Jurisdicción universal o 'ley mordaza': las medidas sobre Justicia que navegan en el Congreso más allá del pacto por el CGPJ

Partido Socialista y Partido Popular sellaron, el 25 de junio, un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de bloqueo y para reformar algunos aspectos del Poder Judicial. Esa serie de modificaciones se han vehiculado a través de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y de la ley por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Congreso la aprobó el el 23 de julio y el Senado la ratificó.

Sin embargo, hay otra veintena de iniciativas legislativas en materia de justicia ―a propuesta del Gobierno o de distintas formaciones― que navegan en distintos tramos de la tramitación parlamentaria y que, casi con total seguridad, no se retomarán hasta después de verano, con la excepción, eso sí, de las que tienen que ver con el paquete de medidas de regeneración democrática que esbozó Pedro Sánchez el pasado 17 de julio ―como la ley mordaza―, que se empezaron a mover ya durante el mes de julio con reuniones entre el Gobierno de coalición y los grupos parlamentarios. El diálogo sigue en marcha.

Iniciativas del Gobierno en materia de justicia

Más allá de las distintas iniciativas de los grupos parlamentarios, el propio Ejecutivo ha introducido en estos primeros compases de legislatura varias iniciativas para la "transformación de la Justicia" ―tal y como se refiere a ello el ministerio que lidera Félix Bolaños―, además del ya mencionado pacto con el PP. Destacan por encima del resto la Ley Orgánica del Derecho de Defensa y la Ley Orgánica de Eficiencia. 

La primera aspira a una regulación del derecho a la defensa y de asistencia letrada en todos los procedimientos "incluidos los extrajudiciales", puntualizan desde el ministerio. Con ello, se garantizaría el derecho que otorga la Constitución Española a todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. En este caso, el Congreso ha dado su visto bueno y la iniciativa ha pasado ya al Senado. 

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que tiene como objetivo convertir en más "ágil" el sistema, en palabras de Bolaños, superó una enmienda a la totalidad del PP y continúa su camino en la comisión de Justicia de la Cámara Baja. En este caso, varios de los aliados han expresado preocupación por algunos puntos del articulado, por lo que parece posible que la negociación se traduzca en algún cambio en el texto. 

También en la comisión de Justicia se encuentra la reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea (UE). En este caso, se trata de un movimiento legislativo para adecuar la ley a la normativa europea. El objetivo es facilitar el intercambio de antecedentes penales entre Estados miembros de la UE.

El pacto PP-PSOE por el Poder Judicial deja tocadas varias iniciativas

Sumar abrió una gran carpeta en el Congreso al registrar una iniciativa para democratizar el acceso a la carrera judicial, pero se trata de un impulso que ha quedado muy tocado tras el pacto de PP y PSOE para reformar del Poder Judicial, que especifica que "se mantiene el sistema actual de acceso a la carrera judicial". Antes, en cualquier caso, Sumar ya había propuesto una proposición no de ley (PNL) para estudiar precisamente una especie de MIR judicial. 

Igual de tocada queda la proposición de ley que registró Podemos para modificar el sistema de elección de vocales del CGPJ con la que quieren rebajar la mayoría necesaria (de tres quintos a mayoría absoluta) y así evitar tener que contar de forma obligatoria con los votos del PP. Los morados llegaron, incluso, a presentar una enmienda de totalidad con texto alternativo a la proposición de ley que emanó del pacto entre populares y socialistas, pero se rechazó. 

La recuperación de la jurisdicción universal

El Congreso también tomó en consideración una proposición de ley del Grupo Plurinacional de Sumar para recuperar la jurisdicción universal en España y habilitar a los tribunales españoles para que puedan perseguir graves crímenes y violaciones de los derechos humanos más allá del territorio nacional. Por el momento, la iniciativa se encuentra inmersa en la fase de enmiendas. Al inicio de la legislatura, el PNV registró una propuesta en el mismo sentido.

Sumar, además, llevó a la Cámara una proposición de ley para crear una Oficina de prevención de la corrupción, cuyo debate de toma en consideración todavía debe producirse en el Congreso, y una reforma del Código Penal que propone derogar delitos vigentes como la ofensa a sentimientos religiosos, la ofensa a España, el enaltecimiento del terrorismo o las injurias contra la Corona o el Gobierno.

¿Derogación de la 'ley mordaza'?

Esas últimas son unas medidas que, de hecho, quedan recogidas en el acuerdo que han alcanzado PSOE y Sumar en el paquete de regeneración democrática que desgranó Pedro Sánchez el miércoles 17 de julio. 

En cualquier caso, por el momento, lo único que está claro en cuanto a la reforma de la ley de protección de la seguridad ciudadana (ley mordaza) es que se modificará una parte del artículo 36. Además, también han acordado ya PSOE y Sumar la eliminación del Código Penal los delitos de injurias antes mencionados y otro cambio legal para reparar la imagen de las personas imputadas que no terminen en juicio. El alcance final que termine teniendo el conjunto de reformas esbozadas lo decidirá la negociación con las fuerzas parlamentarias.

Lo cierto es que, hasta este momento, ya existían dos proposiciones de ley ―una de Podemos y otra de Sumar― para reformar la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Tras el anuncio de Díaz, está por ver si el Gobierno aprovecha la propuesta de Sumar ya registrada en la Cámara Baja para aplicar los cambios anunciados o si registra una nueva. 

Partido Popular, Vox, Junts o PNV

La comisión de Justicia del Congreso también está tramitando una iniciativa del Partido Popular para modificar el Código Penal, en este caso, para endurecer las penas por delitos de hurto y estafa. Antes, Junts per Catalunya ya había registrado una similar para penar más duramente los hurtos de móviles y otros dispositivos electrónicos. Es de esperar que, al haber prosperado la toma en consideración de la del PP, los de Carles Puigdemont se den por satisfechos y trabajen sobre el texto de los populares en el período de enmiendas.

Los de Feijóo también sacaron adelante en el Senado y, por lo tanto, mandaron al Congreso varias iniciativas sobre justicia. Entre ellas, una propuesta  ampliar la prisión permanente revisable (mediante reforma del Código Penal) y otra para centralizar en la Audiencia Nacional los delitos de narcotráfico.

También registradas, aunque, por el momento, no tomadas en consideración, hay dos iniciativas de Vox en materia de justicia. Por una parte, la formación de extrema derecha quiere ampliar a un año las prórrogas de instrucción de procesos penales para evitar que se archiven mediante una modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otra, los de Abascal también presentaron una iniciativa para reformar el régimen jurídico de nacionalidad y elevar a 15 años el tiempo necesario para obtenerla. Es muy improbable que ninguna de las dos medidas superen el trámite de la toma en consideración.