Laberinto judicial del 'procés' en 2019 La "quimera" del 'procés' que cuestiona al Supremo
El histórico juicio del ‘procés’ y sus derivadas monopolizan el balance anual en los tribunales. También marcarán 2020, porque continuarán los procesos sobre las cargas del 1-0 y se resolverá el frente abierto con la inmunidad de Oriol Junqueras, entre otros muchos frentes.
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madrid,
El procés fue una “quimera”, capaz de paralizar la política de toda una comunidad autónoma, y de tener una importante réplica a nivel estatal. Esta es la definición del procés que hizo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia contra 12 políticos y líderes sociales catalanes que estaban al timón antes, durante y después del referéndum soberanista del 1 de Octubre de 2017.
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El 2019 ha estado marcado por el juicio y la posterior condena por sedición y malversación a la cúpula que lideró este proceso unilateral independentista. De febrero a junio, las miradas han estado puestas en la vista oral a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y otros ocho políticos, en su mayoría exmiembros del Govern de la Generalitat. Pero esta es sólo la punta del iceberg del laberinto judicial del procés.
El juicio, presidido por el magistrado Manuel Marchena, era la parte del león, y ha monopolizado las tertulias y páginas sobre los tribunales. Pero este laberinto es alargado, y el fallo del procés es el inicio de un camino histórico que ya se avista largo y accidentado.
El juicio contra la cúpula del independentismo
Los preparativos, la vista oral y la espera de la sentencia contra la cúpula del procés han tenido una enorme influencia en la esfera política: la onda expansiva de la sentencia marcó la campaña electoral, y hasta las negociaciones para formar gobierno, visto el papel decisivo de ERC para la investidura de Pedro Sánchez.
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Según el Supremo, los procesados no perseguían lograr la independencia por la vía unilateral, sino utilizar el 1-O para negociar con el Estado
El Supremo dio a conocer el fallo el 14 de octubre, si bien durante el fin de semana se filtró que finalmente condenaría por sedición y no por rebelión, en línea con la posición de la Abogacía del Estado, y en contra de las tesis de la Fiscalía, que sigue defendiendo la rebelión dos meses después de promulgarse la resolución.
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La Sala impuso penas de cárcel que oscilan entre 9 y 13 años -la mayor, para Junqueras, por sedición y malversación- para nueve de los doce dirigentes independentistas juzgados. Otros tres fueron condenados únicamente por desobediencia, lo que no conlleva penas de cárcel.
La sentencia, de casi 500 páginas, dedica 193 a justificar por qué el tribunal considera que en ningún momento se han vulnerado los derechos de los condenados, como alegaron sus defensas. Sostiene que hubo violencia, si bien esta no fue “instrumental, funcional y preordenada de forma directa”, requisitos para condenar por rebelión. Esgrime también que los procesados no perseguían realmente lograr la independencia por la vía unilateral, sino utilizar el 1-O para negociar con el Estado.
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Las defensas de los dirigentes catalanes presentaron a finales de diciembre sus incidentes de nulidad, para pasar a la siguiente fase: acudir al Tribunal Constitucional, y posteriormente al Tribunal de Derechos Humanos de la UE, la instancia en la que realmente tienen depositadas sus esperanzas.
El tirón de orejas por la inmunidad de Junqueras
El 2019 culminó con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha puesto contra las cuerdas al propio Supremo: la justicia europea fijó que el líder de ERC adquirió inmunidad cuando fue elegido europarlamentario el 26 de mayo, y más en concreto cuando se proclamaron las actas el 13 de junio.
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El Supremo debe interpretar ahora el alcance de esta inmunidad. Junqueras no era inmune cuando comenzó el juicio -en febrero de 2019-, mientras que la vista oral terminó precisamente el 12 de junio, un día antes de la fecha en la que debería haber adquirido la inmunidad.
Si el Supremo decide no retrotraer las actuaciones del procés a ese 26 de mayo, o bien no anula el juicio, la defensa de Junqueras ya tiene fijado su próximo paso: Estrasburgo, donde aspira a condenar a España por violación de derechos fundamentales.
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ERC ha condicionado su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a la posición que vaya a mantener la Abogacía del Estado en este procedimiento. Es más, retrasa tal apoyo hasta conocer dicha postura, en una clara maniobra para darle una visión más política si cabe a la condena del Supremo.
