional a las responsabilidades atribuidas.

Líderes del 1-O: desde los condenados a los exiliados

Algunos de los beneficiados por la ley de amnistía tienen nombres y apellidos. Se trata de los líderes más conocidos del Procés, los políticos que estaban al frente de la Generalitat cuando se celebró el referéndum, junto con los líderes de la sociedad civil de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que fueron condenados a nueve años de cárcel por sedición, un delito que ya no existe en el Código Penal español gracias a su derogación.

En este grupo encontramos, por un lado, los que fueron encarcelados y posteriormente indultados de forma parcial, y por otro, los exiliados. En el primer grupo se encuentran los conocidos como los Jordis, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Todos ellos estuvieron en prisión cuatro años y fueron indultados en junio del 2021.

Cabe recordar que estos últimos fueron indultados parcialmente, puesto que el indulto solo les canceló la pena de prisión y no la inhabilitación. Así pues, la amnistía les beneficiaría igualmente, ya que podrían volver a ser cargos electos.

En el segundo grupo, el de los exiliados, que no han sido juzgados, pero que tienen orden de detención por parte del Tribunal Supremo, se encuentran el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, así como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, encausada también por la organización del 1-O.

La ahora consellera en funciones de Exterior Meritxell Serret, que también lo era en el 2017, se marchó al exilio y al regresar, en el 2021, fue juzgada y condenada por el Supremo a un año de inhabilitación, aunque la sentencia no es firme. Con la amnistía, todos podrían volver en libertad a Catalunya.

La medida de gracia también detendrá la causa abierta contra los dirigentes de Esquerra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la consellera Natàlia Garriga por los preparativos del 1-O, o el caso de la treintena de personas −altos cargos de Govern, empresarios y directivos de medios de comunicación públicos− encausados en el juzgado de instrucción número 13.

Algunos nombres son: Antoni Molons, entonces secretario de Difusión y Atención Ciudadana; Joaquim Nin, ex secretario general de Presidencia; Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia; Aleix Villatoro, ex secretario general del Departamento de Exteriores; Amadeu Altafaj, exdirector de la representación de la Generalitat ante la UE, o Albert Royo, ex secretario general del Diplocat.

También debe beneficiar al exconseller Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de prisión y a 20 años de inhabilitación por malversación de fondos públicos y prevaricación por haber puesto escolta policial a Carles Puigdemont cuando éste se marchó al exilio el año 2017.

Mesa del Parlamento y Sindicatura Electoral del 1-O

Con la amnistía, quedarán absueltos definitivamente los miembros independentistas de la mesa de Carme Forcadell, y los de Roger Torrent, pendientes de sentencia firme, y tampoco debería repetirse el juicio a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1 de octubre, entre los cuales hay prestigiosos juristas y la consellera en funciones de Feminisme Tania Verge.

La macrocausa de Tsunami Democràtic

Aparte de los procesos judiciales en los que ha habido cargos públicos imputados o acusados, la justicia española también ha perseguido a activistas y manifestantes de la causa independentista imputados por desórdenes públicos. Es el caso de las causas abiertas a partir de las manifestaciones post-sentencia del Procés, bajo el nombre de Tsunami Democràtic, en el que hubo disturbios en el entorno de la plaza Urquinaona de Barcelona, ​​en el aeropuerto y La Jonquera. Los principales afectados son los CDR, pero también otros.

Según Alerta Solidària, entre las protestas de la sentencia, en octubre de 2019, y justo antes del inicio de la pandemia, en marzo de 2020, más de 600 personas fueron encausadas por manifestarse. Solo de los cortes en La Jonquera promovidos por Tsunami Democràtic, se llegaron a citar a declarar a 211 personas, como Juli Cuéllar, conocido militante de la izquierda independentista de Mataró. También hay varios encausados ​​por las protestas del Consejo de Ministros en Barcelona, ​​la visita del Rey o la detención de Puigdemont en Alemania en el 2018.

