Los grupos podrán enmendar los decretos-ley que traiga Pedro Sánchez al Congreso, aunque las Cortes estén disueltas. Así lo avala el informe elaborado por los servicios de la Cámara, documento que ha visto la Mesa de la Diputación Permanente este miércoles para fijar un proceso mediante el que tramitar como proyectos de ley las medidas que el Ejecutivo lleve al Parlamento en forma de decretos.

Las diputaciones permanentes de Congreso y Senado acogerán todo el procedimiento de enmiendas (que normalmente, con las Cortes en periodo de sesiones habitual, se produce en comisiones específicas para cada tipo de materia a legislar) y las mesas de estos órganos se encargarán de fijar los plazos necesarios para su tramitación.

En este sentido, explican fuentes de la Cámara, los partidos no podrán presentar enmiendas a la totalidad de devolución (para devolver el decreto al Gobierno y que pueda presentar un nuevo texto en un plazo determinado), sino que solo podrán presentar enmiendas de texto alternativo, es decir, que deben ser propositivas y fijar una redacción concreta para el decreto.

Como ya se venía haciendo con los decretos que se tramitan en el Parlamento como proyectos de ley en periodo ordinario, el proceso de enmiendas se hará de forma urgente (en plazos abreviados) y mediante lectura única, lo que ya habitualmente acorta el procedimiento para aprobar una norma. Además, la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso establecerá los plazos concretos.

También han avanzado fuentes del Congreso que el límite para que el Gobierno pueda traer decretos-ley al Parlamento se fija en la constitución de las nuevas Cortes. El decreto de convocatoria electoral establece en este sentido que la sesión de constitución del nuevo Parlamento tendrá lugar el día 21 de mayo, por lo que, de facto, la Diputación Permanente puede celebrar reuniones hasta el día anterior, el 20 de mayo.

Esto cobra relevancia porque en un principio se planteó la posibilidad de que la Diputación Permanente no pudiera convalidar decretos en plena campaña electoral (que comenzará el 12 de abril y acabará el 26 del mismo mes), pero el órgano conservará sus facultades también durante la campaña, por lo que el Ejecutivo puede presentar este tipo de disposiciones legislativas en ese tiempo.

La primera Diputación, antes del 6 de abril

Lo que no podrá hacer la Diputación, como pedían algunos grupos, es solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno o de los ministros, ya que la de control al Gobierno no es una función que pueda asumir el órgano. Algunos grupos habían planteado esta duda a los letrados. Fuentes de la presidencia de la Diputación han avanzado que se pondrán en contacto con el Ejecutivo para conocer el calendario que maneja el Consejo de Ministros para aprobar decretos y, una vez recibida esta información, se podrá establecer un calendario para fijar las reuniones de la Diputación Permanente, una potestad que corresponde en exclusiva a su presidenta, Ana Pastor.

Sin embargo, sí que hay un plazo concreto, que se fija en función de la "caducidad de los decretos". Si una norma aprobada por el Gobierno no se convalida en el Congreso al cabo de 30 días desde su promulgación, decae. Por lo que hay tres decretos (el de alquileres, el de igualdad, y el de medidas preventivas frente al Brexit) que expirarían si no se llevan al Congreso antes del 6 de abril.

La mayoría de los grupos han destacado que esta situación es "inédita", ya que nunca se ha tramitado como proyecto de ley un decreto con las Cortes disueltas, de ahí, han explicado, de acudir a los letrados de la Cámara de forma habitual en los últimos días.