La ley de vivienda se encamina al final de la legislatura bloqueada tras más de dos años de retrasos

El 5 de octubre de 2021 el PSOE y Unidas Podemos anunciaban que habían alcanzado un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales de 2022 (los vigentes en la actualidad), un pacto en el que también se había consensuado la ley de vivienda. En realidad, esta norma llevaba gestándose en el seno del Ejecutivo un año, ya que PSOE y Unidas Podemos se habían comprometido a impulsarla en octubre de 2020, cuando aprobaron los anteriores Presupuestos.

La ley de vivienda lleva ligada a los acuerdos presupuestarios del Gobierno de coalición desde el principio; Unidas Podemos siempre consideró la negociación de las cuentas como la mejor ventana de oportunidad para tratar de arañarle a los de Pedro Sánchez medidas en una materia que consideran su bandera desde que nacieron.

Tras el acuerdo en el seno del Ejecutivo en octubre de 2020, José Luis Ábalos (entonces ministro de Transportes) e Ione Belarra (entonces secretaria de Estado de Agenda 2030) negociaron durante todo un año para cerrarla. Esto resultó prácticamente imposible, ya que las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de regulación de alquileres eran abismales.

El acuerdo para aprobar la ley llegó solo después de mucho tiempo y de una crisis de gobierno en la que Ábalos fue sustituido por Raquel Sánchez en su departamento y Belarra se convirtió en ministra de Derechos Sociales, tras la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo. La norma echaba a andar, pero de una forma lenta y entorpecida; de hecho, aunque el pacto se rubricó en octubre, la ley no se aprobó en el Consejo de Ministros hasta febrero de 2022.

Si su gestación en el Ejecutivo fue lenta, el legislativo no es una excepción. En marzo, el Congreso de los Diputados admitió el proyecto de ley a trámite, y desde entonces la norma ha estado bloqueada en la Cámara Baja. Como había sido habitual, antes de las vacaciones de verano Unidas Podemos se fijó como prioridad desbloquear y ampliar la norma en una negociación de Presupuestos que arrancó de manera formal (con documentos) a principios de agosto.

El espacio confederal no solo quería reactivar el trámite en el Congreso, sino pactar con el PSOE la inclusión en la ley de una serie de medidas que permitieran frenar una emergencia habitacional provocada por la subida de precios y la situación económica que sufre Europa. En concreto, se buscaba prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, ampliar el parque público de vivienda social e intervenir el mercado para regular los precios del alquiler en las denominadas zonas de mercado tensionado.

Los de Yolanda Díaz e Ione Belarra llevaron a la negociación dos prioridades que quedaban fuera de las medidas estrictamente presupuestarias (como la reforma fiscal o las distintas partidas sociales): el desbloqueo de la ley de vivienda y el impulso de una ley de familias que incluyera la ampliación de permisos de cuidados y una renta por crianza de 100 euros al mes.

Sin embargo, durante las conversaciones con los socialistas, sobre todo en su recta final, se empezó a vislumbrar que los de Pedro Sánchez solo aceptarían una de estas peticiones. La ley de familias es la que estaba más vinculada a los Presupuestos, ya que se trata de una norma que contempla ayudas, permisos y medidas cuyo elevado coste económico marida bien con un Presupuesto, y tiene el riesgo de nacer muerta si no se dota de una importante financiación.

Finalmente, se acordó aprobar la ley de familias en octubre con buena parte de las medidas propuestas por Unidas Podemos. Si en las dos anteriores negociaciones de Presupuestos (2021 y 2022) la ley de vivienda se había convertido en un compromiso de escasa concreción (en el primer caso) y de aprobación (en el segundo caso) lastrada por un bloqueo parlamentario posterior, en su tercera cita presupuestaria la norma ni siquiera forma parte de los compromisos alcanzados.

En Unidas Podemos aseguran que no se dan por vencidos, e insisten en que es una "prioridad estratégica de país" cuyo retraso podría provocar consecuencias a corto plazo. Con las subidas abusivas de las hipotecas de tipo variable que se anticipan, y con una inflación por las nubes, la emergencia habitacional amenaza a muchas familias vulnerables que, en este momento, no tienen garantizado ni una limitación de los precios que podrían llegar a pagar, por un lado, ni la garantía de no ser desahuciadas o realojadas en un nuevo hogar asequible si no pueden hacer frente a las subidas, por otro.

En el Congreso, otras formaciones como ERC (que tiene como prioridad que se apruebe una ley estatal de vivienda que ampare a la ley catalana, suspendida por la Justicia en la actualidad) o EH Bildu, esenciales para las mayorías del Gobierno, insisten en el desbloqueo de la norma. Está previsto que el denominado bloque de la investidura, junto con las organizaciones sociales y los sindicatos de inquilinos, eleven la presión sobre el PSOE en los próximos meses para que se apruebe el proyecto de ley.

Apenas queda un año de legislatura, y la ley de vivienda, que forma parte de los compromisos firmados entre Unidas Podemos y el PSOE en enero de 2020, sigue sin ser una realidad.