¿Cómo se vería que un presidente del Gobierno en funciones nombrara a los ministros de los próximos cinco años, sabedor de que habrá otra persona al frente del Ejecutivo? Eso es lo que está ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial.

El presidente de este órgano constitucional, Carlos Lesmes, está en funciones desde hace año y medio. Pero ha decidido elegir a la cúpula del Tribunal Supremo sin esperar a la renovación del CGPJ que precisa al menos del pacto entre PSOE y PP porque requiere mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado.

En el Supremo hay cinco salas, cuyos presidentes son además miembros natos de su Sala de Gobierno. Y Lesmes y su mayoría conservadora han designado o designarán a estos cinco presidentes para los cinco próximos años sin esperar a este pacto.

De esta forma, el próximo presidente del CGPJ, que a su vez lo es del Supremo, se verá con las manos atadas durante los cinco años de su mandato dentro del poderoso órgano de gobierno del alto tribunal y en la dirección de las salas de enjuiciamiento. Esto es, en la dirección del tribunal superior de España en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social).

Sin margen para la negociación

Por no esperar, Lesmes ni siquiera ha dado un margen prudencial para que PSOE y PP acerquen posturas para alcanzar un pacto tras finalizar el confinamiento de la covid-19: el 16 de enero anunció que paralizaba este proceso para dar tiempo al pacto y lo ha retomado sin esperar siquiera al cese del estado de alarma.

Sus planes pasan por elegir en septiembre a los presidentes de las salas de lo Social y de lo Militar del Supremo por la jubilación de sus titulares. La convocatoria de estas plazas las confirmará el CGPJ en el Pleno de julio, que es el mes al que suele recurrir Lesmes para los nombramientos más sensibles. Así lo hizo para no renovar a José Manuel Sieira como presidente de la Sala Tercera, o para elegir a su jefe de gabinete Dimitri Berberoff como magistrado de dicha Sala por delante de candidatos con mayor mérito y trayectoria.

En septiembre Lesmes planea también convocar la presidencia de la Sala de lo Contencioso, cuyo presidente no se presenta a la reelección. A su vez, el CGPJ renovó el pasado octubre a Manuel Marchena al frente de la Sala de lo Penal -por mayoría de 19 votos a favor y dos abstenciones- y en febrero de 2019 a Francisco Marín Castán como presidente de la Sala de lo Civil.

Para la presidencia de la Sala de lo Social del Supremo concurren dos mujeres de sensibilidad progresista Lourdes Arastey Sahún y María Luisa Segoviano Astaburuaga. 

Ejercer el control judicial

"El pacto entre PSOE y PP parece lejano, pero las presidencias de la Salas podrían ejercerlas los magistrados más antiguos a la espera de la renovación de los 20 vocales del CGPJ", sostiene una alta fuente jurídica progresista. Desde su perspectiva, "el PP no va a aceptar la renovación por sí solo porque no tiene la mayoría política en el Congreso y se ha refugiado en su mayoría conservadora del CGPJ para ejercer un control judicial y de poder".

"Carlos Lesmes va por libre", afirma por el contrario una alta fuente jurídica conservadora, quien insiste en que no cuenta con el apoyo del PP porque allí le responsabilizan de la sentencia del caso Gürtel que tumbó al gobierno de Mariano Rajoy. "Otra cosa es que nos venga bien", admiten fuentes populares.

Los 'GAL', Botella y los fondos buitre

El presidente interino del CGPJ impulsa para los altos cargos de la cúpula judicial a magistrados de su confianza. Incluso en el Supremo tienen un sobrenombre: los GAL, el "Grupo de Amigos de Lesmes". Fueron los GAL de la Sala Primera los que dictaron recientemente un auto que impide que el Supremo aborde la venta de pisos sociales de Madrid a fondos buitre, realizada por la anterior alcaldesa Ana Botella. Entre ellos se encontraba su exjefe de gabinete Berberoff.

A pesar de estar en funciones, Lesmes ha nombrado o va a nombrar a más de la mitad de los altos cargos judiciales que debe nombrar un CGPJ cada vez que es elegido por cinco años.

En el año 2019, Lesmes y su mayoría conservadora nombraron a 46 altos cargos judiciales, la mayoría afines al presidente interino y el PP de tal manera que han condicionado la Justicia para los próximos 20 años. Ahora, ha convocado 25 plazas para renovar en septiembre.

La lejana 'ventana' de julio

Tanto PSOE como PP están muy alejados para alcanzar un acuerdo en este ámbito, según fuentes de ambas formaciones políticas. Pero el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quisiera alcanzarlo en julio. La razón: ha visto una ventana entre el fin de las elecciones vascas y gallegas y antes de las catalanas, que probablemente se convoquen en septiembre después de que el Supremo resuelva sobre la condena del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia y se convoquen las elecciones catalanas.

La ventana de julio es defendida por vocales del Consejo y altos cargos judiciales. Ni Campo ni Enrique López, el secretario de Justicia del PP, reconocen que el pacto esté próximo. Ambos mantienen una buena relación desde que fueran vocales del CGPJ, pero la desconfianza de sus máximos dirigentes - Pedro Sánchez y Pablo Casado- no permite ir más allá.

"La llamada para la renovación no se ha producido aún", aseguran fuentes de ambas formaciones políticas que remachan: "no hay otro canal abierto".