Junts se decanta por rectificar el rechazo a la amnistía después de abrirse otro frente interno en el partido

A tres días de que la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya vuelva a iniciar los trabajos en la Comisión de Justícia del Congreso de los Diputados se mantiene la incógnita de cuál es el futuro de esta decisiva ley después del rechazo que Junts impuso a cerrar la primera fase de tramitación en el Congreso con su voto contrario el pasado 30 de enero.

Con todo, en Junts coge peso la idea de que el partido de Puigdemont no puede permitirse tumbar definitivamente la ley de amnistía y que hace falta buscar una solución con el PSOE para salir del atolladero donde se han metido. Dirigentes de peso avalan esta opción aunque no se pueda dar garantías totales a todos los encausados del Procés, entre ellos el propio Carles Puigdemont.

Junts y el PSOE mantienen intensas negociaciones para reconducir la situación pero, según fuentes de la misma, la parte socialista ya ha cerrado la puerta a aprobar cualquier enmienda que suponga cambios o la supresión del apartado de terrorismo de la ley de amnistía.

"Debemos encontrar una solución que pueda servir para desencallar la situación y permita continuar con una tramitación de la ley de amnistía que no se debió paralizar", asegura una fuente socialista que añade: "Hay margen para la mejora pero hay que actuar con sensatez para que la ley no solo avance sino que sea viable —en referencia a su constitucionalidad—". "Mejoras" que desde la negociación definen como "creativas".

La pista de aterrizaje

Según las mismas fuentes, las opciones que se barajan para poder desencallar el lío parlamentario en que el rechazo de Junts ha metido la ley de amnistía, lo que en ámbitos políticos llaman "la pista de aterrizaje que el PSOE puede dar a Junts", son dos: retoques "puramente técnicos" en el apartado relativo a la alta traición —el otro delito con que el juez Aguirre, del caso Volhov, intenta torpedear la amnistía—.

Y por otra parte, implementar cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal pero descartando que haya modificaciones sobre terrorismo en el Código Penal. Unas modificaciones que Junts había planteado y que ERC está dispuesto a valorar, pero siempre después de la aprobación de la ley de amnistía.

Así, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha planteado este lunes la posibilidad de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para conseguir el 'sí' de Junts en la ley de amnistía.

En una entrevista en La Sexta y preguntado por esta posibilidad, Sánchez ha recordado que hay instrucciones judiciales "que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión", y por tanto "hay elementos de mejora que podemos incorporar" que "evidentemente pueden resolver algunas dudas que puedan tener estas formaciones políticas", en referencia a las fuerzas independentistas.

En cambio, Sánchez ha insistido en que el texto de la ley de amnistía que existe en estos momentos en el Congreso ya es plenamente "constitucional" y cubre todo el independentismo. "Todos los independentistas encausados, sean gente de a pie o líderes independentistas, estarán incluidos en la amnistía", ha dicho.

"Hablaremos con los grupos parlamentarios para ver qué margen de mejora" hay, ha dicho antes de insistir en que el terrorismo no tiene "nada que ver" con los hechos ocurridos durante el proceso independentista. "Creo que no hay que banalizar ni manipular el terrorismo, que es lo que ha hecho el PP".

La negociación entre Junts y el PSOE continúa en esta línea, pero todo apunta a que Junts deberá escoger entre dar vía libre a un texto que no tendrá prácticamente modificaciones respecto al del día 30 o rechazar del todo la amnistía. Y aceptar algunas mejoras colaterales como una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que de menos margen de maniobra a los jueces en la instrucción de las causas.

Fuentes de Junts aseguran que "hay que continuar negociando" pero añaden que "la amnistía debe ser posible". En principio, se habló de un retraso de 15 días en la tramitación de la ley de amnistía con el rechazo temporal de Junts, pero algunas fuentes auguran que la nueva votación en el Congreso para permitir el paso al Senado se puede posponer más de un mes por la paralización de la actividad parlamentaria que conllevan las elecciones gallegas.

Las discrepancias internas en Junts crecen

Que algunos pesos pesados de Junts apuesten por la vía de retornar al terreno de juego y continuar jugando, a pesar de saber que algunos de los árbitros no son imparciales, no quiere decir que haya un cierre de filas en Junts al respecto.

El rechazo provisional a la ley de amnistía ha abierto otro frente divisivo en el seno del partido entre los que consideran que hay que garantizar que la ley se pueda aprobar y los que apuestan por exigir una ley con garantías totales, incluso con el peligro de la declaración de inconstitucionalidad.

Una nueva fractura interna que se suma al malestar del sector que lidera la presidenta, Laura Borràs, por el cambio de estrategia que supusieron los acuerdos con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, o la polémica por las denuncias de diputadas afines de acoso machista por parte de miembros del grupo parlamentario.

Sobre el rechazo provisional a la ley de amnistía la presidenta del partido, Laura Borràs, lidera los apoyos al portazo que de momento dio Junts el día 30 de enero a la ley de amnistía. Un liderazgo crítico que se suma a otros frentes y amplía la grieta entre la presidenta y sus afines y el llamado sector pragmático. Con el secretario general, Jordi Turull, haciendo equilibrios para que el partido no se rompa.

