La Justicia se vuelve a pronunciar contra la moratoria de las multas de Madrid Central de Almeida por tercera vez en una semana. "La protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos, y en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales". Así de contundente se muestra el juez Carlos Sánchez Sanz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 7 de Madrid, que ha acordado conceder la cautelar reclamada por Greenpeace.

Ante los intereses del Ejecutivo de PP y Ciudadanos de poner fin al sistema de multas que regía Madrid Central, el juez argumenta que el Ayuntamiento "no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño
mayor del que trataba de evitar".

Asimismo, el auto expone que "de no suspenderse la moratoria" de las multas, "se estarían emitiendo gases contaminantes en la zona afectada", lo cual "afectará al medio ambiente y a la salud" de las personas. "Una cosa es esperar unos días mientras la Administración presenta alegaciones y otra dejar sin efectos prácticos Madrid Central durante meses", añade el magistrado.

Por lo que se refiere a las supuestas deficiencias en el sistema de multas a las que se acoge el nuevo Ejecutivo conservador, el documento judicial expresa que "no es necesario establecer una moratoria" y se remite a la actuación de la administración anterior que, durante el periodo de incorrecciones en el sistema de sanciones, pudo dar solución a los problemas sin necesidad de paralizar Madrid Central.

"La Administración cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse en un procedimiento sancionador, mediante el archivo de los expedientes, la revisión de oficio o eventualmente la estimación de los recursos que pudieran interponerse, y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones", concluye.

Adrián Fernández, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace, "celebra" la decisión del juez, "que no es aislada, ya que es el tercer auto que confirma las medidas cautelares de las multas". El experto ve "significativo" que la Justicia ponga por encima de todo el medio ambiente y la salud, y que se tomen como referencia las advertencias del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) dentro del auto. 

"Los jueces asumen una problemática que es evidente y esperemos que todo esto sirva de guía para el resto de administraciones que se planteén tomar medidas que puedan ir en contra del medio ambiente y la salud", valora el representante de Greenpeace, organización que reclamó las medidas cautelares a la parálisis de Madrid Central. 

Tercer varapalo en una semana

El magistrado sigue así los pasos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24, que el pasado martes emitió un auto similar ante el recurso presentado por Ecologistas en Acción. En este otro documento judicial también se ponía énfasis en los beneficios de Madrid Central para el medio ambiente y la salud, y se recalcaba la falta de medidas alternativas planteadas por el Ayuntamiento conservador de PP y Ciudadanos.

Un argumento jurídico que también fue recogido por el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7, que acordó suspender la moratoria de las multas tras otro recurso presentado por el PSOE a comienzos de julio.

De esta forma, la Justicia se ha posicionado hasta en tres ocasiones a favor de mantener el sistema de multas que rige Madrid Central, la zona de bajas emisiones de la capital.