La actividad plenaria se reactiva esta semana en el Congreso después del parón de Semana Santa. El actual periodo de sesiones, que abarca de febrero hasta junio, encara su recta final con la vista puesta en dar salida a varias normas relevantes que han marcado la agenda del Gobierno de coalición, como la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la ley de libertad sexual, la ley Zerolo y la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG).

Los primeros meses del actual curso político han estado marcados por las negociaciones y la posterior convalidación del real decreto ley de la reforma laboral, aprobado por la mínima gracias a un error de un diputado del PP al votar telemáticamente; la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias; y el giro de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

De este modo, el Congreso tiene previsto someter a debate y votación este jueves el plan de choque aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica y energética agravada por la guerra en suelo europeo. Todo apunta a que el paquete de medidas recibirá el visto bueno del Congreso gracias a los votos favorables del bloque de la investidura, ya que estos partidos dejaron claro que no se opondrán.

En cualquier caso, el estallido del Catalangate podría poner en peligro el apoyo parlamentario de las fuerzas soberanistas al decreto al considerar "insuficientes" las explicaciones dadas por el Gobierno hasta la fecha en relación al espionaje a los líderes y activistas independentistas a través del sistema israelí Pegasus.

Asimismo, partidos como ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís o BNG ya han dejado claro en varias ocasiones que, pese a ser positivas e ir en la buena dirección, las propuestas del Gobierno son "tibias" y deben prorrogarse más allá de lo contemplado en el decreto, esto es, que se puedan seguir aplicando más tarde del 30 de junio, como el incremento del Ingreso Mínimo Vital o limitar al 2% la subida del precio del alquiler.

Otras leyes

También esta semana, la Cámara Baja prevé aprobar y enviar al Senado la Ley General de Telecomunicaciones, que habilitará a las administraciones públicas a prestar servicios de telecomunicaciones directamente, así como a instalar, desplegar y explotar redes, sin necesidad de hacerlo a través de otra sociedad o entidad, como venía sucediendo hasta ahora. En esta línea, el dictamen de la norma, así como las enmiendas que han quedado vivas, se votará este martes en la comisión, para luego ser sometido a examen en el Pleno este jueves.

La Comisión de Igualdad aprobará y enviará al Senado previsiblemente este miércoles la Ley de igualdad de trato y no discriminación, registrada hace más de un año por el grupo socialista. La norma, bautizada como ley Zerolo (por el histórico dirigente socialista y activista LGTBI Pedro Zerolo), no es "una ley más de derechos sociales" sino, sobre todo, de "derecho antidiscriminatorio específico que viene a dar cobertura de las discriminaciones que existen y a las que están por venir, ya que los desafíos de la igualdad cambian con la sociedad y, en consecuencia, también deberán hacerlo en el futuro las respuestas debidas".

Asimismo, según señalan fuentes parlamentarias a Público, la Comisión de Transportes tiene previsto en los próximos días votar el dictamen de la ley para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una vez reciba el visto bueno por los grupos en el órgano parlamentario, la ley pasará al Pleno para ser sometida a votación presumiblemente a mediados de mayo.

Reforma de la 'ley mordaza' y 'sólo sí es sí'

Asimismo, según estas fuentes parlamentarias, el Congreso tiene previsto impulsar en este periodo de sesiones tres normas de calado para rematar su tramitación antes de verano. Una de ellas es la reforma de la ley mordaza, que acumula en esta legislatura casi dos años de retraso por las discrepancias entre el Gobierno y sus socios en aspectos como la prohibición de reuniones y manifestaciones cuando se considere que se perturbe la seguridad ciudadana, las sanciones, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, el uso de material antidisturbios o la asunción de la veracidad de los testimonios de la Policía.

En esta línea, según confirman varias fuentes pertenecientes al grupo de trabajo, las formaciones están ultimando enmiendas transaccionales para introducir nuevos aspectos en la polémica norma y poder fijar la reunión de la última ponencia. Todo con el objetivo, añaden, de que la ley sea modificada antes del periodo estival.

Algo similar sucede con la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley de sólo sí es sí. De acuerdo con estas fuentes, está por concretar la fecha de la comisión para poner fin a la ponencia, centrada en resolver, entre otras cosas, una de las principales diferencias que separa al Gobierno del resto de partidos del bloque de la investidura. Se trata de la tercería locativa, una figura jurídica que se recupera en esta norma por la que establece penas de prisión para los proxenetas. Asimismo, fuentes del Ministerio de Igualdad destacan la "voluntad de acuerdo" con los grupos en el marco de esta ley orgánica.

También, los grupos que forman el Ejecutivo de coalición quieren dar salida en los próximos meses a otra cuenta pendiente, la reforma de la LOREG para recuperar el sistema de voto sin solicitud previa. La medida pretende derogar lo que se conoce como voto rogado, una serie de requisitos introducidos en la norma que han lastrado la participación electoral de los españoles residentes en el extranjero desde 2011.

Según las previsiones que manejan los partidos del Gobierno, la ley de vivienda tendrá que esperar, al menos, hasta después del verano. No obstante, la norma, una de las más importantes de la legislatura, podría cerrar el plazo de enmiendas al articulado esta semana para comenzar a trabajar en su tramitación parlamentaria, siendo esta la principal tarea del próximo curso.