La portavoz de JxCAT en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que la investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y falsedad documental.

La diputada acudió al Supremo quince minutos de la hora fijada para su declaración y llegó a pie acompañada por sus abogados. En su comparecencia estuvo presente, además de su representante legal, la abogada del empresario y amigo de la portavoz supuestamente favorecido, Marina Roig.

Borràs apenas ha estado media hora en la sede del Supremo. A su salida ha dicho a los periodistas que no va a "colaborar con la injusticia" y que ha solicitado una prueba pericial tras la cual solicitará declarar de manera voluntaria. Además, aseguró que no piensa dimitir porque hacerlo sería tanto como admitir que había hecho las cosas mal.

Las presuntas infracciones penales por las que se le va a preguntar tienen que ver con la adjudicación supuestamente irregular de varios contratos a la empresa de un amigo de Borràs mientras era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Según la exposición razonada del juez de instrucción número 9 de Barcelona que remitió la causa al Supremo por afectar a una aforada, entre 2013 y 2017, desde la institución que dirigía Borràs se procedió, de acuerdo con Isaías Herrero, a fraccionar contratos de servicios informáticos efectivamente prestados "reflejando importes y conceptos inventados", siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros para hacer una adjudicación directa. El total adjudicado ascendió a 259.863 euros.

La portavoz de JxCAT denunció haber visto "vulnerados" sus derechos de desde el inicio de esta investigación y, por ello, se ha acogido a su derecho a no declarar, y en tanto no se haga una prueba pericial no declarará. En ese momento, anunció, "solicitaré declarar voluntariamente".

"Me veo obligada a defender mi inocencia mientras quienes quieren probar mi culpabilidad no necesitan ni tan siquiera de estas pruebas en una investigación prospectiva, que se ha hecho a una aforada de un modo secreto y de la que no tuve conocimiento, en la que se cometieron ilegalidades y que cuando llegó al Supremo, en vez de reprobar al juez incompetente que la llevó a cabo, me cita a declarar incluso sin pedir el suplicatorio", dijo Borràs.

La cara visible de JxCAT en el Congreso de los Diputados insistió en que no va a "colaborar nunca con la injusticia" pero sí "con la justicia", por lo que solicitará declarar cuando exista la prueba pericial que solicita y que tiene que ver con la comprobación de que los trabajos adjudicados se hicieron, quién los ejecutó, su precio objetivo, la periodicidad ente ellos, etc.

La diputada sostiene que los trabajos objeto de investigación se realizaron, fueron correctos y se ajustaron a los criterios de calidad y servicio público que deben regir las adjudicaciones de los contratos públicos.

Preguntada sobre si se ha planteado su dimisión, Borràs aseguró que "desde el primer momento dije que no dimitiría porque eso sería asumir una culpabilidad que no reconozco y por tanto lo que corresponde es defenderme y plantar cara" ante una investigación que, según su parecer, no tiene base alguna.

El juez instructor la había citado el pasado 14 de febrero para que prestara declaración de manera voluntaria, pero Borràs se negó a acudir argumentando que hacerlo sería tanto como "validar" la existencia de irregularidades, por lo que el Supremo tuvo que solicitar el suplicatorio al Congreso, que lo concedió el pasado 25 de junio.

La Sala II del Tribunal Supremo acordó abrir procedimiento penal a la diputada y portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya el pasado 7 de diciembre para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

La exposición razonada del juez barcelonés apuntaba la existencia de indicios delictivos, por lo que la condición de aforada de Borràs le obligaba a inhibirse en favor del Supremo para que investigara si los hechos "podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental".

El Supremo extiende su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, el empresario supuestamente beneficiado de los contratos presuntamente amañados, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada, sin perjuicio de que el instructor, a la vista del resultado de la investigación, pueda proponer a la Sala lo que considere pertinente.