Ley de Seguridad Ciudadana Juristas advierten de que las enmiendas del Gobierno no derogan los aspectos más lesivos de la 'ley mordaza'

La reforma de la polémica Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, ha cobrado un nuevo impulso este miércoles en el Congreso después de que se haya cerrado, tras 40 ampliaciones y un año después, el plazo de enmiendas al articulado a la propuesta de modificación impulsada por el PNV.

En este sentido, los partidos que sostienen el Gobierno de coalición han llegado a un acuerdo para registrar conjuntamente las enmiendas al texto tras varias reuniones capitaneadas por los secretarios de Estado Rafael Simancas (PSOE) y Enrique Santiago (Unidas Podemos). No obstante, cada formación ha decidido hacer también lo propio por separado.  

Las 51 enmiendas registradas van en la línea de lo avanzado hace dos legislaturas, cuando la propuesta de reforma, también del PNV, se tramitaba en la Comisión de Interior (aunque no pudo ver la luz por el adelanto electoral). Y se han presentado, según estas formaciones, en aras de volver a garantizar el libre ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión, manifestación e información.

Unos preceptos constitucionales que han sido menoscabados tras la aplicación de una norma que el PP promulgó en solitario en 2015, coincidiendo con un momento de contestación social a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy al calor de la salida de la crisis de 2008.

Desde su puesta en marcha, tanto activistas y organizaciones del Estado como el Defensor del Pueblo y numerosos organismos internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión Europea, han denunciado las sanciones contra periodistas, activistas y artistas en aplicación de esta ley que, por otra parte, ha sembrado una suerte de autocensura entre la ciudadanía por temor a la represión administrativa.

Comunicación previa

Toda vez que PSOE y Unidas Podemos, que recogieron en el pacto de Gobierno la derogación de los aspectos más lesivos de dicha norma (una promesa reiterada también en sus programas electorales), han hecho públicas sus propuestas de mejora, los juristas consultados por este medio han lamentado la "oportunidad perdida" para abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva "realmente progresista y transformadora".

La abogada penalista Isabel Elbal ha reducido las enmiendas de los socios de la coalición a "correcciones mínimas", que "causan alarma" ante la evidencia de que esta ley "tiene vocación de permanencia", dado que el Gobierno, el más progresista de la historia, "se ha quedado corto".

En este sentido, destaca el avance que supone que se deje de considerar como infracción leve (multadas con entre 100 y 600 euros) las manifestaciones que no han sido comunicadas y que respondan a una rápida expresión en las calles ante un acontecimiento de repercusión social, como lo sucedido en las protestas tras la sentencia de La Manada de Pamplona.

Si bien, se mantiene la penalización a los promotores y organizadores por los actos que alteren el orden en dichos eventos. "Estamos penalizando al promotor por un hecho que pueda cometer un individuo del que no se tiene que responsabilizar a ningún organizador. No nos parece que responda al principio de culpabilidad, que tiene que extenderse a quien haga el acto en sí. Por lo que seguirá fomentando a quienes boicotean las manifestaciones para obstruir sus desarrollo", explica a Público.

Asimismo, Carlos Sánchez, director legal de la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), señala que las circunstancias que eximen a los organizadores de comunicar con previo aviso una manifestación deben ir más allá. "Solo deberían sancionarse aquellas concentraciones que afecten a infraestructuras críticas cuando sean no comunicadas, como un cuartel, por ejemplo", expone, sin dejar de mencionar que la ausencia de la comunicación previa fue la clave del 15-M.

Conceptos ambiguos

Elbal también critica que el texto de enmiendas siga sin especificar los conceptos ambiguos que se emplean para sancionar conductas, como el hecho de "perturbar la seguridad ciudadana". "Esta indefinición implica que la ciudadanía no sepa lo que puede o no puede hacer. Y, si no lo sabe, hay una especie de autocensura. A esto se le llama inseguridad jurídica y ante esto, la ciudadanía cree que lo mejor es quedarse en casa y no salir a protestar", clama.

En cuanto a las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, cuya prohibición no se ha llevado a cabo como estaba estipulado, aplazando esta regulación a la futura reforma de la Ley de Extranjería, tanto Isabel Elbal como Eric Sanz de Bremond, miembro de Red Jurídica (una cooperativa madrileña de abogados), han lamentado este hecho de "extrema gravedad", que sigue dejando sin derecho a una tutela judicial efectiva a este colectivo.

En un artículo de opinión publicado este miércoles en Público, Sanz de Bremond subraya que se siga manteniendo la presunción de veracidad de los agentes en los procedimientos sancionadores (no penales) a pesar de que PSOE y Unidas Podemos propongan matizarlo "siempre que resulte coherente, lógica y razonable". "Cuesta imaginar que dicho matiz suponga, de facto, el más mínimo límite a dicha presunción, que muchas veces hace inútil el plantearse recurrir", arguye este abogado.

Asimismo, hace referencia a la enmienda introducida por estos grupos para regular el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios: "Es más un compromiso que una regulación, cuando se afirma que la autoridades competentes deberán desarrollar un protocolo al respecto".

Se mantienen dos de los preceptos más utilizados

Por otro lado, el director legal de la PLI destaca las enmiendas que ha registrado Unidas Podemos por separado, ya que tienen "mayor sensibilidad social", como la que pretende proteger a las mujeres en contextos de prostitución frente a posibles sanciones o la que suprime del apartado de sanciones graves la mera tenencia de plantas de marihuana en balcones o terrazas.

No obstante, la organización de la que Carlos Sánchez forma parte ha trasladado este miércoles su preocupación a través de una carta firmada por su presidenta, Virginia Pérez Alonso, ante dos artículos que podrían mantenerse y que no se encuentran entre los que han sido revisados por el Tribunal Constitucional, que ya declaró inconstitucional el artículo 36.23 sobre la autorización para captar imágenes a la Policía.

Son los que hacen referencia a la "desobediencia a la autoridad" (art. 36.6) y a las "faltas de respeto" (art. 37.4), dos de las infracciones más utilizadas en el marco de la amplia ley mordaza. "Nos alarma que los artículos más lesivos de esta norma se puedan mantener, permitiendo que se sigan recortando derechos
fundamentales en vía administrativa en base a conceptos difusos, sin las suficientes garantías y sin la exigible intervención judicial", reza la misiva remitida al portavoz de Interior del PNV, Mikel Legarda.

"Retoques a la ley"

Con todo, Carlos Sánchez lamenta que estas enmiendas pretendan "descafeinar" la norma de seguridad ciudadana, en lugar de acometer la exigida derogación de los aspectos más lesivos. Por lo que, en palabras de Eric Sanz de Bremond, "se avanza un paso" después de "haber retrocedido dos".

Asimismo, ante el escenario de tramitación parlamentaria que se abre con el registro de las enmiendas por parte de todos los grupos y su discusión en la Comisión de Interior, Elbal se muestra pesimista en cuanto a la ambición que pueda alcanzar la modificación de la ley mordaza: "Me temo que el Gobierno ha fijado un marco y fuera de ese marco no habrá nada que nos pueda sorprender. Es un mensaje de que se no se ha podido lograr más. Es un panorama desolador. Son retoques a la ley, sin más", zanja.