Torra, condenado y con otro juicio en el horizonte
Las derivadas del procés abarcan incluso al actual president de la Generalitat, Quim Torra. El 18 de noviembre, Torra fue juzgado por el Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJCat) acusado de desobediencia, al haberse negado a acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos amarillos y otros símbolos de distintas sedes de la Generalitat.
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El 19 de diciembre, Torra se convirtió en el primer president condenado en el ejercicio de sus funciones. El TJSCat le impuso un año y medio de inhabilitación por desobediencia, si bien la sentencia aún no es firme y Torra recurrirá al Supremo.
El TSJCat también estudia si vuelve a investigarle por desobediencia, en este caso en relación con el lazo amarillo que colgaba en el Palau de la Generalitat en septiembre, que acabó siendo retirado los Mossos d’Esquadra.
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Puigdemont maneja los hilos
ERC y JxCAT, las formaciones que gobiernan juntas en Catalunya, y que en los últimos años han liderado el proceso independentista, han dejado ver sus múltiples diferencias de estrategia a medida que se acercaba la sentencia del ´procés’.
El mayor exponente de estas diferencias era su forma de encarar el pleno de investidura, si bien la quiebra se ha dejado ver hasta en sus expectativas sobre si los presos del procés serían o no calificados con el segundo o con el tercer grado penitenciario.
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En un año cargado de citas electorales, Junqueras y Puigdemont han peleado, con mayor o menor discreción, por hacerse con las riendas del independentismo. El primero tutela ERC desde la cárcel de Lledoners, mientras que el segundo hace lo propio desde Bélgica, pese a que hay un president de su partido sentado en el Govern.
La euroorden, contra las cuerdas
Las consecuencias telúricas del procés alcanzan incluso a la validez de la euroorden y a su supervivencia, tras las decisiones de 2019 de Alemania y Bélgica de no entregar a Puigdemont.
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El líder de JxCat es el gran beneficiado del proceso del TJUE sobre Junqueras. Puigdemont se hace ahora con la condición de eurodiputado y puede viajar por toda Europa -incluida España-, debido a la inmunidad que le protege.
La Fiscalía ha arrancado la maquinaria y ha pedido que se mantenga la orden de detención internacional contra el expresident, y que se solicite al Parlamento Europeo el levantamiento de su inmunidad.
Con el 2019 en tiempo de descuento, Puigdemont ha solicitado al Supremo que se levante la euroorden dictada contra él, dado que goza de inmunidad.
También pide que el instructor del caso, Pablo Llarena, se aparte del procedimiento si el Supremo no archiva la causa abierta contra él. Considera que ha perdido la imparcialidad.
El Supremo investiga a Borràs
El 17 de diciembre, poco antes de que se diese a conocer la inminencia de un acuerdo de investidura con el respaldo de ERC, trascendió que el Supremo investigará a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs. Está acusada de adjudicar a dedo varios contratos a un amigo, el informático Isaías Herrero, durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
El Supremo, que ya ha advertido que la valoración penal es “muy provisional”, investigara a Borràs por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad. La investigación cifra en 260.000 la cantidad supuestamente desviada de las cuentas públicas.
Borràs es próxima a Puigdemont y sonaba como candidatable a la Presidencia de la Generalitat.
Los cuadros intermedios, al banquillo
Destacados exdirigentes del procés, algunos de ellos subordinados de los ya condenados, están siendo investigados por el TSJCat.
Es el caso de Josep María Jové -en la palestra por haber formado parte de la delegación de ERC que ha negociado el apoyo de la formación repúblicana a la investidura. Jové, hoy diputado en el Parlament, fue secretario de vicepresidencia de la Generalitat, número dos de Junqueras, y forma parte de su círculo de máxima confianza. Suya es la famosa agenda Moleskine, que contenía el listado de reuniones que mantuvo para orquestar el referéndum del 1-O. En su casa se encontró también el documento Enfocats.
Lluis Salvadó, también diputado de ERC en el Parlament y exsecretario de Hacienda, declaró como imputado ante el TSJCat por los supuestos delitos de malversación, desobediencia y revelación de secretos. La Fiscalía lo señala como el responsable de proyectar la Hacienda catalana que habría entrado en funcionamiento de haberse conseguido la independencia.
A su vez, en abril 15 exaltos cargos y técnicos del Govern fueron procesados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, acusados de malversar 4,3 millones de euros, teóricamente destinados a organizar el 1-O.
