Los juristas del Parlamento creen que no hay mimbres para echar a Rodríguez y los partidos se dan otra semana para decidir

El Parlamento de Andalucía sigue sin tomar, tres semanas después, aún una decisión al respecto de la petición de expulsión de Teresa Rodríguez y otros diputados del grupo Adelante Andalucía que IU y Podemos vienen reclamando a través de la portavoz, Inma Nieto (IU).

En una reunión de la Mesa de la Cámara, en la que Adelante tiene voz, pero no voto, los representantes de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox acordaron por unanimidad despejar el asunto una semana más y se emplazaron a la próxima Mesa para resolver, según indicaron a Público fuentes parlamentarias.

De este modo, los partidos se dan tiempo para estudiar un informe jurídico encargado por el letrado mayor de la Cámara, Ángel Marrero, y elaborado por su adjunta, la letrada Carmen Noguerol, en el que se defiende la tesis de que "en el Parlamento de Andalucía […] la baja en el partido político no implica automáticamente la baja en el respectivo grupo parlamentario", porque eso violaría los derechos constitucionales de los diputados.

Traducido: los juristas de la Cámara consideran que no existen los mimbres para la expulsión de Rodríguez y los suyos. Eso sí, la letrada puntualiza que "su contenido se encuentra condicionado por el escaso tiempo de que se ha dispuesto para elaborarlo". El informe no es vinculante, por lo que la Mesa es soberana para decidir. PSOE, PP y Ciudadanos tienen dos representantes, mientras que Vox tiene uno. 

"Lo que se acaba de exponer –añade la letrada– no significa que en el Parlamento de Andalucía los diputados no puedan causar baja en su grupo por razones de transfuguismo político, pero ello solo será posible si así resulta de las normas internas por las que este se rija o las que aquello se hayan sometido libremente".

El informe jurídico –que cita jurisprudencia del Supremo de los años 90 y un precedente en el parlamento de Navarra, que se resolvió de manera favorable a quienes allí defendían tesis similares a las de Rodríguez, es decir, que debía producirse una reunión previa del grupo parlamentario en la que se acordase la expulsión, cosa que en este caso no se produjo– constata que en el reglamento del Parlamento "no existe ninguna norma […] que declare que la baja en el partido político implique la baja en el grupo".

Fuentes de Podemos indicaron a Público, tras conocer la decisión de la Mesa: "Estamos convencidos de que la decisión se pospone justo por la poca contundencia del informe, informe además que no firma el letrado mayor, según lo que hemos podido valorar, presenta elementos desactualizados y sobre una legislación obsoleta no teniendo en cuenta la legislación actual. Decir que los grupos son autónomos de los partidos y que se autorregulan es anteponer la burocracia a la democracia".

Grupos parlamentarios y portavoces

Ante el vacío normativo, Noguerol razona que la "autonomía" de los grupos parlamentarios "para regular su organización y funcionamiento es un hecho que no se discute". "Ello es así –prosigue la letrada– porque "la realidad demuestra que en la práctica los grupos son agrupaciones voluntarias de diputados cuya naturaleza, sin perjuicio de las funciones públicas que tienen asignadas, […], resulta muy cercana a la de cualquier asociación".

Así, la letrada añade: "Atendiendo a esta consideración, quien emite este informe considera que […] la baja en el grupo parlamentario queda sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en sus normas internas de funcionamiento, a las que corresponde igualmente la determinación del procedimiento a seguir y de la competencia para adoptar el correspondiente acuerdo".

Luego, continúa con su razonamiento: "Esta potestad de autoorganización del grupo hace que el control de la Mesa del Parlamento sobre el acto por el que se acuerda la baja […] debe quedar limitado a comprobar que la baja ha sido acordada por el órgano competente".

Esto, sin embargo, "no significa" para la letrada, "que la baja del diputado pueda acreditarse, sin más, ante los órganos de la Cámara a través de la mera comunicación efectuada por el portavoz del grupo. Ello se debe a que el portavoz es un mero representante del colectivo de diputados que integran el grupo".

En otro punto del informe apunta que no "existe en el reglamento ningún precepto que atribuya al portavoz del grupo la competencia para acordar la baja de los miembros del mismo" y añade: "Con carácter general, las funciones [del portavoz] son de representación".

Así, con estos argumentos, la letrada Noguerol se distancia de alguna interpretación doctrinal que ha considerado, según recoge en su informe, que, "en los casos de expulsión del diputado, la Mesa de la Cámara se debe limitar a tomar razón de la comunicación del portavoz del grupo, dando por bueno el contenido de la misma".

Por el contrario, en el informe la letrada afirma: "La mera baja en un partido político no puede determinar, sin más, la baja en el Grupo Parlamentario, ya que ambos son realidades distintas". 

Este es el tercer capítulo de un asunto que lleva camino de convertirse en un auténtico vodevil político. Primero, PP, Vox y PSOE votaron que se la echase, mientras Ciudadanos se abstuvo.

Una semana después, PP y Ciudadanos rectificaron y devolvieron a los diputados al grupo parlamentario a la espera de un informe jurídico y de que Inma Nieto (IU), la portavoz de Adelante Andalucía que había iniciado el proceso de expulsión, entregase la documentación que acreditase lo siguiente: "La baja en el grupo parlamentario como consecuencia de haber causado baja en su formación".

Ahora, tras el informe de los juristas de la Cámara, los partidos se han dado otra semana más para decidir.

Decisión definitiva

Después de la decisión, Podemos envió un comunicado a los medios en el que criticaban, "desde el máximo respeto al trabajo realizado por los juristas del Parlamento", el informe de la letrada, porque muestra elementos desactualizados y dictamina a partir de una legislación obsoleta que no tiene en cuenta la jurisprudencia desarrollada en los últimos 15 años". 

El partido, "al objeto de que se tengan en cuenta todos los elementos aportados por la parte perjudicada así como la legislación y los elementos jurisprudenciales de los últimos años en la lucha en contra del transfuguismo, apoya el aplazamiento de una decisión definitiva que se habría tomado sin los elementos de juicio necesarios en un caso como este".

El partido "confía en una resolución adecuada del evidente caso de transfuguismo político: "Tras ser elegidos en las primarias de Podemos y ocupar unas posiciones en las listas y unas actas correspondientes a esta formación, se desvinculan de la misma y utilizan sus recursos para crear otro partido". 

Así, Podemos Andalucía considera "inconcebible desvincular los grupos parlamentarios de las fuerzas políticas que los componen ya que minaría los pilares del sistema democrático a partir del principio constitucional de la representatividad de las fuerzas políticas a nivel parlamentario". "Andalucía y el pueblo andaluz se merecen unas instituciones de primera. Por ello Podemos insta a las fuerzas políticas a anteponer la calidad democrática de nuestras instituciones estatutarias a los intereses partidistas y al cortoplacismo", escribe Podemos en el comunicado.