Algunos de los casos más conocidos son el de Carla Costa, condenada en agosto a un año de prisión por participar en el corte de las vías del tren en Girona, el de Marcel Vivet, condenado por lesionar un Mosso d' Esquadra en la manifestación Holi contra la Jusapol en 2018 o el caso de Adrià Sas, un joven de Vilafranca del Penedès condenado a tres años y medio de cárcel por golpear a un policía durante las manifestaciones del primer aniversario del 1-O.

Otro de los beneficiados de la amnistía sería Dani Gallardo, a quien el Tribunal Supremo condenó a cuatro años de cárcel por la protesta contra la sentencia del Procés en el centro de Madrid. Al manifestante se le imputan delitos de desórdenes públicos y de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones a un policía, por unos hechos del 16 de octubre de 2019. El joven estuvo encarcelado más de un año y, después, puesto en libertad. Actualmente, está en búsqueda y captura.

De la causa Tsunami Democràtic sale otra derivada. Durante las negociaciones de la ley de amnistía, el juez García-Castellón imputó al expresidente Carles Puigdemont y a Marta Rovira por terrorismo. También al diputado de ERC Ruben Wagensberg, el activista de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó. Todos ellos se fueron al exilio y ahora viven en Suiza, ya que no confían en la justicia española.

También están investigando al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, el empresario Xavier Vendrell, el empresario Oriol Soler y el banquero suizo Nicola Flavio Giulio Foglia.

Recientemente, la secretaria de movimientos sociales de ERC, Marta Molina, investigada en la causa de Tsunami Democràtic por terrorismo, declaró telemáticamente ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. La republicana quedó en libertad.

Operació Judes

También se verían beneficiados los 12 miembros de los CDR de la Operació Judes, a quienes la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide entre ocho y 27 años de prisión por pertenencia a organización terrorista. A ocho de ellos les atribuye también supuestos delitos de tenencia, depósito y fabricación explosivos, pese a que en ninguno de los registros efectuados se encontraron pruebas de ello.

La Operació Judes se desarrolló inicialmente el 23 de septiembre de 2019, con varios registros y nueve detenciones en casas de municipios del Vallès Occidental, Vallès Oriental y Osona. Al final, el volumen de detenidos fueron 13, pero uno de los casos ya fue archivado hace año y medio. De los primeros detenidos, siete fueron encarcelados preventivamente durante tres meses en Soto del Real, centro del cual salieron en libertad bajo fianza.

Alcaldes 1-O

También quedan amnistiados la decena de alcaldes con causas pendientes por participar del referéndum del 1 de octubre y los 35 encausados ​​por el Tribunal de Cuentas por los gastos del referéndum y de la promoción del Procés en el extranjero. Este caso incluye a los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont y miembros de sus gobiernos.

'Operación Volhov’

La amnistía también afecta al caso Volhov de posible financiación del referéndum −conocido como la trama rusa del proceso por supuestas conexiones entre el Gobierno y el Kremlin− ​​por delitos de malversación y prevaricación, en los que ha imputado, entre otros, el exconseller Xavier Vendrell, de ERC.

También beneficiaría al empresario Oriol Soler, el antiguo alto cargo de CDC David Madí, el excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals, los directivos de Events Roc Aguilera y Toni Fusté, Marta Molina, el concejal de Cabrera Jordi Mir y Jordi Serra, interventor de la conselleria de Deportes de la Generalitat.

¿La violencia policial quedará impune?

Uno de los temas que más escuece entre algunos sectores del movimiento independentista es que esta amnistía incluya a los policías investigados y encausados ​​por uso excesivo de la violencia durante la celebración del referéndum del 1 de octubre. Según el Gobierno, son 73 policías.

La ley, sin embargo, contempla una excepción: los cinco agentes responsables de herir en el ojo a Roger Español con una pelota de foam, al considerarse como grave la pérdida de un órgano vital.