Nuet, al Supremo; la Mesa, al TSJCat
El 13 de diciembre se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) decidió elevar al Supremo la causa contra el diputado de ERC en el Congreso Joan Josep Nuet, dado su aforamiento.
En noviembre, la Sala Civil y Penal del TSJCat suspendió el juicio a la Mesa del Parlament por desobediencia, visto que Nuet logró su escaño en las elecciones generales del 10-N. No obstante, el TSJCat sí juzgará al resto de miembros de la Mesa -Lluís María Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Anna Simó-, así como a la diputada de la CUP Mireia Boya.
Los policías del 1-O dejan en evidencia a los políticos
Hay cerca de 50 policías imputados en el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona por las cargas del 1-O en distintos lugares de esta provincia.Cuatro inspectores jefe de la Policía Nacional han dejado en evidencia a los responsables de un dispositivo histórico, sobre el que supuestamente ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y ni siquiera el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tenían detalles, y sobre el que no tomaron decisiones.
Al inicio de diciembre, estos inspectores revelaron que fue el comisario jefe de la unidad de antidisturbios quien dio la orden de actuar en los centros de votación el 1-O. Sus palabras entran en contradicción con las explicaciones del responsable del dispositivo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y del entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, hoy portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía.
Los CDR y Tsunami Democrátic
Las semanas que rodean la sentencia del Supremo se han caracterizado por el protagonismo de los Comités de Defensa de la República (CDR) y de Tsunami Democrátic, que ha convocado actos de protesta por las calles.
La sentencia era la puerta que abría una fase de acciones contundentes, que fueron abortadas en la Operación Judas, con la detención de siete integrantes de los CDR.
Este caso lo investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, el mismo que ordenó el cierre de la páginas web de Tsunami Democràtic. Se investiga, además, si hay vínculos entre la inteligencia rusa y las acciones más radicales.
Cinco de los siete integrantes de los CDR que permanecían en prisión provisional desde septiembre han podido salir de prisión con fianzas de escasa cuantía (de 5.000 ó 10.000 euros), gracias al cambio de posición de la Fiscalía. Y un sexto, que manejaba en ‘laboratorios’ las sustancias para hacer explosivos, puede salir de la cárcel si deposita 10.000 euros, según acaba de acordar la Audiencia Nacional.
Este auto ha rebajado las expectativas de esta investigación abierta por supuesto terrorismo: considera que manejaban sustancias para hacer explosivos, pero no explosivos en sí. Lo firma el magistrado José Ricardo de Prada, apartado del caso Gürtel por la famosa sentencia sobre la primera época de la trama que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy.
La malversación, al Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ha citado a Puigdemont, Junqueras y los otros miembros del Govern para que den explicaciones sobre los gastos del 1-O. El Supremo condenó a 7 de los 12 dirigentes enjuiciados por sedición con malversación, y la pelota queda ahora en el tejado del Tribunal de Cuentas.
Fuentes del Tribunal explican que las partes están citadas el 28 de enero: demandantes, Sociedad Civil Catalana y Fiscalía, y demandados.
Es la forma de proceder cuando se concluye una causa: se les cita para facilitarles las conclusiones, y a partir de ahí continúa el procedimiento, que previsiblemente cristalizará en una sentencia sobre el alcance de las responsabilidades económicas de cada uno.
Decenas de recursos ante el Constitucional
El Constitucional ya rompió su unanimidad en cuestiones sobre el procés en respuesta al recurso de Junqueras sobre su permanencia en prisión provisional.
Tres de los doce magistrados de la sala emitieron voto particular para cuestionar la decisión del Supremo de mantener en la cárcel al líder de ERC cuando era candidato a las autonómicas elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, convocadas mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y tras ser elegido diputado electo.
El tribunal de garantías aún tiene sobre la mesa otros recursos de los dirigentes del proces, entre ellos sobre la prisión preventiva y sobre su suspensión como cargos electos. En última instancia, a todas luces deberá resolver recursos contra la sentencia del Tribunal Supremo.
Y esto es lo dilucidado únicamente este año. En enero arranca el juicio oral contra tres miembros de la cúpula judicial de los Mossos d’Esquadra, entre ellos el major Josep Lluís Trapero, y contra la intendente del Cuerpo Teresa Laplana, pronto se conocerá la fecha del juicio a la Mesa… Hay procés para rato.