Andalucía La ley andaluza que impulsa la educación en igualdad arranca su tramitación

"Tenemos que perseguir una generación de hombres y mujeres libres del machismo". Con estas palabras resumió esta tarde la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, el objetivo que persigue la reforma de la ley de igualdad andaluza. La norma que esta tarde inició su tramitación en el Parlamento de Andalucía —sin oposición de los grupos parlamentarios— y que el PSOE quiere tener aprobada cuanto antes, a más tardar en julio o septiembre, supondría, de aplicarse en toda su potencia, el fin de cierta impunidad machista, y le daría un fuerte impulso a una educación en igualdad que aún se discute en ciertos sectores sociales.

Si se aprueba la ley en su formulación actual, cualquiera puede dirigirse al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y presentar una queja. La Junta deberá investigar a fondo el asunto. Podrán imponerse sanciones de hasta 120.000 euros en el caso de comportamientos intimidatorios, degradantes u ofensivos que atenten contra la dignidad de una mujer. Si el IAM considera que los hechos son un delito, en lugar de la sanción, remitirá el caso a la Fiscalía. Esto supondría, de ponerse en práctica, un mayor grado de protección para las mujeres del que hasta ahora tenían y podría ser, en algunos casos, otra vía, tal vez más amable, para escapar de situaciones insoportables.

El régimen de sanciones le da más valor a las obligaciones que impone la ley a la administración, a las empresas y a los ciudadanos y, en cierto sentido, implica que la igualdad ya no dependerá de la voluntad de la gente, porque si se producen comportamientos machistas, y estos son denunciados, la Junta de Andalucía estará habilitada para sancionarlos.

Podemos e IU reprocharon al Gobierno andaluz su tardanza en traer la reforma al Parlamento, criticaron inconsistencias técnicas en el proyecto de ley, reclamaron más dinero para poder implementar la norma e instaron de manera enérgica a cumplir con ella, porque no se fían en absoluto de que se vaya a desarrollar de manera efectiva. "Esta ley lleva esperando desde 2015. Por fin ha llegado. Que en Andalucía y en el resto del país no hay igualdad no hace falta acreditarlo. No es solo el éxito de la huelga feminista. Estamos en un entorno europeo en que la prostitución, la explotación sexual de las mujeres forma parte del PIB".

Lamentablemente, ha sido una década de incumplimientos. No se ha cumplido con la ley del año 2007. El plan estratégico para la igualdad de hombres y mujeres está caducado desde 2013. Hay que aprobar un plan cada cuatro años. Y en estos años, desde que caducó, las mujeres no hemos ido hacia delante", dijo Elena Cortés (IU).

"La inclusión de un régimen sancionador me plantea problemas, seguramente no se ha hecho todo lo bien que se debía desde 2007, porque la realidad es la que es. No hace falta traer las cifras. La ley ha fallado en lo esencial y por eso hablamos de un régimen sancionador ahora. Nos vamos a la aplicación práctica. Solo hemos tenido un plan, caducado en 2013. Vamos a tomarnos la igualdad en serio y eso depende de su gobierno y no solo de lo que hagamos aquí. Esto no es un anuncio, la norma debería de estar concediendo derechos, herramientas a las mujeres", dijo la diputada Esperanza Gómez, de Podemos.

Podemos e IU reprocharon al Gobierno andaluz su tardanza en traer la reforma al Parlamento, criticaron inconsistencias técnicas en el proyecto de ley y reclamaron más dinero para poder implementar la norma

Ciudadanos y PP también criticaron la tardanza en tramitar las mejoras. La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet afirmó: "Queda muchísimo que hacer por educar en igualdad. Es verdad que la herramienta más poderosa es la educación. Existe una feminización de la pobreza. Los contratos precarios son femeninos y hay una insultante minoría de mujeres en los puestos de dirección. Cualquier paso que se dé, bienvenido sea. Peor es una reforma que viene con retraso".

Por su parte, Ana Vanesa García Jiménez, del PP, manifestó: "Por fin llega a la cámara este texto. Se lo hemos pedido en numerosísimas ocasiones. Nos regimos por calendarios electorales que es a lo que nos tiene acostumbrados la presidenta. Nos llama la atención el informe jurídico y el informe económico. Significa que este texto es un brindis al sol. Marca de la casa del PSOE. Muchos golpes de pecho, muchas palabras. Es necesario actualizar esta ley pero también creemos que es muy importante cumplir la ley. Hagamos una buena ley, útil, entre todos". Soledad Pérez, del PSOE, cerró el debate que había abierto la consejera y defendió la norma y su régimen sancionador: "Cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo".

La norma establece mejoras sobre la ley del año 2007 en los siguientes ámbitos.

En el ámbito educativo

"Tenemos la necesidad de una formación especializada. La coeducación va a marcar a niños y niñas. Solo a través de una educación en igualdad se va a alcanzar una sociedad respetuosa con la igualdad", dijo la consejera.

Cada centro docente deberá elaborar planes "que fomenten la construcción de las relaciones de mujeres y hombres sobre la base de la igualdad". Cada colegio e instituto de Andalucía contará con una persona responsable de coeducación, con formación específica, que de acuerdo con la dirección, impulsará la igualdad de género y facilitará un mayor conocimiento de la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad. Se incorporarán al aprendizaje métodos para la resolución pacífica de conflictos, la gestión de las emociones y de modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y en el respeto a la igualdad de hombres y mujeres.

La administración, a través de programas con enfoque de género, abordará los contenidos relacionados con la educación sexual y afectiva, la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. El profesorado estará obligado a poner en conocimiento de la dirección indicios o sospechas de una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna o cualquier profesional de los mismos.

"La ley ha fallado en lo esencial y por eso hablamos de un régimen sancionador ahora"

Una comisión en la que participará el Instituto Andaluz de la Mujer, junto con la consejería de Educación, vigilará el lenguaje, las imágenes y los contenidos de los materiales curriculares y los libros de texto que se utilicen en el ámbito del sistema educativo de Andalucía. La inspección educativa evaluará el cumplimiento de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Si estas medidas no se cumplen, o se produce discriminación en centros públicos, incluidos los concertados católicos, la Junta podría imponer sanciones además de obligar a su cumplimiento.

Cada universidad deberá contar con su plan de igualdad y deberá promover cátedras y unidades de igualdad de género.

En el ámbito laboral

La norma persigue combatir la brecha salarial. Se exigirán a las empresas planes de igualdad y planes para acabar con la discriminación salarial. Se promoverá la inclusión de medidas de flexibilidad horaria para facilitar la conciliación y la jornada parcial. La inspección de trabajo deberá elaborar un plan específico para acabar con la discriminación salarial y podría imponer sanciones por estos temas. La norma obligará a la Junta a no firmar convenios ni a subvencionar a empresas que discriminen. Tampoco el Servicio Andaluz de Empleo no podrá tramitar ninguna oferta de empleo discriminatoria.

En el ámbito sanitario

La norma prevé de forma genérica, que requerirán de desarrollos posteriores, el impulso de medidas que eviten los embarazos no deseados "con especial atención a las mujeres adolescentes" y la contribución "al empoderamiento en la toma de decisiones respecto a la anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo, el parto y el puerperio". Y persigue además corregir cualquier discriminación que pidieran sufrir hoy en día las mujeres lesbianas o que no tengan pareja por una orden del ministerio de sanidad dictada en 2014 que les viene a negar la reproducción asistida: "El sistema sanitario público de Andalucía garantizará el pleno derecho a las técnicas de reproducción asistida a las mujeres, independientemente de su estado civil, orientación sexual, procedencia o identidad".