Ley mordaza El Congreso desmonta el concepto de seguridad ciudadana del PP como primer paso para reformar la ley mordaza

La primera reforma de la ley de seguridad ciudadana, bautizada como “ley mordaza”, es conceptual. Los grupos han conseguido este martes consensuar una modificación en la definición de “seguridad ciudadana” que, según fuentes parlamentarias, acota el concepto, lo que de facto hace imposible sostener ciertas infracciones que actualmente se amparan bajo la protección de la seguridad de los ciudadanos.

La Comisión de Interior arrancó el trámite de ponencia de la ley mordaza con la expectativa de que el proceso sería largo y complejo, teniendo en cuenta las diferentes modificaciones que los grupos quieren hacer de una norma cuanto menos polémica. La redefinición del concepto de seguridad ciudadana, explican fuentes presentes en la comisión, “es un primer paso para realizar modificaciones concretas”, aunque admiten que, cuando llegue ese trámite y haya que abordar las reformas, habrá muchas divergencias.

En esta modificación conceptual los grupos han acordado suprimir términos como el de “paz pública”, cuya “ambigüedad”, denuncian estas mismas fuentes, crean espacios donde pueden producirse “abusos” por parte de los poderes del Estado; e incluir una definición de seguridad ciudadana que se aproxime más a “garantizar los derechos y las libertades” frente a ciertas arbitrariedades.

También han consensuado introducir en esta definición referencias a la “convivencia en el espacio público”, lo que, explican fuentes del órgano, sirve de amparo para impulsar medidas de protección y amparo del ejercicio de ciertas libertades en el uso del espacio público, como el derecho de manifestación.
En la actual redacción de la ley, la seguridad ciudadana se define como “la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”, mientras que en el texto de reforma sobre el que se trabaja, impulsado por el PNV, “tranquilidad ciudadana” aparece en el apartado de “fines” de la norma, como un bien a proteger.

Los grupos han acordado en este sentido eliminar este término debido a su “indeterminación” y a que, según fuentes defensoras de esta reforma, “permite actuaciones arbitrarias”. “La idea es que se protejan las libertades y los derechos y haya sanciones cuando exista un perjuicio claro. No podemos pretender defender los derechos de los “unos” frente a los derechos de los “otros”, sino ayudar a la convivencia. Por ejemplo, no podemos prohibir una manifestación porque moleste la supuesta tranquilidad de los vecinos. La manifestación y la reunión son derechos”, apuntan.

En su primera reunión para el trámite de la ponencia, los grupos debatieron sobre 14 de los 54 artículos que incluye la propuesta de reforma, que pretende modificar la norma que el PP aprobó en el año 2015 con toda la oposición en contra. El texto de los nacionalistas vascos ha recibido más de 200 enmiendas, y los partidos más prolíficos han sido Bildu, con 59 enmiendas, y Unidos Podemos, con 55. Aunque en esta primera reunión ha habido cierta agilidad para comenzar a elaborar la ponencia, los grupos advierten de que los trabajos se ralentizarán en próximas reuniones.

Esto se dará, explican fuentes presentes en el órgano, cuando se debatan aspectos recogidos en el capítulo tercero de la ley, que hace referencia a las “actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana”. En este apartado están presentes cuestiones como las órdenes y prohibiciones, entrada en registro y domicilio y edificios de organismos oficiales, restricción del tránsito y controles en las vías públicas, comprobaciones y registros en lugares públicos, registros corporales externos o el uso de videocámaras.

La comisión ha acordado volver a reunirse el día 12 de diciembre. Además, todos los grupos han solicitado habilitar los días 15, 16 y 17 de enero (un mes inhábil en el Congreso) para continuar con los trabajos y agilizar el trámite de ponencia para que la reforma concluya “cuanto antes”.

"Hay cosas que funcionan"

A la entrada de la comisión, el exministro de Justicia del PP Rafael Catalá ha defendido que la reforma de los conservadores en 2015 “ha hecho un buen servicio a nuestra democracia y al trabajo cotidiano de las fuerzas y cuerpos de seguridad”. “Hubo hace unas semanas unas comparecencias de expertos, de catedráticos y de representantes de la Policía y de la Guardia Civil, y nos decían que no se reformasen aquellas cosas que a ellos les permiten hacer mejor su trabajo”, ha recordado el exministro.

Catalá ha avanzado que “el trabajo del PP será defender que la ley de seguridad ciudadana de 2015 se hizo con sentido común y ahí está la experiencia de los 3 años”, aunque ha admitido que “quizá haya que mejorar algunas cosas, pero no aquellas que han demostrado que funcionan bien”.