El Ministerio de Justicia está procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados (inscritos en el Registro de la Propiedad) por la Iglesia Católica y prevé, una vez finalizado, su publicación para garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la de Protección de Datos, con el objetivo de evitar 'desapariciones' como la de la iglesia de San Pablo.

Así lo señala en respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, quien ha considerado que se trata de "un paso adelante después de muchos años mareando la perdiz por parte del Gobierno de Mariano Rajoy".

El parlamentario socialista ha valorado que Justicia se haya comprometido a hacer público el listado, ya que el anterior Ejecutivo, en una repuesta al mismo diputado, en noviembre de 2017, le informó de que había pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia en virtud de la Ley Hipotecaria, "pero nada más".

Hurtado ha incidido en la importancia de que se haga público el listado, porque "es el punto de partida para poder recuperar parte de esos bienes, que, según algún representante de la Iglesia, pueden estar en torno a los 40.000 en todo el territorio nacional", aunque "se concentran más en unas provincias que en otras", lo que el diputado achaca a la mayor o menor "permisividad de los notarios".

Una vez conocidos los bienes inmatriculados, instituciones y particulares que consideren que alguno de ellos es de su propiedad y han sido "indebidamente" registrados por la Iglesia podrán reclamar por la vía judicial, ha señalado.

Hurtado ha considerado que la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP que daba a la Iglesia la potestad de actuar como una institución pública "ha significado una enorme capitalización" de ésta, a espaldas de todos y con una opacidad escandalosa", unida a "una avidez impropia de la Iglesia".

Esa reforma posibilitaba a la Iglesia inmatricular los bienes "sin acreditar que eran de su propiedad, en muchos casos" y, a veces, se trataba de bienes de dominio público, como la Plaza del Triunfo, cercana a la Mezquita de Córdoba, que "está en estos momentos a nombre de la Iglesia".

Asimismo, los obispos españoles han mostrado su conformidad con que el Gobierno publique el listado de bienes registrados por la Iglesia católica "siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación" y han matizado que ellos no disponen de esos datos.

El responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, ha recordado que 23.000 parroquias y varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta finales de los años 90. "En muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos", ha asegurado.

Además, ha considerado que el proceso de inmatriculación por certificación (procedimiento por el que las administraciones públicas territoriales y la Iglesia católica pueden inmatricular sus fincas y acceder a la condición de titular registral) "no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien".