A primera hora de la mañana de este miércoles el diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas ha presentado ante la Mesa del Congreso dos preguntas dirigidas al Gobierno para aclarar si el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que la prensa no puede informar sobre las actuaciones judiciales durante la instrucción de las causas, tal como alegó la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) en su defensa del juez Miquel Florit, imputado por prevaricación al haber ordenado la incautación de móviles de dos periodistas.

En la vista oral celebrada el pasado jueves en la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJB, el Fiscal Superior de Illes Balears, Bartomeu Barceló, desautorizó la labor periodística de los que informan sobre tribunales, apoyándose para ello en el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Barceló, actuando como Ministerio Público pero defendiendo al juez acusado, intentó convencer a la Sala de que los periodistas que informan sobre las actuaciones judiciales violan su propio código deontológico, acogiéndose al punto 2 del Capítulo III (Principios de Actuación), que reza:

"En el desempeño de sus obligaciones profesionales, el periodista deberá utilizar métodos dignos para obtener la información, lo que excluye los procedimientos ilícitos".

Por tanto, argumentó el fiscal superior, si los periodistas obtienen filtraciones sobre diligencias, autos o resoluciones judiciales y las publican, están cometiendo un acto ilícito y quedan invalidados para acogerse al derecho constitucional a difundir una información veraz. Barceló presionó en ese sentido al reportero de Tribunales del Diario de Mallorca, Kiko Mestre, quien tuvo que explicar varias veces que él no entregó "voluntariamente" su teléfono móvil y sus claves de acceso a los tres policías que se presentaron en su diario con una orden judicial, sino que no le dieron otra opción.

A raíz del artículo publicado en este diario sobre el desarrollo de aquella vista oral, el diputado Alonso-Cuevillas –quien también es un abogado de prestigio– ha presentado dos preguntas al Ejecutivo, del que depende la Fiscalía General del Estado, planteando lo siguiente:

"Según informaciones periodísticas, durante el juicio seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el Magistrado Miquel Florit por presunta vulneración del secreto profesional de periodistas que informaron sobre el llamado caso Cursach, el Fiscal Jefe de las Baleares, sostuvo durante el juicio que los periodistas que informan sobre actuaciones judiciales durante la fase de instrucción, violan su propio Código Deontológico y están, por ende, cometiendo un acto ilícito".

"¿Comparte el Gobierno el criterio de que es ilícito que la prensa informe sobre actuaciones judiciales practicadas durante la fase de instrucción o sumarial, o cree por lo contrario el Gobierno, que dichas informaciones se hallan amparadas por el secreto profesional contemplado en el artículo 20.1, letra d), de la Constitución Española?"

"¿Piensa en su caso el Gobierno interesar ante la Fiscal General del Estado algún tipo de actuación tendente a que se respete el secreto profesional periodístico en las informaciones relativas a causas judiciales, incluida la fase de instrucción?".

Este es el contenido de la primera de las dos preguntas. En la segunda, el diputado de JxC también se basa en la narración de Público sobre lo ocurrido en el juicio contra Florit –por ordenar la incautación de los móviles de Mestre y de la periodista de Europa Press Blanca Pou– para interrogar al Gobierno sobre lo siguiente:

"Según informaciones periodísticas, durante el juicio seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el Magistrado Miquel Florit por presunta vulneración del secreto profesional de periodistas que informaron sobre el llamado caso Cursach, el fiscal anticorrupción declaró como testigo vistiendo la toga oficial, con puñetas, y sentado junto al letrado de la defensa del magistrado imputado, vulnerando así la apariencia de neutralidad e imparcialidad del testigo".

"¿Puede confirmar el Gobierno la veracidad de tal hecho?".

"En caso de ser cierto tal hecho, ¿piensa el Gobierno interesar de la Fiscal General del Estado que promueva las actuaciones pertinentes, incluido si procede la apertura del correspondiente expediente disciplinario?".

En el artículo al que hace referencia el diputado se explicaba que el abogado de Mestre, Nicolás González-Cuéllar, protestó ante la Sala porque Carrau prestó testimonio "vistiendo la toga oficial de fiscal –pese a no estar actuando como tal en ese juicio, sino declarando como testigo– y luciendo sus puñetas sentado en el banco de la defensa, junto al abogado de Florit, como si participase de su equipo letrado". Y que lo hizo "pese a que durante un tiempo el propio Carrau estuvo investigado en esta misma causa (por presunta inducción a la prevaricación), ya que fue él quien incitó a Florit a dictar la resolución prevaricadora" que ha llevado al juez al banquillo.