La justicia estrecha el cerco sobre 'El Algarrobico gallego'

“Somos un balcón abierto sobre el océano Atlántico, con el mar como protagonista de un espectáculo del que podrás disfrutar con todas las comodidades, sin preocuparte de nada más, sumergido en sus piscinas de agua de mar mientras contemplas las vistas despejadas de la costa”.

Así se promociona Talaso Atlántico, un impresionante complejo hotelero de cuatro estrellas con instalaciones para talasoterapia construido a escasos 100 metros del mar en el municipio pontevedrés de Santa María de Oia, a unos 50 kilómetros de Vigo. La referencia no tendría nada de particular en cualquier buscador de hoteles, si no fuera porque en el año 2009 pese sobre el balneario una sentencia firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula las licencias municipales que permitieron su construcción, con la consiguiente orden judicial de derribo.
Diez años después, el hotel sigue en su sitio. Desde hace años hay quien lo apoda como El Algarrobico gallego, por las semejanzas del caso con las del hotel El Algarrobico, construido ilegalmente frente al mar en la playa del mismo nombre en el municipio almeriense de Carboneras.

A diferencia de El Algarrobico, que nunca llegó a abrirse, Talaso Atlántico sigue funcionando desde su inauguración en el 2003, ofreciendo habitaciones con espléndidas vistas sobre el Atlántico en un hermoso entorno de naturaleza costera salvaje a precios de entre 53 y 396 euros.

Aunque la justicia sigue estrechándole el cerco. No sólo sobre Balneario del Atlántico SL, la empresa propietaria, y sus setenta trabajadores, sino también sobre el Ayuntamiento y su máxima responsable. La magistrada del juzgado de lo Contencioso admnistrativo número 3 de Pontevedra acaba de imponer 1.500 euros de multa a la alcaldesa de Oia, Cristina Correa (PP), por la “absoluta desidia” del Ayuntamiento a la hora de cumplir con la orden de derribo –en el 2013 ya dio un ultimátum para que se ejecutase ese mismo año-.

Sucede que Correa lleva apenas año y medio en su cargo, al que accedió mediante una moción de censura que desalojó a la anterior regidora, la socialista Rosa Otero, que a su vez había sucedido a otro alcalde conservador tras las municipales del 2015.

Los problemas de Talaso Atlántico se iniciaron antes incluso de su apertura, cuando un particular denunció que las licencias otorgadas por el entonces alcalde, Álvaro Miniño -ya fallecido y quien gobernó Oia desde las primeras elecciones democráticas bajo las siglas de AP y luego del PP-, incumplían la legalidad urbanística, por un defecto de forma en la ordenanza municipal que debía ajustarla al proyecto de levantar el hotel en suelo rústico y a un centenar de metros de la costa.

La batalla fue larga, e incluso se desplegó en varias derivadas de calado político. Una de ellas, porque el abogado defensor de la empresa, José Luis Narbón García, fue nombrado en el 2009 por la Xunta de Alberto Núñez Feijóo asesor de la Comisión de Urbanismo de Galicia por el entones conselleiro de Ordenación del Territorio, Agustín Hernández, hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santiago. Es decir, que por un lado asesoraba a quienes se supone que debían hacer cumplir la ley, y por otro defendía los intereses de quienes regentaban un negocio que se beneficiaba, según la justicia, de su incumplimiento.

También se levantó un escándalo cuando se supo que la propia Xunta, sobre quien recaen las máximas competencias urbanísticas de la comunidad, había subvencionado a Balneario del Atlántico con más 12.000 euros, buena parte de ellos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través del Instituto Galego de Promoción Económica. Las ayudas del Gobierno de Feijóo se concedieron en el 2012, es decir tres años después de que la sentencia del TSXG confirmara, sin posibilidad de apelación, que el hotel se había construido contra derecho.

La empresa, sin embargo, se considera perjudicada porque, aunque ha sido denunciada también por verter aguas fecales al mar, durante el procedimiento administrativo para obtener las licencias municipales no cometió ninguna irregularidad que haya sido demostrada. Y fuentes de la compañía consultadas por Público aseguraron que a estas alturas prefieren no pronunciarse sobre la situación: “Bastante daño en nuestra imagen hemos sufrido ya”, alegan. Los trabajadores, con sus empleos en vilo desde hace lustros, piensan lo mismo: “¿Nadie ha pensado que de este hotel dependen setenta familias?”, se pregunta uno de ellos.

Durante la tramitación de todo el procedimiento judicial, un estudio económico evaluó en más de 17 millones de euros la cantidad que la compañía hotelera podría reclamar al Ayuntamiento por daños, perjuicios y lucro cesante si el hotel acaba siendo finalmente derribado. Y eso sin contar los millonarios costes de demolición, desescombrado y limpieza que acarrearía dinamitar una instalación de unos 10.000 metros cuadrados para devolver la situación a la legalidad y recuperar así el paisaje costero natural de la localidad. Pero Oia es un municipio de 3.000 habitantes con un presupuesto anual de poco más de 1,5 millones de euros.

La jueza de lo Contencioso-Administrativo ha amenazado a la alcaldesa con nuevas multas de carácter personal –recaerían sobre su patrimonio y no sobre las arcas municipales- si no le informa detallada y periódicamente sobre las decisiones que tome en el futuro inmediato para derribar el hotel. Público intentó este martes sin éxito recabar la versión de Correa. Tampoco obtuvo la de Gerardo Rodríguez Refojos, ex teniente de alcalde, portavoz local del PSOE y líder de la oposición, pero no obtuvo respuesta.