Borràs, antes inconstitucional que incompleta

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha afirmado que prefiere el "riesgo" que en un momento determinado la ley de amnistía se considere inconstitucional que dejar a gente "abandonada".

Declaraciones realizadas en una entrevista en Ser Catalunya en las que Borràs rechazó que la amnistía sea un "indulto premium" y en que aseguró que Junts quiere salvar a todo el mundo. "No nos sentimos legitimados para decidir quién entra y quién no entra en la amnistía", añadió.

Por su parte, las discrepancias de miembros del sector llamado "pragmático" de Junts se cobraron ya la semana pasada la baja del partido del exconseller de Interior Miquel Sàmper. El dirigente justificó su baja del partido de Puigdemont como el paso "más coherente y congruente" ante las discrepancias con la actual estrategia del partido. "Es lo más correcto, porque los caminos transitaban de forma muy diferente y hacían mi subsistencia aquí dentro de muy incómoda", aseguró Sàmper.

El exconseller de Interior no ha querido entrar en una crítica directa sobre la posición de su ya expartido en la tramitación de la ley de amnistía. Con el ánimo de ser "constructivo" se ha limitado a decir que "ojalá salga bien y se mejore la ley". Sin embargo, ha admitido que "no tenía fuerzas ni ganas de cambiar nada desde dentro".

Ahora bien, no se puede olvidar que Sàmper es también el abogado del exconseller exiliado Lluís Puig, y cogió la causa después de que Puig abandonara la defensa por parte del equipo de Gonzalo Boye.

Discrepancias políticas pero también de estrategia jurídica

Algunas fuentes de Junts indican que no solo estamos frente a discrepancias políticas internas sino que cada vez hay más diferencias en la visión sobre la estrategia jurídica que mantiene el equipo de Boye y otros juristas relacionados con Junts, como es el caso de Sàmper.

Estas mismas fuentes critican que las directrices jurídicas del equipo de Boye "acaban teniendo un peso excesivo sobre las decisiones políticas", insinuando que este hecho habría pesado en la decisión del rechazo a la ley de amnistía que consideran "un error político".

Sàmper dejó clara su posición: "En política hay que ser coherente y, cuando alguien no está a gusto en alguna parte, lo más prudente y sensato es no estar". Las discrepancias entre los dos sectores van más allá de la ley de amnistía y abarcan el conjunto de la estrategia negociadora de Junts en el Congreso de los Diputados.

La reincorporación de Junts a la negociación de la gobernabilidad del Estado con la investidura de Pedro Sánchez ha recuperado foco mediático y protagonismo para el partido, después de cuatro años prácticamente fuera de juego. Pero algunos dirigentes se muestran incómodos con la estrategia negociadora que consideran va demasiado al límite, con ejemplos como la tramitación de la ley de amnistía o la polémica con los decretos del Gobierno español.

"Debemos ser exigentes después de cuatro años en que Esquerra ha negociado a cambio de casi nada, pero a la vez debemos generar una línea de confianza negociadora y debemos ser previsibles y no dar volantazos continuamente", asegura un miembro de Junts que añade "una cosa es la firmeza y otra la inflexibilidad". 

"No es solo una pugna con el PSOE, la estrategia de tensionamiento extremo en la negociación nos está distanciando de otros grupos de la mayoría de la investidura", asegura esta fuente, seguramente refiriéndose a formaciones aliadas de Junts como el PNV.

Esquerra insiste en aprobar la amnistía cuanto antes

Por su parte, Esquerra Republicana insiste en "la necesidad de disponer de la ley de amnistía" porque la considera "una herramienta imprescindible en la lucha contra la represión". Por ello, los republicanos interpelan al resto de formaciones políticas "para hacerlo posible lo antes posible", después de haber trabajado "un texto robusto y que beneficiará a todas las personas represaliadas en torno a las consultas del 9-N, la organización del referéndum del 1-O o las protestas contra la sentencia", en palabras de la portavoz, Raquel Sans.

Sans considera "totalmente necesario que la amnistía prospere y salga adelante", en lugar de "dar a los jueces que prevarican lo que quieren". La portavoz republicana lo considera imprescindible para acabar con la etapa represiva, aunque se muestra consciente que "la represión no finalizará totalmente con la ley de amnistía porque ningún texto jurídico puede frenar la inventiva jurídica de algunos jueces".

Pero una vez aprobada la ley de amnistía, "la resolución del conflicto podrá entrar en la segunda fase, que pasa por la celebración de un nuevo referéndum con garantías y reconocimiento internacional", asegura Sans.

Por eso, Sans ha hecho un llamamiento al resto de partidos políticos que conformaron el amplio consenso en torno a la amnistía para que se pueda aprobar con la máxima urgencia. "El tiempo cuenta; muchas personas se juegan mucho", ha reiterado Sans.